El Puerto de Mar¨ªn alega que es imposible demoler el relleno ilegal
La asociaci¨®n demandante pide ejecutar el fallo "con todas las consecuencias"
El presidente del Puerto de Mar¨ªn-R¨ªa de Pontevedra, Jos¨¦ Benito Su¨¢rez Costa, convoc¨® ayer un consejo de administraci¨®n extraordinario para analizar la sentencia del Tribunal Supremo que declara ilegal el relleno de Placeres, uno de los mayores de Galicia. El fallo, que anula todo el Plan Especial portuario, cuestiona seriamente la legalidad de los rellenos ejecutados en la r¨ªa pontevedresa, que tantas veces han denunciado ecologistas y mariscadores. Su¨¢rez Costa se desmarc¨® con una advertencia: desmontar el relleno puede tener un coste ambiental m¨¢s agresivo que el propio relleno. Su aviso no ha hecho mella en la asociaci¨®n que recurri¨® el relleno, que ayer anunci¨® que ir¨¢ a por la ejecuci¨®n de la sentencia "con todas las consecuencias".
Los vecinos pedir¨¢n la retirada de licencias a las empresas instaladas
Su¨¢rez Costa defendi¨® que "todas las obras que ha hecho esta Autoridad Portuaria cuentan con una declaraci¨®n de impacto ambiental", por lo que sostiene: "Desde ese punto de vista, no hay ning¨²n fallo". El hecho es que la sentencia se basa precisamente en la ausencia de ese estudio para el relleno, de m¨¢s de 300.000 metros cuadrados de superficie. El futuro pasa ahora, dijo el presidente del Puerto, por pedir consejo al jefe de la Abogac¨ªa del Estado para determinar los pr¨®ximos pasos. Su¨¢rez Costa tambi¨¦n tiene previsto reunirse con el director del ente portuario para conocer los tr¨¢mites realizados en este sentido, ya que hace s¨®lo unos meses que ocupa la presidencia.
Ante las graves repercusiones que podr¨ªa tener la reposici¨®n de la legalidad (dos empresas se asientan en ese suelo: P¨¦rez Torres y Gonvarri), advirti¨® que el da?o ambiental de esa actuaci¨®n para devolver los terrenos a su estado original podr¨ªa ser mayor que al ya realizado. La sentencia obliga a Xunta, Diputaci¨®n de Pontevedra y Autoridad Portuaria a efectuar "la reposici¨®n de la zona portuaria a la anterior situaci¨®n y estado". El Supremo establece un reparto del coste de esta reposici¨®n del 30% para la Administraci¨®n auton¨®mica, 20% para la provincial y 50% para el Puerto.
El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fern¨¢ndez Lores, record¨® ayer que el Partido Popular gobernaba entonces en la Xunta, la Diputaci¨®n y el Ayuntamiento, tres instituciones directamente afectadas por el fallo judicial, mientras que el BNG local ya vot¨® en contra del relleno a fin de evitar convertir el puerto "en un pol¨ªgono industrial". "Se saltaron los informes municipales", pese que "se advirti¨® claramente la necesidad de declaraci¨®n de impacto ambiental".
El presidente de la Diputaci¨®n de Pontevedra, Rafael Louz¨¢n, ha decidido esperar a tener la sentencia en sus manos para pronunciarse. De momento, sin embargo, ha descargado responsabilidades, ya que la aprobaci¨®n del Plan Especial se produjo en el 1993, cuando la presidencia provincial la ocupaba C¨¦sar Mera, "y de cuya corporaci¨®n Louz¨¢n no formaba parte", puntualizan fuentes del organismo. El documento, insisti¨® ayer Louz¨¢n, fue respaldado por todos los grupos (PP, BNG y PSOE) con excepci¨®n del independiente Antonio Nieto Figueroa, Leri.
