El juez que es "m¨¢s que amigo" de Camps
De la R¨²a est¨¢ cada vez m¨¢s solo. Sus continuas alabanzas al presidente valenciano y sus cr¨ªticas al Ejecutivo socialista erosionan su imagen
El recorrido del caso G¨¹rtel en Valencia ha puesto en el ojo del hurac¨¢n a Juan Luis de la R¨²a, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). Dijo sentirse "feliz" de que Francisco Camps le considerara "m¨¢s que un amigo". Y no consider¨® que ni eso ni otras proximidades con el presidente auton¨®mico fueran motivo para abstenerse del caso en el que Camps estaba imputado por supuesto delito de cohecho. Firm¨® el archivo del caso. Adem¨¢s, ha decidido, junto a los magistrados Juan Montero y Jos¨¦ Francisco Ceres, ignorar un informe policial que, adem¨¢s de incluir nuevos datos sobre los trajes y otros regalos comprados en Milano y Forever Young, destapa una posible financiaci¨®n ilegal del PP valenciano a trav¨¦s de una trama de facturaci¨®n opaca con Orange Market (mercantil fundamental en el caso G¨¹rtel) y al menos seis constructoras.
Dijo que si alguien planteaba su inhibici¨®n la petici¨®n no prosperar¨ªa
Vive en una residencia de 300 metros cuyos gostos paga la Generalitat
De la R¨²a (Salamanca, 1943) fue, dicen los de m¨¢s recorrido en la carrera judicial, un "muy buen" juez de instrucci¨®n y un "brillante" magistrado de Lo Social. Era, cuentan, junto a los tambi¨¦n magistrados Francisco P¨¦rez y Gonzalo Moliner, de los m¨¢s pr¨®ximos a la realidad del trabajador en los pleitos, con un cierto aire "paternalista". M¨¢s de 50 jueces en ejercicio han sido preparados por ¨¦l. Y muchos, hoy, no le reconocen. De la R¨²a firm¨® el archivo definitivo de la causa, a pesar de los indicios que detall¨® el magistrado de su misma sala, Jos¨¦ Flors. A muchos magistrados, su intervenci¨®n en este caso les irrita porque empa?a, dicen, "el esencial principio de imparcialidad". M¨¢s a¨²n, cuando el propio De la R¨²a, incluso a quienes le recomendaron que se mantuviera al margen, les respondi¨® que no lo har¨ªa y que si alguien consideraba lo contrario, que lo planteara, que no prosperar¨ªa.
Est¨¢ adscrito a la conservadora Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura (APM). Preside el Tribunal de Justicia valenciano desde 1999 y su nombramiento fue recibido con tranquilidad por el sector m¨¢s progresista. Ahora, est¨¢ en situaci¨®n de pr¨®rroga. Su segundo mandato termin¨® el pasado 6 de julio. Su plaza saldr¨¢ en breve. Y las cr¨ªticas son feroces. No cuenta siquiera con el respaldo de su asociaci¨®n, que ha manifestado su apoyo a Pedro Castellano, presidente de la Audiencia Provincial, un relevo natural para el sector m¨¢s cercano a la derecha. No tiene plaza en el Tribunal Supremo, al que ha aspirado en dos ocasiones y en cuyos concursos no ha logrado los apoyos necesarios.
En el discurrir de su presidencia ha ido creciendo la oposici¨®n por entenderse desde dentro de la judicatura que no siempre ha guardado la necesaria independencia del poder judicial respecto, especialmente, a la Administraci¨®n aut¨®noma. De forma especialmente significativa, en los ¨²ltimos cinco a?os, De la R¨²a ha aprovechado comparecencias p¨²blicas institucionales para destacar los logros del Gobierno popular de Camps en materia de justicia (por la consecuci¨®n de la Ciudad de la Justicia, por reivindicar m¨¢s juzgados, por respaldarle en la petici¨®n de m¨¢s plazas de jueces). Y ha criticado al Gobierno central por "no atender a las necesidades valencianas, no modificar la planta judicial, no sensibilizarse con la creaci¨®n de juzgados". La ¨²ltima ocasi¨®n, en el V Congreso Tributario (celebrado los d¨ªas 16, 17 y 18 de septiembre en Valencia). En ese foro, junto a la secretaria auton¨®mica, Patricia Montagut, jale¨® las inauguraciones y esfuerzos de la Generalitat para "mejorar la justicia".
Magistrados valencianos consideran que "nunca ha mantenido un esp¨ªritu reivindicativo frente a la Administraci¨®n aut¨®noma". Alguno a?ade que en las reuniones de la comisi¨®n mixta, integrada por la Generalitat y el alto tribunal valenciano, "uno se llega a confundir, no se sabe qui¨¦n es qui¨¦n".
