Empleo pretende asumir la gesti¨®n de las principales ayudas sociales

Las solicitudes de las ayudas sociales se presentan en los servicios de base de los ayuntamientos. La concesi¨®n de la Renta de Garant¨ªa de Ingresos (RGI) depende, sin embargo de las diputaciones. Finalmente, quien libera los fondos es el Gobierno vasco. La peor de este sistema, que descansa sobre el reparto competencial -Bienestar Social es competencia exclusiva de las diputaciones-, es que las demoras entre la solicitud de una renta de superviviencia y su obtenci¨®n pueden pasar dos meses. Y dos meses sin dinero y con familia pueden ser una eternidad.

El Gobierno cree que lo l¨®gico ser¨ªa fraguar un pacto interinstitucional para que fuese el Departamento de Empleo el que gestionara las principales ayudas sociales. Entiende que de esa manera se evitar¨ªan las demoras a los ciudadanos y el sistema ser¨ªa mucho m¨¢s eficiente al conectar las bases de datos de los servicios de empleo con los de asistencia social y, por tanto, poner en contacto una parte de la oferta con la demanda. "Ser¨¢ un acuerdo dif¨ªcil, pero lo vamos a intentar", asegura la consejera Gemma Zabaleta.

La asunci¨®n de las pol¨ªticas activas de empleo se va a convertir en la mejor oportunidad para reordenar las decenas de servicios de empleo que se han ido creando en todos los niveles administrativos. Las diputaciones tienen los suyos, los ayuntamientos tambi¨¦n los han impulsado y, c¨®mo no, las comarcas han abierto sus propias oficinas. No hay coordinaci¨®n, no se comparten objetivos y, en consecuencia, cada uno destina sus fondos a las necesiadades m¨¢s cercanas.

"Parece l¨®gico abordar una reorientaci¨®n de los servicios sociales, pero tambi¨¦n y sobre todo, una reordenaci¨®n de los de empleo, coordinarlos y crear oficinas ¨²nicas, pero ?qui¨¦n le hinca el diente a ese asunto?", se pregunta un sindicalista conocedor del problema.

La consejera tambi¨¦n alude al obst¨¢culo que supone la Ley de Territorios Hist¨®ricos, que fija el reparto competencial entre administraciones y que al menos para el PNV es una ley intocable. Precisamente es la ley que hace que todas las dem¨¢s tengan que hacer encaje de bolillos para no incumplirla.

La ley para la Garant¨ªa de Ingresos y para la Inclusi¨®n Social dedica cuatro art¨ªculos a los procedimientos de solicitud, instrucci¨®n de los expedientes, comprobaci¨®n de los recursos y finalmente resoluci¨®n y plazos m¨¢ximos. Las solicitudes se hacen en los ayuntamientos en los que est¨¢ el solicitante empadronado, y los servicios sociales "derivar¨¢n a los de empleo" los que estimen que pueden tener mejor empleabilidad. La instrucci¨®n del expediente tambien la hace el Ayuntamiento, es decir est¨¢ obligado a comprobar todos los datos y requerir cuanta infornaci¨®n necesite.

Sin embargo la resoluci¨®n de concesi¨®n o denegaci¨®n corresponder¨¢, en el caso de la renta de garant¨ªa de ingresos, en cualquiera de sus modalidades, y de la prestaci¨®n complementaria de vivienda, es competencia, y la ejerce, la diputaci¨®n foral del territorio hist¨®rico en el que se encuentre ubicado el municipio de empadronamiento y residencia efectiva. Las AES dependen de los ayuntamientos. En el caso de la RGI la diputaci¨®n tiene dos meses para conceder o denegar la ayuda.