La 'ley de plazos' y la Constituci¨®n

El s¨¢bado pasado el Consejo de Ministros aprob¨® el proyecto de la llamada Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupci¨®n Voluntaria del Embarazo, com¨²nmente conocida -sobre todo por sus cr¨ªticos- como nueva ley del aborto. La iniciativa est¨¢ destinada a servir de fulminante a una de esas obscenas, horr¨ªsonas y contraproducentes escandaleras que organizan la jerarqu¨ªa eclesi¨¢stica y la derecha tridentina para salir a la calle, llamar asesinos a los votantes socialistas e intimidar a los creyentes con las penas de la excomuni¨®n y del infierno.

La vicepresidenta primera del Ejecutivo se encarg¨® de resaltar que el Consejo de Ministros tom¨® en consideraci¨®n algunas observaciones cr¨ªticas del dictamen del Consejo de Estado. Es probable que los socialistas se reserven un cierto margen de maniobra en la tramitaci¨®n parlamentaria para a?adir a esas leves correcciones las enmiendas de mayor calado propuestas por otros grupos parlamentarios con el prop¨®sito ¨²ltimo de reunir la mayor¨ªa absoluta requerida para sacar adelante las leyes org¨¢nicas. Dentro de esas rectificaciones podr¨ªa estar la necesidad de que las menores de edad -entre 16 y 18 a?os- informen cuando menos a sus padres de la decisi¨®n de abortar. El PP ha convertido este pol¨¦mico punto, que tambi¨¦n divide a los socialistas, en piafante caballo de batalla; su secretaria general, Dolores de Cospedal, cruz¨® la frontera del buen gusto y del juego limpio en las confrontaciones pol¨ªtico-partidistas al utilizar con ese fin el episodio neoyorquino de las fotos pixeladas de las hijas del presidente Zapatero: "?Es sostenible proteger a una menor para que no se le vea la cara y permitir, sin embargo, que pueda abortar sin que se entere su padre?".

La falta de austeridad ret¨®rica del proyecto de ley del aborto amenaza con transformarlo en un manifiesto ideol¨®gico

Pero el blanco de los ataques contra el proyecto de ley del aborto lanzados por los representantes del Vaticano en Espa?a y por la derecha nacional ultramontana a su rebufo no se limita al rudo tratamiento de las relaciones paterno-filiales de las gestantes. La cuesti¨®n central es la introducci¨®n en Espa?a del sistema de plazos -la interrupci¨®n del embarazo dentro de las primeras 14 semanas de gestaci¨®n a petici¨®n de la mujer- para complementar los supuestos despenalizadores establecidos por la ley 9/1985, que tambi¨¦n quedan actualizados a fin de evitar las aplicaciones disfuncionales, laxas o abusivas registradas desde su promulgaci¨®n. Conviene advertir que la actitud del PP a este respecto no trasluce una hipocres¨ªa parad¨®jica, sino una desverg¨¹enza descarada. El mismo partido que incendi¨® el pa¨ªs hace 24 a?os para impedir la aprobaci¨®n de la norma despenalizadora del aborto, que obstruy¨® su promulgaci¨®n mediante un recurso previo de inconstitucionalidad y que desaprovech¨® la permanencia durante ocho a?os seguidos de Aznar en el Gobierno -cuatro con mayor¨ªa absoluta- para derogarla o modificarla, se alza hoy con descaro como campe¨®n de la ley 9/1985.

El informe del Consejo de Estado no s¨®lo recuerda a los desmemoriados que el sistema de plazos est¨¢ ampliamente generalizado en toda Europa y que su introducci¨®n en Espa?a permitir¨¢ resolver muchos problemas irresueltos por la anterior normativa. Tambi¨¦n se?ala que la nueva f¨®rmula tiene cabida en la Constituci¨®n de 1978; s¨®lo una interpretaci¨®n torticera de la sentencia 53/1985 del Tribunal Constitucional que se pronunci¨® sobre la anterior ley del aborto podr¨ªa llevar a la falsa conclusi¨®n contraria.

El catedr¨¢tico Francisco Laporta viene denunciando desde hace a?os el creciente deterioro de calidad de la producci¨®n legislativa: el proyecto de ley del aborto confirma esa deriva. La incomprensible inclusi¨®n de esa iniciativa en el Ministerio de Igualdad, en vez del Ministerio de Justicia o del Ministerio de Sanidad, probablemente habr¨¢ contribuido a las deficiencias t¨¦cnicas de su contenido se?aladas por el informe del Consejo de Estado. No se trata de purismos acad¨¦micos: las declaraciones de principio superfluas y las definiciones doctrinales imprecisas -abundantes en la exposici¨®n de motivos- siempre dificultan la aplicaci¨®n e interpretaci¨®n de las normas. La falta de austeridad ret¨®rica del proyecto de ley del aborto -advierte el Consejo de Estado- se traduce en conceptos valorativos cargados de afectividad y amenaza con transformar una norma de por s¨ª moralmente pol¨¦mica en un manifiesto ideol¨®gico dominado por "una enf¨¢tica pretensi¨®n catequ¨¦tica".