A la b¨²squeda de un terreno com¨²n

El n¨²cleo de la reforma sobre el aborto propuesta por el Gobierno es pol¨ªticamente razonable: una ley de plazos (14 semanas) combinada con doble indicaci¨®n. Ofrece un marco legal m¨¢s honesto con la realidad y acorde con la legislaci¨®n europea mayoritaria, como fundament¨® el Consejo de Estado. Es m¨¢s restrictiva con los abusos, ya que el supuesto del conflicto ps¨ªquico en la actualidad carece de limitaci¨®n temporal y ha permitido abortos en estadios de gestaci¨®n muy avanzados. Adem¨¢s, la reforma refuerza la seguridad jur¨ªdica de la mujer y del profesional.

No se puede descalificar una regulaci¨®n legal del aborto por considerarlo un asesinato. Es una visi¨®n moralizadora que se desentiende de las consecuencias de la prohibici¨®n como de los deberes de la ley y del legislador ante una decisi¨®n compleja y conflictiva. Tampoco puede negarse la pertinencia de un juicio ¨¦tico, social y jur¨ªdico por considerar que se trata de un asunto que concierne s¨®lo a la mujer.

Se necesita apoyo familiar y social en t¨¦rminos de acompa?amiento

Hay que garantizar una maternidad libremente querida y responsable, por un lado, y por otro, la protecci¨®n del feto. La decisi¨®n de abortar entra?a graves conflictos personales y p¨²blicos que no pueden negarse invocando solo los derechos de la mujer o s¨®lo la protecci¨®n del bien jur¨ªdico del nasciturus (STC 53/1985). La ley debe armonizar y encauzar razonablemente una y otra perspectiva. Es posible buscar un terreno com¨²n.

En primer lugar, el Estado tiene deberes ¨¦ticos y jur¨ªdicos para con el feto. Es de humanidad su cuidado y tutela. Es propio de la tradici¨®n socialista y humanista proteger al m¨¢s d¨¦bil, por lo que debemos defender el bien jur¨ªdico constitucionalmente protegido del nasciturus.

Podemos convenir en que la dignidad inherente del feto no sea la misma que la de la persona nacida. Con todo, la formaci¨®n de la vida humana es un proceso que avanza y hay un estatuto ¨¦tico del feto que exige una protecci¨®n por parte del Estado cada vez mayor, lo que se refleja en el r¨¦gimen sancionador.

El Estado tambi¨¦n tiene deberes ¨¦ticos y jur¨ªdicos para con la mujer. Sobre ella recaen en primer t¨¦rmino las dificultades sociales, econ¨®micas, psicol¨®gicas, ¨¦ticas, y, en su caso, penales. La mujer no puede reducirse a recept¨¢culo del feto. Es sujeto libre y responsable, cuya libertad y salud deben estar protegidas. Abortar es una cuesti¨®n de conciencia. En el marco que le otorga la ley, 14 semanas, debe ser la embarazada quien tome la decisi¨®n.

En cualquier caso, la vida en gestaci¨®n es una realidad distinta de la mujer gestante. No es ni un ¨®rgano propio ni una extremidad. La decisi¨®n de la mujer, a la que la ley otorga unos derechos de prestaci¨®n en determinadas condiciones, no puede negar que en el nasciturus estamos hablando en todo caso m¨¢s de un alguien que de un algo. Por cuanto se trata de un ser humano en formaci¨®n, no puede haber un derecho al aborto.

No hay s¨®lo maternidad, sino tambi¨¦n paternidad. Corresponsabilidad. La prevenci¨®n justificada en casos contra la manipulaci¨®n o la coacci¨®n sobre la mujer en su decisi¨®n no puede anular la necesidad de informaci¨®n adecuada, apoyo familiar y social en t¨¦rminos de acompa?amiento. Es consecuente con los deberes de patria potestad y con la Constituci¨®n, que establece que hay que "prestar asistencia de todo orden a los hijos" (39.3 CE).

Y es necesario regular la objeci¨®n de conciencia de los profesionales sanitarios, de modo que quede garantizado el respeto a su conciencia sin que se menoscaben las garant¨ªas de la prestaci¨®n de la IVE en la red p¨²blica en todas las comunidades.

Para los cristianos socialistas, la funci¨®n legisladora y la gesti¨®n pol¨ªtica deben estar inspiradas por la ¨¦tica y la b¨²squeda del bien com¨²n. Sin embargo, creemos que hacer realidad los principios ¨¦ticos en una sociedad plural, no supone necesariamente identificar c¨®digo moral y c¨®digo penal. Esto es especialmente claro en el caso del aborto.

Es necesario desarrollar pol¨ªticas de investigaci¨®n y prevenci¨®n que orienten hacia una sexualidad responsable. La prevenci¨®n debe hacer frente a la banalizaci¨®n de la sexualidad. Tambi¨¦n son necesarias pol¨ªticas educativas, que deben hablar de la sexualidad como placer, pero tambi¨¦n como v¨ªnculo afectivo; como respeto a la alteridad y dignidad del otro y como control de las propias pulsiones. Y debe avanzarse en el desarrollo de una real protecci¨®n social a la maternidad.

En definitiva, la cifra de 112.000 abortos en s¨®lo un a?o (2007) es un elocuente signo de fracaso colectivo. Estamos a tiempo de aprovechar esta reforma para emprender con decisi¨®n el impulso de pol¨ªticas p¨²blicas para la reducci¨®n de los embarazos no queridos que conducen al aborto.

Pilar de la Vega (catedr¨¢tica de Historia), Jordi L¨®pez Camps (bi¨®logo) y Mar¨ªa Jos¨¦ Pereda, (m¨¦dica y Magister en Bio¨¦tica) escriben en nombre del grupo Cristianos Socialistas del PSOE.