Los expertos reclaman una nueva cotizaci¨®n por la Ley de Dependencia

Tres a?os despu¨¦s de que se pusiera en marcha el Sistema de Atenci¨®n a la Dependencia, los expertos nombrados por el Parlamento para evaluarlo coinciden en que necesita una "financiaci¨®n p¨²blica de suficiente solidez". Si no se toman algunas medidas, "la sostenibilidad de la cobertura de la Dependencia no puede ir sino a peor", advierten. La previsi¨®n financiera se hizo en un ciclo econ¨®mico alto, que no sirve para momentos como el actual, afirman.

Los expertos barajan, entre otras alternativas de financiaci¨®n, establecer una cotizaci¨®n adicional a la que ya existe para las pensiones. De esta forma, los trabajadores ir¨ªan financiando durante su vida laboral las atenciones que requerir¨¢n cuando sean mayores. Este modelo ya se plante¨® cuando se debat¨ªa la ley, pero, finalmente, se opt¨® por un sistema de cofinanciaci¨®n: la mitad lo paga el Estado y la otra mitad las comunidades. Este sistema se ha demostrado complejo.

Los cinco expertos se pronuncian por una financiaci¨®n p¨²blica "s¨®lida"

"La universalidad del sistema puede romper el saco", aseguran

Ser¨ªa "deseable" la integraci¨®n de pensiones y ayudas por dependencia

El reparto de los fondos puede generar agravios entre autonom¨ªas

El documento de los expertos al que ha tenido acceso este peri¨®dico da la raz¨®n a las autonom¨ªas, que aseguran que el grueso del coste de la Dependencia lo afrontan con financiaci¨®n regional: posiblemente arrostren con un 70% del coste frente al 20% que recae sobre el Gobierno y un 10% que aportan los ciudadanos mediante el copago, aseguran.

Cinco expertos han elaborado este informe, que ya han entregado al Gobierno: Montserrat Cervera, directora de Pol¨ªticas Sociales de Antares Consulting y ex directora general del Instituto Catal¨¢n de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS), y cuatro economistas, Jos¨¦ Antonio Herce, de la Fundaci¨®n de Estudios de Econom¨ªa Aplicada; Guillem L¨®pez Casasnovas, catedr¨¢tico de la Pompeu Fabra; Gregorio Rodr¨ªguez Cabrero, catedr¨¢tico en la Universidad de Alcal¨¢, y Sim¨®n Sosvilla, tambi¨¦n catedr¨¢tico, de la Complutense.

M¨¢s recaudaci¨®n

El documento, que a¨²n no se ha hecho p¨²blico -el Gobierno todav¨ªa no lo ha entregado al Parlamento -, plantea elevar en uno o dos puntos el IVA y amentar la cesi¨®n de dicho impuesto a las comunidades aut¨®nomas para financiar la Dependencia. La propuesta coincide con el anuncio del Gobierno de alzas fiscales, pero para contener el d¨¦ficit. Con la reforma de la ley de financiaci¨®n auton¨®mica se ha elevado el IVA en dos puntos porcentuales y del total recaudado se ceder¨¢ a las autonom¨ªas un 50% en lugar del 35% anterior.

El informe tambi¨¦n plantea la posibilidad de eliminar la exenci¨®n del copago sanitario, es decir, que las recetas no sean gratis total para los jubilados, a cambio de aumentar los recursos para los futuros dependientes. Y no descartan tampoco la implantaci¨®n de primas a partir de una cierta edad que conformar¨ªan un seguro obligatorio de Dependencia o una prima ¨²nica a los 65 a?os. Alguna de estas f¨®rmulas, ligadas al sector privado, tambi¨¦n se barajaron cuando se debati¨® la ley y se rechazaron.

Los expertos plantean adem¨¢s una reforma de la Seguridad Social, de tal forma que las personas que cobran una pensi¨®n por gran invalidez no perciban adem¨¢s la prestaci¨®n extra por necesitar los cuidados de una tercera persona, sino que ese complemento pase a depender de las ayudas previstas en el sistema de dependencia. En general, opinan que "ser¨ªa deseable" que integrara de alguna manera el actual sistema de pensiones y el de dependencia.

A la vista de que las comunidades se hacen cargo de gran parte del coste de esta ley, los expertos proponen que el Gobierno financie, mediante el llamado nivel m¨ªnimo, a cada persona en funci¨®n del coste del servicio que se le presta; o bien que se haga a "presupuesto cerrado", es decir, por el n¨²mero de personas evaluadas, asign¨¢ndoles puntos de dependencia. Cuantos m¨¢s puntos tengan, menos dinero recibir¨ªan por ellos, como un mecanismo de control para que no se dispare la inclusi¨®n de personas en el sistema. O se infle la gravedad.

Tampoco creen que el nivel acordado (la segunda pata de la financiaci¨®n estatal) se haga siguiendo unos criterios acertados. Creen que estos recursos deben repartirse en funci¨®n de "necesidades compartidas por todas las comunidades", como ser¨ªan la creaci¨®n de servicios, geri¨¢tricos, centros de d¨ªa y su mantenimiento. El reparto en funci¨®n de la poblaci¨®n o la dispersi¨®n de ¨¦sta, "puede causar agravios" entre comunidades.

Por otro lado, proponen que el copago, es decir, el dinero que aporta el ciudadano, sirva s¨®lo para financiar servicios perif¨¦ricos (peluquer¨ªa, fisioterapia), nunca b¨¢sicos, porque eso romper¨ªa la universalidad de la ley.

La Ley de Dependencia establece un sistema de financiaci¨®n mixta entre Estado y Comunidades, apoy¨¢ndose en el art¨ªculo 148 de la Constituci¨®n, que consagra el derecho de las comunidades a asumir competencias en asistencia social.

Garantiza, adem¨¢s, los principios de universalidad, equidad y accesibilidad. Es decir, que todos los ciudadanos recibir¨¢n cobertura. Pues bien, los expertos advierten que "la universalidad de la ley, como ambici¨®n, puede romper el saco de su financiaci¨®n".