Los 'costosos' salarios de tramitaci¨®n

La actual crisis econ¨®mica tiene su reflejo en los tribunales. La litigiosidad se ha disparado, lo que no deja de tener su l¨®gica. La "misi¨®n" de la justicia no es otra que resolver los conflictos que la vida en sociedad genera y, es evidente, que en tiempos de vacas flacas los problemas aumentan.

No puede sorprender que uno de los ¨®rdenes m¨¢s afectados sea el laboral. La debacle del empleo ha multiplicado los procesos por despido y sucede que este incremento plantea un problema adicional para el Estado: le son muy costosos.

De ah¨ª que no sea casualidad que las primeras medidas de refuerzo adoptadas para agilizar "la justicia" hayan ido dirigidas precisamente a reforzar la jurisdicci¨®n social.

Sucede que en los procesos por despido el Estado debe asumir el coste de los "salarios de tramitaci¨®n" cuando el proceso se alarga y la sentencia se demora "m¨¢s all¨¢ de lo que se estima razonable". Recordemos que cuando se declara la improcedencia de un despido, nuestra legislaci¨®n impone al empresario la obligaci¨®n de abonar los salarios correspondientes al tiempo transcurrido desde que se produjo el despido hasta la notificaci¨®n de la sentencia que declare su improcedencia, o hasta que el trabajador haya hallado otro empleo, si tal colocaci¨®n fuese anterior a dicha sentencia.

Pues bien, en el caso de que hubieran transcurrido m¨¢s de sesenta d¨ªas h¨¢biles desde la fecha en que se present¨® la demanda por despido hasta la sentencia que por primera vez declare su improcedencia, el empresario puede reclamar al Estado los salarios pagados al trabajador por el tiempo que exceda de dicho plazo.

Hasta ahora estas reclamaciones eran limitadas, dada la rapidez y celeridad que caracterizan el proceso laboral y la preferencia que se dota a los despidos, pero el colapso actual de los juzgados ha provocado su ralentizaci¨®n, dando lugar a que se multipliquen las reclamaciones al Estado por el abono de los "salarios de tramitaci¨®n".

Este coste a?adido se ha considerado "inasumible para las dotaciones actuales". De ah¨ª que se haya aprobado un Plan de Refuerzo, con el objetivo de que la tramitaci¨®n de los procesos por despido no supere los sesenta d¨ªas que generan la obligaci¨®n del pago de salarios de tramitaci¨®n por el Estado. Para ello se ha decidido incrementar temporalmente el personal asignado a los juzgados m¨¢s sobrecargados (como Madrid, por ejemplo), y celebrar juicios por las tardes.