Los afectados por la f¨¢brica de Uranio de And¨²jar tiran la toalla
Ex trabajadores y viudas abandonan la v¨ªa judicial tras 17 derrotas en el TSJA
Los ex trabajadores de la F¨¢brica de Uranio de And¨²jar (FUA) y las viudas de los ya fallecidos han dicho basta. No aguantan m¨¢s. No tienen m¨¢s fuerza, ni tampoco quieren empe?ar sus exiguas pensiones en un interminable proceso judicial para reclamar que se les reconozca como profesionales, y no comunes, las enfermedades que padecen por las radiaciones que recibieron durante los 22 a?os que estuvo abierta la escombrera, desde 1959 a 1981. La plantilla era de 126 empleados, pero ya han muerto 56, el ¨²ltimo de ellos el mes pasado, la mayor¨ªa por c¨¢ncer. Tras dos d¨¦cadas luchando en la v¨ªa administrativa, 45 afectados decidieron en 2008 reclamar en los juzgados, pero el Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa (TSJA) ha emitido ya, con una celeridad inusual, 15 sentencias denegatorias, lo que hace augurar el rumbo del resto. Este nuevo rev¨¦s les ha hecho tirar la toalla definitivamente.
El d¨ªa 18 se ver¨¢n los siete ¨²ltimos juicios en los juzgados de Ja¨¦n
"Podr¨ªamos acudir al Tribunal Supremo, pero ser¨ªa un proceso muy costoso que no podemos asumir y, adem¨¢s, muy largo, y la mayor¨ªa de nosotros no ver¨ªamos su desenlace", afirma, entre resignado e indignado, Jos¨¦ Soto, portavoz de la Asociaci¨®n de Ex Trabajadores y Viudas de la FUA. De 70 a?os de edad, Jos¨¦ trabaj¨® durante 22 a?os en el centro del proceso qu¨ªmico de esta f¨¢brica, que trataba mineral de uranio para la obtenci¨®n de concentrado de ¨®xido de uranio que luego transportaba a Francia o Estados Unidos para su utilizaci¨®n en centrales nucleares. Jos¨¦ es uno de los 15 afectados a los que, tanto los juzgados de Ja¨¦n como el TSJA, han desestimado su demanda. El d¨ªa 18 de este mes est¨¢n fijadas las siete ¨²ltimas vistas en el Juzgado de lo Social n¨²mero 2 de Ja¨¦n, pero la moral de los antiguos empleados est¨¢ por los suelos. "Muchos compa?eros ya han muerto y el resto estamos muy tocados", se?ala Jos¨¦, inquieto por conocer el resultado de una biopsia a la que se someti¨® la semana pasada.
Antes de embarcarse en la v¨ªa judicial, el rev¨¦s lo hab¨ªan recibido por parte del Centro de Investigaciones Energ¨¦ticas, Medioambientales y Tecnol¨®gicas (Ciemat) que desestim¨®, por haber prescrito, la reclamaci¨®n patrimonial de la asociaci¨®n de ex trabajadores por la que ped¨ªan al Estado una indemnizaci¨®n de 12 millones de euros por da?os y perjuicios, y del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), dependiente del Ministerio de Trabajo, que emiti¨® otro informe en el que rechazaba que sus patolog¨ªas tuvieran su origen en la contingencia de enfermedad profesional. Pero no se tuvo en cuenta un informe cient¨ªfico suscrito por la inspecci¨®n de servicios sanitarios de la Junta de Andaluc¨ªa, que revelaba la existencia de "da?os en aparato respiratorio, en ri?ones y aparato excretor, da?os inmunol¨®gicos, hematol¨®gicos y metab¨®licos".
S¨®lo en dos casos, por la v¨ªa administrativa, se atendi¨® esta reivindicaci¨®n, que supondr¨ªa una revalorizaci¨®n media de sus pensiones de unos 500 euros mensuales. Fue la de dos trabajadores que murieron de c¨¢ncer de pulm¨®n, que s¨ª est¨¢ recogida en el cat¨¢logo de enfermedades profesionales actualmente vigente. Pero los afectados se preguntan por qu¨¦ no tienen los mismos derechos los que han tenido otros tipos de c¨¢ncer.
El letrado de los ex trabajadores y viudas, Manuel ?ngel V¨¢zquez, se muestra sorprendido por la celeridad con la que el TSJA est¨¢ fallando los recursos interpuestos contra las sentencias denegatorias de los Juzgados de lo Social de Ja¨¦n. "Son expedientes de m¨¢s de 1.000 folios y es imposible que los hayan mirado, todas las sentencias est¨¢n cortadas por el mismo patr¨®n", comenta.
A los trabajadores y viudas s¨®lo les queda c¨®mo ¨²ltima esperanza que el Parlamento Europeo, a donde Izquierda Unida ha llevado el caso, les d¨¦ la raz¨®n por la v¨ªa pol¨ªtica. Pero tambi¨¦n aqu¨ª hay mucho escepticismo, pues todav¨ªa se recuerda la moci¨®n aprobada en 2005 por unanimidad de todos los grupos pol¨ªticos del Congreso y el compromiso adoptado por el entonces ministro de Trabajo, Jes¨²s Caldera. "El ministro se fue y nada m¨¢s se supo de su compromiso. Ha sido un abuso", exclama Jos¨¦ Soto.
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