Ley con reglas claras

El proyecto de ley del aborto llega al Congreso con un debate social enconado sobre el art¨ªculo que permite que las menores de 16 y 17 a?os aborten sin necesidad del consentimiento de los padres. El Consejo de Estado ha apoyado que sean las menores las que decidan (como ocurre en todas las prestaciones sanitarias a partir de los 16 a?os salvo en ¨¦sta, los ensayos cl¨ªnicos y la reproducci¨®n asistida), pero recomiendan que se informe a los padres salvo en casos de grave conflicto. Pero, ?qui¨¦n determinar¨¢ si la menor tiene un grave conflicto con la familia? La f¨®rmula del Consejo de Estado es jur¨ªdicamente imprecisa. De todas formas, si en el tr¨¢mite parlamentario de la ley se decide incluir la informaci¨®n a los padres, ser¨¢ necesario que se establezcan excepciones. El Estado no puede obviar la dif¨ªcil situaci¨®n de menores con familias que, por motivos religiosos o de otro tipo, no aceptar¨ªan su decisi¨®n.

La cuesti¨®n de los 16 a?os, en cualquier caso, ha desviado la atenci¨®n del punto central de la norma. Este proyecto de ley con sistema de plazos homologa al fin nuestra legislaci¨®n con la de la mayor¨ªa de los pa¨ªses europeos, en los que desde hace d¨¦cadas se respeta el derecho de la mujer a decidir sobre su maternidad dentro de unos l¨ªmites, sin que los partidos de derecha lo cuestionen; a diferencia de lo que ocurre en Espa?a con el Partido Popular. Los grupos autodenominados provida est¨¢n ya fletando autobuses para la manifestaci¨®n que se celebrar¨¢ el 17 de octubre en Madrid, y m¨¦dicos y juristas conservadores sacan su artiller¨ªa para denunciar que se vulneran los derechos del feto. El Consejo de Estado ha avalado la constitucionalidad del texto, aunque ¨¦sta es una cuesti¨®n que en su d¨ªa tendr¨¢ que juzgar el Tribunal Constitucional. Se trata de una ley que sin duda terminar¨¢ en sus manos.

El debate sobre si el aborto debe permitirse no puede reabrirse cada 30 a?os. ?sta no es una ley avanzada. Es una ley necesaria que establece unas reglas de juego razonables y unas garant¨ªas para las mujeres, y para los m¨¦dicos; e incluso para el feto, que con la aplicaci¨®n de la normativa vigente no existen. Aunque hay un punto que queda sin resolver, la objeci¨®n de conciencia. En esta norma o en la futura Ley de Libertad Religiosa, el Gobierno debe atreverse a regular esta cuesti¨®n. Sin un registro o una delimitaci¨®n clara se corre el peligro de que la sanidad p¨²blica siga desentendi¨¦ndose del aborto y contin¨²e siendo una prestaci¨®n al margen de la normalidad sanitaria.