Prejuzgar, juzgar o ajusticiar

La justicia, como poder p¨²blico que es, est¨¢ sujeta a la cr¨ªtica, mal que les pese a sus se?or¨ªas. Bien es cierto que algunos magistrados manejan con destreza las reglas de la comunicaci¨®n, convirti¨¦ndose en voluntarios protagonistas de la actualidad, mientras que otros prefieren refugiarse en la penunbra de sus pl¨¢cidos despachos, lejos de los focos. Pero, en uno y otro caso, sus decisiones tienen a menudo consecuencias de gran calado, y por tanto suscitan un inter¨¦s informativo que se no puede abstraer del escrutinio pol¨ªtico y medi¨¢tico. En las ¨²ltimas semanas los juzgados han proyectados im¨¢genes tan lacerantes y contradictorias entre s¨ª, sea por exceso o por defecto, que merecen que nos detengamos en ellas.

Tan injusto es vejar ante las c¨¢maras a los detenidos de la Operaci¨®n Pretoria como privilegiar a Millet y Montull

Todo el aparato policial y medi¨¢tico que ha rodeado la Operaci¨®n Pretoria, que entre otros afecta a cargos municipales del PSC y pesos pesados de CiU retirados oficialmente de la pol¨ªtica, parece ideado m¨¢s por un realizador de televisi¨®n que por un juez instructor. Baltasar Garz¨®n orden¨® primero un espectacular despliegue de la Guardia Civil en el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet y otros escenarios de la investigaci¨®n -?acaso los Mossos d'Esquadra no est¨¢n capacitados, como cuerpo integral que son, para ejercer como polic¨ªa judicial al servicio de la Audiencia Nacional?-; dict¨® el arresto incomunicado de los acusados, incluidos el alcalde Bartomeu Mu?oz y los convergentes Maci¨¤ Alavedra y Llu¨ªs Prenafeta, y los hizo conducir esposados al juzgado para que, en presencia de las c¨¢maras, recibieran sus enseres en enormes bolsas de basura, muy meditada met¨¢fora que presenta al corrupto hurgando en su propia inmundicia.

Sin prejuzgar el grado de culpabilidad de los imputados, no cabe duda de que la llamada "pena de telediario" presenta ventajas e inconvenientes: lanza un mensaje ejemplarizante para los pol¨ªticos que puedan caer en la tentaci¨®n de enriquecerse a cuenta del erario p¨²blico, pero queda al margen de las garant¨ªas y los controles jurisdiccionales que conforman el Estado de derecho; contra la vejaci¨®n de los detenidos mediante la difusi¨®n de tales im¨¢genes en los informativos de televisi¨®n no cabe recurso alguno. Eso por no hablar de la disparidad de criterios con que el juez en cuesti¨®n dicta esta pena extrajudicial: ?por qu¨¦ se le aplica a Luis Garc¨ªa, Luigi, presunto cerebro de esta trama, y no a Francisco Correa, Don Vito, su hom¨®logo de la red G¨¹rtel?

De esta misma opini¨®n parece ser la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a, Maria Eug¨¨nia Alegret, que ayer conden¨® el trato dispensado a los detenidos en Madrid. De natural prudente, seguro que Alegret se cercior¨® antes de que ning¨²n magistrado pedir¨¢ que la sancionen por haber criticado a Garz¨®n -tampoco especialmente popular entre la judicatura-, como s¨ª hicieron un pu?ado de jueces de Barcelona cuando dos de sus compa?eros censuraron la actuaci¨®n de Juli Solaz, instructor del caso Palau.

Y es que, hace apenas dos semanas, pol¨ªticos, medios de cocomunicaci¨®n, fiscales y un par de jueces afearon la conducta a Solaz no s¨®lo por haber dejado en libertad sin fianza a los saqueadores confesos del Palau de la M¨²sica, F¨¨lix Millet y Jordi Montull, sino sobre todo por alegar que la legislaci¨®n le imped¨ªa enviarlos a prisi¨®n. La orden de prisi¨®n dictada el viernes por Garz¨®n se fundamenta en el riesgo de que, de quedar en libertad, los encausados "destruyan evidencias", puesto que algunos de ellos "disponen de fondos y realizan actividades fuera de la jurisdicci¨®n espa?ola". Justo el argumento esgrimido por la fiscal¨ªa, en vano, para instar el encarcelamiento de Millet y Montull.

Para los anales del derecho quedar¨¢ otro de los pretextos del juez Solaz para ahorrarles el mal trago de dormir entre rejas: como declin¨® encarcelarlos en julio y no aprovecharon para fugarse, queda demostrado que no lo har¨¢n en adelante. Razonamiento pretendidamente emp¨ªrico que roza lo pueril en boca de quien, sin tomarles declaraci¨®n siquiera, cuatro meses atr¨¢s prejuzg¨® la bondad intr¨ªnseca de unos presuntos delincuentes.

La magnanimidad de Solaz y el ensa?amiento de Garz¨®n son el ep¨ªtome del abuso de la discrecionalidad otorgada a los jueces para prejuzgar, juzgar e, incluso, ajusticiar en p¨²blico al acusado. Exceso de arbitrariedad que mina el cr¨¦dito de la justicia.