El acceso a Internet de un mega ser¨¢ un derecho a partir de 2011

A partir del 1 de enero de 2011 cualquier ciudadano que lo solicite, independientemente de su lugar de residencia, tendr¨¢ derecho a contar con un acceso a Internet con una velocidad m¨ªnima de 1 megabit por segundo (Mbps). El Gobierno ha decidido convertir la banda ancha en un derecho, incluy¨¦ndola dentro de las obligaciones del servicio universal de telecomunicaciones, el conjunto de prestaciones b¨¢sicas que tienen que ser aseguradas en todo el territorio, que ahora s¨®lo contempla tener una l¨ªnea fija, derecho a la gu¨ªa telef¨®nica, cabinas p¨²blicas y acceso para discapacitados.

La medida supone en el plano legislativo una revoluci¨®n puesto que hasta ahora hab¨ªan sido en vano todos los intentos de universalizar el acceso a Internet. Desde el punto de vista pr¨¢ctico, las consecuencias son m¨¢s modestas, ya que de los 9,5 millones de accesos de banda ancha s¨®lo 39.000 de ellas lo hacen a una velocidad inferior a 1 mega. No obstante, supondr¨¢ un impulso para que las compa?¨ªas tiendan nuevas redes y se acorte la brecha digital que se mantiene entre Espa?a y los pa¨ªses m¨¢s avanzados.

La CMT decidir¨¢ c¨®mo asumen el gasto las operadoras

La velocidad media en Espa?a es de 3 a 6 megas; en Jap¨®n se navega a 100

No ser¨¢ f¨¢cil implantar la nueva obligaci¨®n. El Gobierno deber¨¢ modificar la Ley General de Telecomunicaciones o, en su defecto, el reglamento que regula el servicio universal. Posteriormente, deber¨¢ convocar uno o varios concursos para adjudicar la prestaci¨®n del mismo. Y aqu¨ª es donde se genera el principal problema. Sin subvenciones p¨²blicas, ning¨²n operador est¨¢ interesado en prestar este servicio en zonas rurales o con escasa poblaci¨®n, ya que es altamente deficitario. Por lo que, como ha ocurrido con el actual servicio universal, es muy probable que los concursos queden desiertos. El Ejecutivo se ver¨¢ entonces obligado a adjudicar por decreto esa prestaci¨®n a una operadora. Hasta ahora siempre ha elegido a Telef¨®nica.

El segundo problema es qui¨¦n se hace cargo de los gastos. Hasta la fecha, la Comisi¨®n del Mercado de Telecomunicaciones calcula cu¨¢nto cuesta, a?o por a?o, el servicio universal y distribuye el importe entre varias compa?¨ªas, atendiendo a sus cuotas de mercado. En 2006, ¨²ltimo a?o para el que se realiz¨® el c¨¢lculo, el servicio universal cost¨® 75,3 millones, de los que el 71% fueron asumidos por Telef¨®nica, y, el resto, por Vodafone y Orange.

Las compa?¨ªas, a trav¨¦s de su asociaci¨®n Redtel, ya han manifestado su rechazo a la medida. Entienden que, una vez m¨¢s, el Gobierno extiende derechos a sus expensas como ha ocurrido con la reciente obligaci¨®n de identificar las tarjetas prepago, promovida por el Ministerio del Interior, pero sufragada por las operadoras.

El ministro de Industria, Miguel Sebasti¨¢n, que hizo el anuncio en la inauguraci¨®n del III Foro Internacional de Contenidos Digitales (Ficod), no ayud¨® a despejar las dudas, y se limit¨® a indicar que, dependiendo del inter¨¦s que exista por parte de las empresas para ser designadas como operadora del servicio universal, se convocar¨¢n los concursos necesarios por elementos y zonas geogr¨¢ficas.

Al margen de las quejas, la medida puede servir para revitalizar el mapa de la banda ancha en Espa?a, donde s¨®lo el 11% de los internautas abonados disfrutan de una velocidad superior a los 10 megas. Una triste realidad si se compara con pa¨ªses como Jap¨®n, donde la velocidad comercial es 100 Mbps, a un precio de 34 euros mensuales, por el que aqu¨ª se consiguen, con suerte, 3 megas.

El otro gran anuncio del Ficod fue protagonizado por la ministra de Cultura, ?ngeles Gonz¨¢lez-Sinde, quien confirm¨® que el Gobierno impulsar¨¢ el lanzamiento de la macroweb que prepara la industria audiovisual y los grandes estudios estadounidenses para posibilitar las descargas legales de pel¨ªculas [ver EL PA?S del 11 de octubre]. El Gobierno puso esta condici¨®n como paso previo a una regulaci¨®n de las descargas gratuitas a trav¨¦s de programas P2P de intercambio de archivos.