As¨ª se juzga a los piratas del ?ndico

Sabe acaso este tribunal que el golfo de Ad¨¦n existe?", pregunta ret¨®ricamente Oruko Nyawinda, abogado de la defensa, en relaci¨®n con el lugar del planeta donde m¨¢s actos de pirater¨ªa se cometen. "?Sabe si el carguero Mar¨ªa K es real?", contin¨²a al tiempo que agita en el aire la carpeta verde con los documentos del caso. La juez Rose Makungu, que durante la exposici¨®n del fiscal ha estado tomando notas en un cuaderno como una alumna aplicada, levanta la vista. Por debajo de las gafas de montura de pl¨¢stico observa al letrado con gesto de desaprobaci¨®n. "Ni la defensa, ni la fiscal¨ªa, ni la juez han estado all¨ª nunca, ni han visto el barco, as¨ª que es posible que no existan", insiste el defensor.

"Estos juicios son una pantomima", asegura el abogado de varios acusados. "La juez no sabe ni d¨®nde est¨¢ Ad¨¦n"

"El d¨ªa en que se juzgue a se?ores de la guerra y a negociantes y abogados que les ayudan, se har¨¢ algo contra la pirater¨ªa"

Quienes s¨ª pueden dar testimonio de la existencia del golfo de Ad¨¦n son los nueve j¨®venes que se encuentran detr¨¢s de la estructura de madera que delimita el banquillo de los acusados. Mientras que los abogados y magistrados visten trajes oscuros, tan poco precisos en los cortes como impolutos -que les dan un aire pueblerino, excesivamente solemne, similar al que impera en los servicios dominicales de las iglesias evangelistas de Mombasa-, los acusados llevan polos de colores y vaqueros gastados. Siguen el juicio a trav¨¦s de Guido, el traductor al somal¨ª, cuya voz resuena igual de infatigable que el aleteo de las palas de los enormes ventiladores que cuelgan del techo. Uno de los muchachos, que no parece tener m¨¢s de 15 a?os, mira a la nada con expresi¨®n ausente, cansada.

El fiscal, Alexander Muteti, los acusa de un acto de pirater¨ªa. Seg¨²n consta en las actas del caso 2.127/09, el pasado 22 de mayo, los nueve somal¨ªes se dirigieron en una peque?a embarcaci¨®n hacia el carguero de bandera libanesa Mar¨ªa K. La declaraci¨®n escrita del capit¨¢n, David Georghe, se?ala que los piratas les dispararon con un lanzagranadas RPG, pero el tiro "afortunadamente pas¨® entre la chimenea y el m¨¢stil".

Otra declaraci¨®n, en esta ocasi¨®n del oficial de la Marina italiana Gennaro Liotti, explica que recibieron una llamada de auxilio del Mar¨ªa K a las 10.10. Acto seguido, desde la fragata Maestrale F570 enviaron un helic¨®ptero que en siete minutos lleg¨® a la zona y captur¨® a los nueve piratas. ?stos ten¨ªan en su poder 22 proyectiles calibre 7,62 mil¨ªmetros y un fusil AMD 65 (versi¨®n h¨²ngara del famoso AK 47 sovi¨¦tico).

"Mis clientes volv¨ªan a Somalia desde Yemen, donde hab¨ªan ido a trabajar. Es una ruta muy com¨²n para el tr¨¢fico de personas. Una ruta muy peligrosa tambi¨¦n, por eso iban armados. Tras recibir la llamada de auxilio, los marinos italianos cogieron a los tripulantes del primer barco que encontraron", afirma a la salida de la audiencia Oruko Nyawinda, el abogado defensor. "El problema es que la magistrada no sabe d¨®nde est¨¢ el golfo de Ad¨¦n. El problema es que no tenemos recursos para investigar, para buscar pruebas. Estos juicios son una pantomima".

Entre los acusados se encuentra Said Abdalah Haji, al que la fiscal¨ªa acusa de haber sido el cabecilla del grupo que atac¨® al Mar¨ªa K. Padre de dos hijos, tiene 22 a?os y asegura que trabaj¨® como obrero en Arabia Saud¨ª.

"No entendemos por qu¨¦ se nos juzga. No hemos hecho nada. Si nos llevan a Somalia, la gente se reir¨¢ al escuchar que somos piratas. Los piratas all¨ª son conocidos por todos", arranca Haji, que viste un sarong verde alrededor de la cintura y camiseta blanca de tirantes. Brazos l¨¢nguidos, p¨®mulos hundidos, ojos saltones, apagados. "Necesitamos libertad para volver a nuestra vida. Aunque era una vida miserable, la vida aqu¨ª es peor a¨²n. All¨ª al menos puedo ver a mi mujer y a mis dos hijos".

