La Comunidad sortea con una ley un fallo judicial y mantiene el caos sobre dependencia

Todo estaba atado y bien atado. La Comunidad de Madrid ya sab¨ªa -sus propios servicios jur¨ªdicos lo auguraban- que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), conocida el lunes, le impedir¨ªa ampararse en el silencio administrativo de seis meses para no reconocer el derecho de un dependiente a ser valorado.

Y por eso, el 5 de noviembre, antes de conocerse el fallo, ya hab¨ªan preparado un proyecto de ley, la de Medidas Liberalizadoras -se aprobar¨¢ en diciembre-, que consagra esa coartada para demorarse en la atenci¨®n a estas personas. Nada cambia, pues, para los m¨¢s de 8.000 discapacitados que llevaban m¨¢s de seis meses de espera y que pensaban que con la sentencia del TSJM hab¨ªan conseguido de manera autom¨¢tica la condici¨®n de dependientes con derecho a alguna prestaci¨®n.

En la ley, un texto que nada tiene que ver con la Ley de Dependencia, se incluye un punto en el que se otorga rango legal al silencio administrativo "desestimatorio" para el reconocimiento del grado de dependencia. Un mero truco administrativo, pues la Consejer¨ªa de Asuntos Sociales nunca ha rechazado a nadie mediante ese procedimiento. Pero s¨ª les es ¨²til para no agilizar un sistema casi colapsado que supone una media de espera de m¨¢s de un a?o.

"Se va a poner un a?adido en la ley para que quede claro que nadie se puede quedar fuera por este concepto del silencio administrativo", afirma una portavoz de Asuntos Sociales.

Pilar S¨¢nchez Acera, portavoz de Asuntos Sociales del PSM en la Asamblea, descubri¨® la triqui?uela escudri?ando el proyecto de ley en el que se esconde. "Es todo un truco, siempre un truco con la Dependencia", exclama casi suspirando: "Y mira que se podr¨ªa hacer bien". S¨¢nchez Acera va enumerando sus objeciones al plan del Gobierno regional: "Para empezar, lo meten en una norma sobre empresas que no tiene absolutamente nada que ver con el tema", explica, y prosigue: "Lo peor de todo no es que insistan en el silencio administrativo, sino que adem¨¢s sus retrasos se van a m¨¢s de dos a?os en muchas ocasiones".

La diputada socialista recuerda que el Defensor del Pueblo ha advertido a la Comunidad Valenciana por perge?ar un ardid muy semejante al de Madrid.