Para los que defienden una posici¨®n alejada del m¨¢ximo representante auton¨®mico del poder judicial, un episodio que despert¨® un enorme rechazo fue su respaldo a la juez Laura Alabau, ahora en Valencia, que desde el que era su destino en el Registro Civil de D¨¦nia (Alicante) se neg¨® sistem¨¢ticamente a celebrar bodas entre homosexuales, y fue sancionada por ello. Alabau logr¨® de la Junta de Gobierno presidida por De la R¨²a, con especial empe?o de Pedro Castellano, una comisi¨®n de servicio que le proporcion¨® un destino tranquilo, para muchos "inmerecido" en tanto otros candidatos ten¨ªan mayores m¨¦ritos indiscutibles para ello.
Ha molestado, y mucho, que en representaci¨®n institucional participara, por ejemplo, en la apertura del a?o judicial eclesi¨¢stico, evento para el que en alguna ocasi¨®n envi¨® invitaciones a los magistrados. Y que con cierta regularidad acuda como invitado al palco del Valencia, presente en contenciosos varios que deben resolver ¨®rganos judiciales valencianos.
Es hombre de referencia personal y profesional para Fernando de Rosa, vicepresidente del Consejo del Poder Judicial y ex consejero de Justicia del Gobierno de Camps, su ¨²nico apoyo claro en el seno de ese ¨®rgano. Cuando la Sala de Lo Civil y Penal que preside acept¨® la competencia del caso G¨¹rtel, la atenci¨®n sobre ¨¦l se intensific¨®. No s¨®lo no call¨® cuando Camps le se?al¨® p¨²blicamente como "m¨¢s que un amigo", no s¨®lo dijo sentirse "feliz" por ello, sino que defendi¨® que esa relaci¨®n, que ¨¦l califica de "institucional", no era raz¨®n para alejarle del procedimiento. Algunos dicen que a esa proximidad p¨²blicamente conocida y a sus posibles coincidencias ideol¨®gicas, pueden sumarse otras vinculaciones.
De la R¨²a vive en la sede del Tribunal Superior valenciano, un palacio neocl¨¢sico declarado Monumento Hist¨®rico Art¨ªstico Nacional en 1982. Su residencia ocupa, en la cuarta planta, 300 metros cuadrados. Los gastos que de ella se derivan los paga la Generalitat. No es la casa que usa de lunes a viernes para estar f¨¢cilmente disponible. No. Es la casa familiar. En ella han vivido sus cinco hijos, vinculados tambi¨¦n a la carrera judicial. En ella juegan sus nietos. A esas dependencias acuden sus amigos. Una capilla en la vivienda ha sido testigo de privadas ceremonias. Las razones de seguridad no son suficientes para quienes desde dentro de la carrera judicial defienden el fin de privilegios que pueden contaminar la independencia. Esos mismos critican que la Administraci¨®n haya buscado como coartada para no afrontar el asunto hacerle un hueco en el mismo edificio al fiscal del alto tribunal valenciano.
Poco antes de que De la R¨²a accediera al cargo, el entonces director general de Justicia y hoy juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, quiso terminar con ese concepto de residencia en un edificio p¨²blico. Advirti¨® al anterior presidente, Juan Jos¨¦ Mar¨ª, poco antes de que falleciera de que deb¨ªa desalojarlo. Pero la llegada de De la R¨²a frustr¨® tal intento y el PP en la Generalitat no fue capaz de decirle no.
La cobertura de Ceres y Montero
Jos¨¦ Francisco Ceres y Juan Montero son los dos magistrados que acompa?an a Juan Luis de la R¨²a en el devenir del caso G¨¹rtel en Valencia. Los dos son objeto tambi¨¦n de fuertes cr¨ªticas. Tienen en com¨²n con el presidente su condici¨®n de conservadores. Ceres, cuyo nombramiento vuelve a estar recurrido, por segunda vez, ante el Tribunal Supremo, obtuvo la plaza de magistrado de la Sala de Lo Civil y Penal desde el puesto en la ejecutiva de la Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura (APM). Cont¨® con el apoyo expreso de Juan Luis de la R¨²a, que defendi¨® como m¨¦ritos suficientes su corta experiencia al frente de un juzgado mixto y uno de ejecutorias penales, y su condici¨®n de experto en derecho hist¨®rico valenciano. Eso dej¨® fuera a candidatos con m¨¢s de 20 a?os de ejercicio, magistrados de Audiencia Provincial o del propio Tribunal Superior de Justicia. El Tribunal Supremo dijo que no se hab¨ªan explicado las razones objetivas para elegirle. Sin grandes variaciones fue vuelto a nombrar. Y, ahora, vuelto a recurrir. Entre tanto, Ceres ha sumado a su curr¨ªculo figurar como ponente del archivo del caso Camps.
Juan Montero, propuesto por el PP en las Cortes Valencianas en los 90 para ocupar un puesto vitalicio en el TSJ que compagina con su c¨¢tedra de derecho procesal en la Universidad de Valencia, no ha sorprendido a los magistrados que le conocen. Ni siquiera cuando durante el proceso dijo sin responder a nada que la acusaci¨®n particular del caso G¨¹rtel, los socialistas, pretend¨ªan una cacer¨ªa. ?l propuso a sus compa?eros de sala que el informe policial se eliminara del caso.
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