Tres autonom¨ªas reciben m¨¢s dinero para dependencia del que reparten

El Gobierno aporta m¨¢s de la mitad de lo que cuesta la Ley de Dependencia (un 55,7% del total de los fondos que se destinan, sin tener en cuenta los territorios forales ni Ceuta y Melilla), las comunidades se encargan del 27,5% y los usuarios, del resto (un 16,8%). Pero no todas las autonom¨ªas est¨¢n haciendo el mismo esfuerzo. A tres de ellas, Canarias, Baleares y Murcia, les basta con el dinero que reciben del Estado para atender a los ciudadanos que tienen registrados en el sistema y a¨²n les sobra. Un informe elaborado por la Asociaci¨®n Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha establecido el coste por persona dependiente en 9.256 euros anuales. De ellos, el Estado aporta una media de 5.155, pero algunas comunidades, como Canarias, reciben 11.510 euros por dependiente; Baleares, Madrid y Extremadura por encima de los 7.500 y a la Comunidad Valenciana y Murcia les llega m¨¢s de 6.100 por persona atendida.

El Ejecutivo aporta un 55% del total de lo que se destina a sufragar la ley

"Algunas comunidades, en lugar de quejarse de la financiaci¨®n, deber¨ªan explicar qu¨¦ est¨¢n haciendo con el dinero que reciben y que no emplean en Dependencia, y por qu¨¦ no est¨¢n aportando al menos la mitad de lo que les da el Estado, tal y como establece la ley", reclama el presidente de la Asociaci¨®n de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, Jos¨¦ Manuel Ram¨ªrez.

A falta de datos p¨²blicos (las comunidades no especifican lo que destinan a la Dependencia) esta asociaci¨®n ha determinado lo que cuesta al mes, como promedio, cada servicio, es decir, una plaza en una residencia (1.700 euros), en un centro de d¨ªa (700) o la ayuda a domicilio (751,50). Y lo ha hecho generosamente, atendiendo a los precios m¨¢s altos. A ello han sumado las prestaciones econ¨®micas que se establecen por la ley. Con un total (siempre sin los territorios forales, que siguen otra v¨ªa de financiaci¨®n, ni Ceuta y Melilla, de las que se encarga el Gobierno) de 375.384 personas atendidas en la actualidad, el coste de la Dependencia se fijar¨ªa en 3.474 millones de euros anuales.

El Gobierno aporta 1.935 millones de euros; el usuario, mediante el copago, pone 585 millones; por tanto, las comunidades se encargan de 954 millones.

El Gobierno financia la Dependencia por dos v¨ªas, el nivel m¨ªnimo y el acordado. Y las comunidades est¨¢n obligadas por ley a poner al menos lo mismo que reciben del Estado. En el gr¨¢fico de arriba se aprecia c¨®mo algunas comunidades, efectivamente, igualaban o superaban al Gobierno en sus aportaciones, mientras que otras se quedaban mucho m¨¢s cortas. Hasta que el Ejecutivo decidi¨® incorporar un dinero extra (373 millones). Eso ha desequilibrado a¨²n m¨¢s las aportaciones en algunas comunidades, hasta el punto de que les basta y les sobra con el dinero del Estado para atender a sus dependientes. Canarias (-37%), Baleares (-7,9%) y Murcia (-6,6%) han llenado las arcas por encima de los gastos que pueden justificar. Y otras, como Extremadura, Galicia o Catalu?a tampoco salen muy bien paradas con estos datos.

Por el contrario, comunidades aut¨®nomas como Cantabria, Castilla y Le¨®n, La Rioja, Andaluc¨ªa o Castilla-La Mancha presentan un buen saldo. "El sistema de financiaci¨®n de la Dependencia es perfectamente sostenible, en contra de lo que afirman algunos estudios, pero es imprescindible revisarlo. Hay que financiar en funci¨®n del reconocimiento del derecho a una ayuda de las personas y de acuerdo con la prestaci¨®n que finalmente se le asigne a cada dependiente", afirma el presidente de la asociaci¨®n de directores de servicios sociales. Ram¨ªrez explica que, de esta forma "se evitar¨ªa que algunas comunidades hagan caja a costa de la financiaci¨®n y no atiendan a las personas que precisan ayuda urgentemente".

Esta asociaci¨®n reclama, adem¨¢s, un "control exhaustivo sobre el dinero que se est¨¢ transfiriendo a las comunidades y sobre los compromisos que ¨¦stas adquieren para el uso de estos fondos".

Un informe sobre la Ley de Dependencia que se encarg¨® a la Agencia de Evaluaci¨®n del Estado ya puso de manifiesto la oscuridad de las comunidades aut¨®nomas a la hora de presentar sus cuentas, la necesidad de que se reforme el Imserso y que se exijan responsabilidades a aquellas administraciones que no cumplan con la ley. "Todo ello est¨¢ a¨²n pendiente", afirma Ram¨ªrez.