Importantes empresas valencianas, en el punto de mira

Cuatro de las principales empresas valencianas de la construcci¨®n son se?aladas en el informe de la Brigada de Blanqueo de la Polic¨ªa por haber financiado ilegalmente al PP con la cobertura de Orange Market, compa?¨ªa de la trama corrupta del caso G¨¹rtel. Se trata de las castellonenses Lubasa y Facsa, de la alicantina Ortiz e Hijos y de la valenciana Sedesa. A ellas se a?ade Piaf, una concesionaria de menor entidad. Facsa, Lubasa y Sedesa desmintieron ayer su relaci¨®n con la trama.

El administrador de Servicios de Excavaciones, SA, (Sedesa) es Vicente Cotino Escriv¨¤, sobrino de Juan Cotino, vicepresidente con Francisco Camps. Seg¨²n c¨¢lculos de la oposici¨®n socialista, Sedesa ha facturado al Gobierno valenciano en 10 a?os m¨¢s de 830 millones. Vicente Cotino llev¨® en su avi¨®n privado al ex director general de R¨¤dio Televisi¨® Valenciana, Pedro Garc¨ªa, dimitido hace un mes, a una fiesta en Marraquech en diciembre de 2007 con unos amigos entre los que estaba ?lvaro P¨¦rez, jefe de Orange Market.

Sedesa y Ortiz comparten negocio en el ¨¢mbito de las residencias de ancianos, a trav¨¦s de Savia, firma que recibi¨® 15,9 millones del Ejecutivo auton¨®mico en 2007. Ortiz, por su parte, es el urbanizador del plan Rabassa, que prev¨¦ construir en Alicante 13.503 viviendas sobre 3,6 millones de metros cuadrados.

Condenado por fraude

Lubasa explota la mayor¨ªa de los aparcamientos subterr¨¢neos de Castell¨®n. Adem¨¢s, participa en la construcci¨®n del futuro aeropuerto y del circuito de F¨®rmula 1. Su propietario, Luis Batalla, fue condenado por un fraude fiscal de 2,2 millones. La condena le inhabilita para contratar con la Administraci¨®n, pero el grupo presenta otras empresas a los concursos.

Fomento Agr¨ªcola Castellonense (Facsa), cuyo responsable es Enrique Gimeno, es concesionaria del suministro de agua potable de la mayor¨ªa de municipios de Castell¨®n. Una de sus ¨²ltimas actuaciones fue la construcci¨®n de la ciudad deportiva del Castell¨®n C. F., a cambio de la recalificaci¨®n de los terrenos.

Finalmente, Piaf es la concesionaria del servicio de mantenimiento de edificios de la Diputaci¨®n y del Ayuntamiento de Castell¨®n, contratos que le reportan m¨¢s de un mill¨®n de euros anuales, aunque factur¨® al margen de estos contratos, entre 2008 y 2009, m¨¢s de 10 millones al ayuntamiento y 1,3 millones a la diputaci¨®n. Su responsable, Antonio Pons Dols, fue socio de V¨ªctor Campos, imputado con Camps, Costa y Betoret por los regalos de la trama G¨¹rtel.