Los socialistas denuncian al juez la financiaci¨®n ilegal del PP valenciano

El PP valenciano se financi¨® con donaciones procedentes de empresas beneficiadas por la Generalitat en los procesos de adjudicaci¨®n de contratos p¨²blicos. Francisco Camps, presidente de la Generalitat, estaba al corriente de todo. ?ste es el n¨²cleo argumental de la querella presentada ayer por los socialistas valencianos contra el propio Camps, cinco altos cargos del Gobierno y del PP valenciano, cinco de los cabecillas de la trama G¨¹rtel, con Francisco Correa al frente, y cinco constructores locales. Los socialistas les acusan de los posibles delitos de cohecho, malversaci¨®n, prevaricaci¨®n, falsedad documental, delito tributario, alteraci¨®n contable y financiaci¨®n irregular.

La querella tambi¨¦n se dirige contra el ex director general de R¨¤dio Televisi¨® Valenciana (RTVV) Pedro Garc¨ªa por propiciar un pelotazo millonario a Correa con motivo de las adjudicaciones para retransmitir los actos de la visita del Papa a Valencia en 2006. Canal 9 adjudic¨® por 6,4 millones de euros la sonorizaci¨®n el acto a Teconsa, una empresa pantalla de la trama. Correa recibi¨® una comisi¨®n de 957.300 euros, seg¨²n la investigaci¨®n policial en la que se basa la querella.

"Los empresarios deben soportar las presiones del Gobierno", dice Luna

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ser¨¢ la encargada de decidir si esa querella se convierte en una investigaci¨®n judicial. La sala que debe determinarlo est¨¢ presidida por Juan Luis de la R¨²a, magistrado a quien p¨²blicamente Francisco Camps se?al¨® como un "m¨¢s que amigo". De la R¨²a archiv¨® la causa abierta contra Camps por el esc¨¢ndalo de los trajes y rechaz¨® investigar el informe policial que recoge indicios de una supuesta financiaci¨®n irregular del PP valenciano.

El portavoz socialista en las Cortes Valencianas y uno de los cuatro firmantes de la querella, ?ngel Luna, explic¨® ayer que la investigaci¨®n que instan "permitir¨¢ demostrar la estrecha vinculaci¨®n de la c¨²pula del Consell y del PP con una gigantesca trama de corrupci¨®n internacional". Seg¨²n su relato de los hechos, Camps estaba al corriente de los hechos y es el responsable "a quien se acude en ¨²ltima instancia para resolver los problemas derivados de las deudas, los pagos o los cobros". El ya ex secretario general del PP, Ricardo Costa, era "responsable de canalizar los pagos en B a Orange Market, SL", y el vicepresidente del Consell, Vicente Rambla, "tendr¨ªa como funci¨®n controlar las adjudicaciones de la Administraci¨®n p¨²blica valenciana a las empresas del grupo Francisco Correa, entre las que est¨¢ Orange Market, as¨ª como la financiaci¨®n de empresarios".

Seg¨²n la querella, que se apoya en el informe de la Unidad contra el Blanqueo de Dinero (UDEF) del Cuerpo Nacional de Polic¨ªa, las constructoras se hac¨ªan cargo de facturas que Orange Market giraba por actos del PP valenciano. La investigaci¨®n se?ala a Facsa, Lubasa, Enrique Ortiz e Hijos, Sedesa -vinculada a la familia del vicepresidente del Consell, Juan Cotino- y al Grupo Piaf.

La facturaci¨®n de Orange Market al PP se realiz¨® bajo una doble facturaci¨®n, una real identificada como Alicante y otra opaca bajo la denominaci¨®n Barcelona (inicial de b). Seg¨²n la querella, la operativa seguida consist¨ªa en que una factura emitida por el PP valenciano la transformaban, por ejemplo, en otra emitida a la sociedad Enrique Ortiz e Hijos. Esta mercantil ser¨ªa la que pagaba realmente el acto del partido. O bien, se giraba una factura al PP de Castell¨®n, luego se cambiaba por otra emitida a Facsa y ¨¦sta efectuaba el desembolso del evento del partido. En el documento se hace referencia a que en el anexo 1 del informe de la UDEF se da cuenta de un correo electr¨®nico enviado desde Orange Market en el que hay una petici¨®n de cambio de cliente, del PP a Enrique Ortiz e Hijos. Y corrobor¨¢ndolo aparecen facturas emitidas por Orange Market en las que inicialmente estaba como cliente el PP, que se cambian por el citado empresario (ve¨¢se gr¨¢fico).

Las empresas denunciadas "han sido adjudicatarias de contratos por la administraci¨®n p¨²blica valenciana en compensaci¨®n de los favores realizados para la formaci¨®n pol¨ªtica del PP, sufragando actos pol¨ªticos", sostiene la querella. Estas empresas han sido beneficiarias de contratos p¨²blicos por parte de la Generalitat de alrededor de 1.000 millones.

La investigaci¨®n no est¨¢ cerrada. ?ngel Luna advirti¨® de que existe documentaci¨®n que no ha sido analizada "por tanto, no es descabellado pensar que asistiremos a la descripci¨®n de m¨¢s hechos delictivos".

La patronal auton¨®mica Cierval sali¨® por la tarde en defensa de la honorabilidad de los empresarios valencianos. A este respecto, ?ngel Luna reconoci¨® que pudieron ejercerse presiones sobre los empresarios, pero agreg¨® que "tambi¨¦n hay que saber soportarlas". El vicepresidente del Gobierno valenciano, Vicente Rambla, ret¨® a los socialistas a que "citen con pruebas una sola adjudicaci¨®n irregular de la Generalitat".