Predicar en el desierto

En el proceso de inicial puesta en marcha del edificio constitucional tras la aprobaci¨®n de la Constituci¨®n en 1978 el legislador fue muy consciente del lugar tan destacado que ocupan los municipios en la configuraci¨®n de una aut¨¦ntica democracia. Pero tambi¨¦n fue muy consciente de que, de los tres niveles de gobierno, el estatal, el auton¨®mico y el municipal, este ¨²ltimo era el m¨¢s f¨¢cilmente desvirtuable. De ah¨ª que en la primera legislaci¨®n electoral de desarrollo de la Constituci¨®n se estableciera una suerte de mandato imperativo para los concejales, de manera que el militante de partido que era elegido concejal en la lista del partido al que pertenec¨ªa, perd¨ªa la condici¨®n de concejal si dejaba de ser militante por voluntad propia o porque fuera expulsado. El ciudadano que figurara en la lista como independiente no perd¨ªa la condici¨®n de concejal.

El primer legislador fue muy consciente de que el fen¨®meno que se ha acabado denominando transfuguismo pod¨ªa convertirse en una amenaza para la democracia y en un instrumento a trav¨¦s del cual avanzara la corrupci¨®n, es decir, la privatizaci¨®n del poder, la subordinaci¨®n del ejercicio del poder democr¨¢tico a intereses particulares. De ah¨ª la inclusi¨®n de esa cautela.

Desgraciadamente, el Tribunal Constitucional declar¨® anticonstitucional la inclusi¨®n de esa cautela, haciendo imposible que un candidato elegido en una lista pueda perder la condici¨®n de concejal, independientemente de cual sea su conducta pol¨ªtica posterior a su elecci¨®n. La sentencia del Tribunal Constitucional no fue aprobada por unanimidad, ya que algunos magistrados consideraron que la cautela del legislador era m¨¢s que razonable. Pero la mayor¨ªa no lo pens¨® as¨ª y, en consecuencia, la democracia municipal espa?ola se ha construido sin esa garant¨ªa antitransfuguista.

A estas alturas del gui¨®n, no creo que quepan muchas dudas de que el primer legislador espa?ol fue mucho m¨¢s sabio que el Tribunal Constitucional y que su conocimiento de la condici¨®n humana, por un lado, y de las condiciones en las que se tiene que ejercer el poder en miles de municipios, que toman adem¨¢s decisiones que pueden afectar directamente al patrimonio de los ciudadanos, por otro, era muy superior al que dej¨® traslucir la sentencia del m¨¢ximo int¨¦rprete de la Constituci¨®n.

No todos, pero s¨ª muchos de los casos de transfuguismo de los que hemos tenido conocimiento de manera ininterrumpida y seguiremos teniendo en el futuro, nos lo hubi¨¦ramos ahorrado. Nos hubi¨¦ramos ahorrado con ello avances significativos en la corrupci¨®n y hubi¨¦ramos evitado una erosi¨®n considerable en el prestigio de la pol¨ªtica.

El suced¨¢neo que se ha intentado poner en marcha, el llamado pacto antitransfuguista suscrito por los partidos pol¨ªticos, est¨¢ claro que no ha dado los resultados que se esperaban. Y tal como est¨¢ el patio, no cabe esperar que pueda darlo en el futuro en el que es posible hacer predicciones.

El ¨²nico pacto antitransfuguista que podr¨ªa tener credibilidad ser¨ªa un pacto que se tradujera en una reforma de la Constituci¨®n, a fin de incluir en el texto constitucional la cautela que introdujo el legislador y que fue declarada anticonstitucional por el Tribunal Constitucional. ?nicamente el PSOE y el PP pueden bloquear la reforma de la Constituci¨®n, lo que a su vez quiere decir que, si quieren, pueden hacerla. Tal vez ser¨ªa el momento de depositar en el Congreso una proposici¨®n de ley de reforma de la Constituci¨®n en este sentido y que todos los partidos, pero especialmente los dos grandes, tuvieran que retratarse. Mientras no se haga esto, que puede hacerse, predicar contra el transfuguismo ser¨¢ predicar en el desierto.