En el proceso de la sala 3, el Estado keniano acusa a otros nueve somal¨ªes de cometer actos de pirater¨ªa contra el carguero alem¨¢n Courier. La magistrada a¨²n no ha aparecido en escena, por lo que varios abogados conversan animadamente frente al estrado. Entre ellos se encuentra Francis Kadima, que participa en cinco de los nueve casos de pirater¨ªa que se est¨¢n juzgando ahora en Kenia. Casos en su mayor¨ªa de ataques frustrados, que no terminaron en secuestro, pero s¨ª con la detenci¨®n de los presuntos piratas gracias a la r¨¢pida respuesta de barcos de guerra de Alemania, Francia, Suecia, Italia, Reino Unido, Estados Unidos y Espa?a. La Armada espa?ola particip¨® en la detenci¨®n de los atacantes del mercante Nephelis, de bandera paname?a, y del Anny Petrakis, originario de Malta, en mayo pasado.

La opini¨®n de Francis Kadima es igual de afilada que la de su colega Oruko Nyawinda: "Hay que nivelar el campo de juego. Estos j¨®venes no est¨¢n teniendo procesos justos. Primero porque vienen de un Estado fallido. Si eres brit¨¢nico y te llevan a prisi¨®n en el extranjero, tu Gobierno har¨¢ lo posible porque tengas una buena defensa. Los somal¨ªes no tienen a nadie que los respalde".

El segundo problema que observa es la ausencia de recursos para la defensa. Explica que el sistema keniano s¨®lo ofrece abogados de oficio en los casos que puedan conllevar penas capitales. La legislaci¨®n keniana sobre pirater¨ªa prev¨¦ pena de muerte en caso de asesinatos y ataques violentos. Pero el acuerdo firmado el 6 de marzo de 2009 entre Kenia y la Uni¨®n Europea para la extradici¨®n a Mombasa de los piratas detenidos por la misi¨®n de la EUNAVFOR (Fuerza Naval Europea) deja fuera esa posibilidad.

"Voy a ser muy sincero", prosigue Francis Kadima. "Hay dos casos por los que podr¨ªamos presentar recursos ante el Tribunal Supremo, pero no lo hemos hecho. Trabajamos bajo m¨ªnimos, lo confieso. Nadie nos paga".

Desde su oficina en Nairobi, Alan Cole responde a las cr¨ªticas que no pocos abogados, juristas y defensores de derechos humanos plantean en los juzgados de Mombasa. Cole trabaja para la oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Su cargo es el de coordinador de programas contra la pirater¨ªa.

"Creo que se deber¨ªa apoyar la labor de los abogados de la defensa para que mejoraran sus capacidades de actuaci¨®n. Ser¨ªa una buena idea, pero no es parte del programa que financia la Comisi¨®n Europea. Como apoyamos a la fiscal¨ªa, ser¨ªa extra?o que apoy¨¢semos a ambos lados. Habr¨ªa un conflicto de intereses".

A partir de la resoluci¨®n 1.851 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el 14 de febrero de 2009 se cre¨® el grupo de contacto para la pirater¨ªa de las costas de Somalia, cuya funci¨®n es coordinar a todos los Estados que luchan contra el secuestro y saqueo de barcos. La UNODC es la encargada de las cuestiones legales del grupo. Asiste y asesora a los pa¨ªses de la regi¨®n que reciben a los sospechosos de pirater¨ªa. Su programa m¨¢s ambicioso es el que lleva a cabo en Kenia en colaboraci¨®n con la Comisi¨®n Europea.

"Tenemos un presupuesto de 2,7 millones de d¨®lares [1,8 millones de euros] que nos ha dado Europa. Estamos satisfechos por la forma en que ha ido todo hasta el momento, aunque los procesos podr¨ªan ser un poco m¨¢s r¨¢pidos", se?ala Cole, que es el encargado de invertir este dinero tanto en preparar a los fiscales como en apoyar a la polic¨ªa y a los jueces en sus investigaciones.

Que el programa de Kenia sea el m¨¢s vasto responde a que se trata del pa¨ªs con mayor n¨²mero de acusados. Ya ha recibido a 101 prisioneros desde que firmara el acuerdo de extradici¨®n con Estados Unidos, en enero, y con la Uni¨®n Europea en marzo. Le sigue la regi¨®n de Somalilandia, que tambi¨¦n recibe ayuda de la UNODC y que cuenta con 50 detenidos. En la regi¨®n somal¨ª de Puntlandia hay otros 20. El resto de los apresados por supuesta pirater¨ªa se encuentra en otros pa¨ªses: 20 en Yemen, 9 en Francia, 5 en Holanda, los 2 que se hallan en Espa?a y s¨®lo 1 en Estados Unidos.