Adem¨¢s, el presidente de la instituci¨®n provincial puso sobre la mesa que ¨¦ste es un ejemplo de c¨®mo la "lentitud" de los propios procesos judiciales puede conllevar prejuicios a terceros. Ahora, se?al¨®, "16 a?os despu¨¦s tendr¨¢n que sentarse todas las administraciones implicadas y ver qu¨¦ puede ejecutarse de la sentencia", ya que "habr¨¢ cosas inejecutables" para las que deber¨¢ establecerse alguna f¨®rmula compensatoria.
La asociaci¨®n que present¨® la demanda, una plataforma vecinal de Placeres, se apresur¨® a anunciar que considera que todo el fallo del alto tribunal puede ejecutarse. "Hasta se establecen los porcentajes del gasto", se?ala Manuel Garc¨ªa, portavoz de la organizaci¨®n.
La plataforma estudia con su equipo jur¨ªdico una petici¨®n formal al Supremo para que inste a las administraciones a desmontar el relleno, "tenga el coste econ¨®mico que tenga", y recelan del argumento del mayor da?o ambiental que supondr¨ªa la obra.
Pero la sentencia tiene m¨¢s vertientes que la propia ejecuci¨®n del relleno. Al ilegalizar la ampliaci¨®n y el Plan Especial que lo sustenta, las licencias que amparan a las industrias all¨ª instaladas "deben ser revocadas", sostienen los vecinos de Placeres. "Lamentamos que no sea el mejor momento econ¨®mico para que ocurra esto, pero defenderemos la legalidad", asegura Manuel Garc¨ªa. "Todo lo que est¨¢ encima del relleno es tan ilegal como el propio relleno. No hay vuelta de hoja: pediremos que se ejecute la anulaci¨®n de las licencias".
La otra administraci¨®n implicada, la Xunta, que en octubre de 2000 aprob¨® el Plan Especial del Puerto pese a las deficiencias se?aladas por el Tribunal Supremo, eludi¨® comentar la sentencia.
Fuentes pr¨®ximas a Urbanismo de la administraci¨®n auton¨®mica coincidieron con el presidente del Puerto en considerar que la sentencia es de dif¨ªcil ejecuci¨®n y que los da?os ambientales pueden ser relevantes.
Porro sigue adelante con el Areal
La sentencia del Tribunal Supremo no altera los planes de la Autoridad Portuaria de Vigo. El puerto vigu¨¦s carece, como el de Mar¨ªn-Pontevedra, de un Plan de Utilizaci¨®n de Espacios Portuarios que avale el crecimiento sobre el mar, uno de los motivos por los que el Tribunal Supremo declara ilegal la ampliaci¨®n de Placeres. Pero la presidenta, Corina Porro, cree que son casos totalmente distintos, por lo que anunci¨® que sigue adelante con sus proyectos.
Entre estos planes se encuentra el relleno del Areal, que en su primera fase ganar¨¢ 40.000 metros al mar. Porro rechaza que se trate de un relleno, dado el sistema de sustentaci¨®n por pilotes de la nueva plataforma. "No voy a autorizar ni un metro cuadrado de relleno en Vigo", sostiene. Y sobre el Plan Especial que ampara las obras -un documento que, seg¨²n el Supremo, no puede prever actuaciones de este tipo-, se?ala que "cuenta con todas las bendiciones ambientales". "Siempre que hemos ido a los tribunales, la justicia ha acabado dando la raz¨®n al Puerto", asegura.
El denominado plan de usos de Vigo, en tramitaci¨®n, tardar¨¢ al menos a?o y medio en entrar en vigor, seg¨²n c¨¢lculos de la Autoridad Portuaria. Y sin ese documento, "la totalidad de los terrenos y l¨¢minas de agua del puerto vigu¨¦s sigue en la m¨¢s estricta ilegalidad", sostiene la asociaci¨®n A r¨ªa non se vende, que denuncia "el paralelismo entre los casos de Mar¨ªn y Vigo". La organizaci¨®n ecologista no detiene en Areal los efectos de la sentencia, sino que los extiende al resto de proyectos. Entre ellos, el puerto deportivo de Mass¨®, en Cangas.
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