Internet para todos

El Gobierno ha anunciado que el acceso a Internet a un mega de velocidad ser¨¢ un servicio universal en enero de 2011. La Ley General de Telecomunicaciones define como servicio universal el que se garantiza para todos los usuarios finales con independencia de su localizaci¨®n geogr¨¢fica, con una calidad determinada y a un precio asequible. Para cumplir con esta promesa, el Ministerio de Industria deber¨¢ introducir el acceso a Internet en el vigente cat¨¢logo de servicios universales que incluye la telefon¨ªa, los servicios de gu¨ªas de n¨²meros de abonado y las cabinas de tel¨¦fonos, entre otros.

El anuncio se suma a los realizados en otros pa¨ªses. Es m¨¢s ambicioso que el de Francia, pero menos que el de Reino Unido o Finlandia, que tras un primer paso el a?o pr¨®ximo pretende garantizar 100 megas en 2015. La iniciativa es positiva y ha sido celebrada por los internautas porque, de entrada, reconoce el derecho a la poblaci¨®n que no tiene cobertura de Internet a exigirla. Y eso, en un pa¨ªs cuya oferta de banda ancha es m¨¢s lenta y cara que la de muchos otros vecinos europeos.

Internet es una herramienta vital para el desarrollo econ¨®mico y social. Una naci¨®n moderna no puede permitirse que se ahonde la brecha digital dom¨¦stica, algo que obviamente no se combate ¨²nicamente desplegando infraestructura. Tambi¨¦n se necesita difundir una cultura de usos digitales. Pero, desde luego, lo primero es una condici¨®n necesaria.

La promesa podr¨ªa haber sido m¨¢s osada. Tal y como evolucionan los usos de Internet, dentro de un a?o una velocidad de un mega puede resultar demasiado pobre. Falta, adem¨¢s, conocer las velocidades de subida y bajada de archivos que se obtendr¨¢n realmente y su precio para el consumidor. Y falta ver c¨®mo se conducir¨¢ el proceso de implantaci¨®n. Las operadoras se han opuesto a que el Gobierno lance compromisos a su costa y que salen gratis a la autoridad que los anuncia. La normativa europea deja escoger entre que la factura se pague con fondos p¨²blicos o que se distribuya entre los operadores el coste de implantaci¨®n de un servicio universal. Administraci¨®n y operadoras deber¨¢n buscar una f¨®rmula que no penalice la capacidad inversora de ¨¦stas. Pero lo m¨¢s importante es que, en la fecha anunciada, la posibilidad de conectarse a Internet sea un derecho exigible y no una promesa bienintencionada.