Se estima que al sistema judicial keniano se le han atragantado unos 870.000 casos. El pasado 12 de octubre, el propio ministro de Seguridad Interior, George Saitoti, ped¨ªa ayuda internacional para hacer frente a los trabajos atrasados, subrayando la carga adicional que el arribo de los piratas hab¨ªa supuesto tanto para los juzgados como para las saturadas prisiones, que albergan 53.000 presos cuando s¨®lo tienen capacidad para 16.000.

Hassan Omar Hassan, subsecretario de la Comisi¨®n Nacional de Derechos Humanos de Kenia, est¨¢ preparando un informe sobre la situaci¨®n. El borrador se?ala con preocupaci¨®n la ausencia de defensa de oficio y la incertidumbre de los magistrados y abogados kenianos sobre c¨®mo proceder en estos casos, pero va m¨¢s all¨¢. "Es una gran muestra de hipocres¨ªa por parte de la Uni¨®n Europea que pida a los tribunales kenianos que juzguen a los piratas. ?No nos dicen acaso que nuestro sistema judicial est¨¢ corrompido hasta la m¨¦dula? Entonces, ?por qu¨¦ depositan en los kenianos la responsabilidad de dar un juicio justo a los piratas?", se pregunta Hassan Omar Hassan.

Una vez m¨¢s es Alan Cole, responsable del programa financiado por la Uni¨®n Europea para apoyar los juicios a los piratas, el que sale al paso de las cr¨ªticas desde su oficina en Nairobi. "Sinceramente no entiendo estos comentarios. El sistema carcelario keniano dedica 1.000 d¨®lares al a?o para la manutenci¨®n de cada uno de sus 53.000 presos. La Comisi¨®n Europea dedica 300.000 euros al a?o para unos ochenta detenidos". ?Y con respecto al colapso judicial? Cole lo desmiente: "Los casos de pirater¨ªa s¨®lo ocupan el 6% de los casos de los juzgados de Mombasa. Y estamos hablando de que es el ¨²nico juzgado en el pa¨ªs que aborda estas causas".

Del lado de Alan Cole parece estar Wanini Kieri, la directora de la prisi¨®n keniana de Shimo la Tewa, donde est¨¢n recluidos los 101 somal¨ªes acusados de pirater¨ªa. Cabello cortado al ras y sonrisa generosa son las primeras caracter¨ªsticas que destacan de esta mujer que lleva 27 a?os trabajando en c¨¢rceles de Kenia.

"No entiendo de pol¨ªtica. Esas cosas se nos escapan a la gente de a pie. S¨®lo puedo decir que la ONU se ha preocupado por estos muchachos. Les ha tra¨ªdo mantas, no s¨®lo a ellos, sino a los otros 2.000 reclusos. Ahora nos est¨¢n reformando la cocina", asegura Kieri, cuya prisi¨®n est¨¢ en la carretera que conduce a Malindi. En las proximidades se encuentra el Serena Beach Hotel & Spa, uno de los alojamientos m¨¢s lujosos del pa¨ªs, y el famoso Pirate's Club.

Desde la ventana de la oficina de Kieri se vislumbra la entrada a la prisi¨®n, por la que una vez al d¨ªa entra el autob¨²s que trae a los presos del juzgado y en la que se suelen congregar los parientes que vienen de visita. "Nunca aceptan que son piratas. Lo niegan, parecen convencidos de que s¨®lo son pescadores. Yo siempre les pregunto por qu¨¦ pescaban con lanzagranadas. ?Tan peligrosos son los peces de Somalia?", declara.

En la prisi¨®n se encuentra tambi¨¦n el abogado de la defensa, Oruko Nyawinda, que ha venido a preparar los alegatos para el 24 de noviembre, d¨ªa en que la magistrada dir¨¢ si acepta o rechaza la curiosa petici¨®n de desplazar el tribunal al golfo de Ad¨¦n. "Sobre todo creo que, si ellos llegaron a tener algo que ver en todo esto, no fueron los verdaderos culpables". En esta ¨²ltima opini¨®n parecen coincidir casi todos los que en Mombasa est¨¢n relacionados con la lucha contra la pirater¨ªa: abogados y analistas, as¨ª como Alan Cole e incluso Andrew Mwangura, un antiguo y famoso marino que suele participar en las negociaciones de los rescates y cuya vida ser¨¢ interpretada por el actor Samuel L. Jackson en una pel¨ªcula de Hollywood.

"?Alguien se puede creer que estos chicos, estos pescadores analfabetos, van a pedir 20 millones de d¨®lares? Son soldados que se han quedado sin trabajo, que viven en la miseria, a los que se contrata por poco dinero", argumenta Nyawinda. "El d¨ªa en que sean juzgados en Mombasa los se?ores de la guerra y los abogados y negociantes que los asisten en Londres y en Dubai, entonces comenzar¨¢ a haber justicia y realmente se estar¨¢ haciendo algo contra la pirater¨ªa".

Juicio a los piratas del Marina K