La salud no decidir¨¢ la ayuda al dependiente

Gobierno y comunidades est¨¢n negociando la inclusi¨®n de un nuevo informe en el que se determinar¨¢n las necesidades de apoyo de las personas dependientes, m¨¢s all¨¢ del certificado m¨¦dico que cada usuario aporta para optar a las ayudas previstas. Se baraja que sea un equipo multidisciplinar el que decida si el beneficiario precisa una plaza de residencia o una asistencia a domicilio, por ejemplo. Terapeutas, trabajadores sociales y personal sanitario podr¨ªan formar parte de esos equipos que redactar¨¢n el "informe de salud descriptivo".

La necesidad de diferenciar entre los que valoran el grado de dependencia del usuario y los que resuelven qu¨¦ servicio se le adjudicar¨¢ es una de las propuestas de informe de los expertos que encarg¨® el Congreso para evaluar el sistema de la Dependencia, que ya adelant¨® este peri¨®dico. El Gobierno present¨® ayer dicho informe a los parlamentarios, pero no pretende hacer suyas pr¨¢cticamente ninguna de las propuestas que en ¨¦l se ofrecen para salvar la complicada situaci¨®n financiera de la Ley de Dependencia.

El secretario general de Pol¨ªtica Social, Francisco Moza, dijo no a introducir seguros privados para tener acceso a los servicios previstos. No, a la reforma de la Seguridad Social y no a la eliminaci¨®n de las recetas gratuitas para los pensionistas. "No toca, a nadie le gustar¨ªa hacer esos sacrificios", rechaz¨® Moza.

Sin embargo, el secretario general s¨ª admiti¨® dos de las recomendaciones sobre financiaci¨®n del informe de los expertos, las que ya ha implementado el Gobierno: la m¨¢s generosa cesi¨®n de lo recaudado mediante impuestos (IVA, impuestos especiales e IRPF) y la inclusi¨®n en la financiaci¨®n auton¨®mica de partidas definidas por las necesidades que impone esta ley. Los grupos pol¨ªticos ya han alcanzado esos acuerdos, que est¨¢n a la espera de ser aprobados en el Congreso.

La educaci¨®n, la sanidad y ahora la dependencia tendr¨¢n sus partidas precisas en la financiaci¨®n auton¨®mica; pero las comunidades aut¨®nomas decidir¨¢n, por ¨²ltimo, a qu¨¦ dedican esos recursos.

El informe de los expertos ha puesto el dedo en la llaga de la financiaci¨®n de esta ley. Sostiene ese estudio que el gasto en dependencia, que ahora se estima en un 0,6% del PIB, alcanzar¨¢ en 2015 el 1,5% y se pone de manifiesto la necesidad de que la financiaci¨®n sea suficiente y sostenible. Apoyados en estas cifras, los nacionalistas de CiU pidieron la "revisi¨®n de la ley". El diputado catal¨¢n Carles Campuzano solicit¨® un "amplio acuerdo pol¨ªtico" para emprender esa revisi¨®n.

La financiaci¨®n destinada a la ley tambi¨¦n puso en guardia al diputado de Esquerra Republicana de Catalunya, Joan Tard¨¤, que teme "el hacha jacobina" del Gobierno. Mostr¨® su disconformidad porque se destine a los ayuntamientos dinero para que lo usen en dependencia. Se refer¨ªa al fondo local, que repartir¨¢ 5.000 millones para que los ayuntamientos los gestionen, entre otras cosas en dependencia. Opina Tard¨¤ que son las comunidades las que deben hacerse cargo de esto.

El PP lament¨®, como lo hicieron el resto de los grupos, que el Gobierno les haya interpretado el informe de los expertos, cuando era un texto encargado por el Congreso. Francisco Moza pidi¨® disculpas por ese proceder. La diputada popular Lourdes M¨¦ndez critic¨® las aportaciones econ¨®micas del Estado a la ley y reiter¨® que son las comunidades las que se hacen cargo del 70% del coste. La socialista Marisol P¨¦rez le contest¨® con una multiplicaci¨®n: "Si el informe de los expertos estima en 10.000 euros anuales lo que cuesta atender a un beneficiario, y hay 416.000 atendidos, resultan algo m¨¢s de 4.000 millones. El Gobierno ha puesto 2.000. El resto deben ponerlos las comunidades", zanj¨®. Y Francisco Moza reconoci¨® que est¨¢n "intentando esclarecer qu¨¦ porcentaje de financiaci¨®n destinan las comunidades", como se suger¨ªa en otro informe de la Agencia de Evaluaci¨®n del Gobierno.