Garz¨®n reactiva el caso por el asesinato de Soria e imputa a dos ex ministros chilenos

El juez Baltasar Garz¨®n ha reactivado el caso por el asesinato del diplom¨¢tico espa?ol Carmelo Soria, perpetrado en julio de 1976 por agentes de la polic¨ªa secreta chilena, la tristemente c¨¦lebre DINA, y ha imputado a 13 militares y pol¨ªticos chilenos, entre ellos los ex ministros de Defensa e Interior, Herman Brady Roche y C¨¦sar Ra¨²l Benavides. El caso se inici¨® en 1998, a instancias del letrado Joan Garc¨¦s, en el marco del proceso por genocidio, terrorismo y torturas dirigido contra el dictador Augusto Pinochet, fallecido en diciembre de 2006.

Soria, que era diplom¨¢tico de las Naciones Unidas y nieto del arquitecto y urbanista Arturo Soria, fue secuestrado por agentes de la Brigada Mulch¨¦n de la DINA cuando regresaba en coche a su domicilio, por orden del comandante Ra¨²l Eduardo Iturriaga. Fue brutalmente torturado durante horas y finalmente fue colocado en unas escaleras donde le aplastaron el pecho hasta lograr una doble fractura de la columna vertebral que le caus¨® la muerte. Luego, simularon un accidente al despe?ar su coche, con su cad¨¢ver en el interior.

Garz¨®n considera que los hechos podr¨ªan constituir delitos de torturas y asesinato en el contexto de cr¨ªmenes contra la humanidad dentro de un plan sistem¨¢tico de atentar contra la vida, la libertad y seguridad de las personas, concebido por Pinochet y los responsables del golpe militar del 11 de septiembre de 1973.

Si los jefes y agentes de la DINA fueron los autores materiales, Brady, Benavides y el subsecretario de Interior, Enrique Montero Marx fueron los autores intelectuales al facilitar los medios y dar cobertura a las torturas y asesinato de Soria.

Garz¨®n ha decidido no dirigir el proceso penal contra M¨®nica Madariaga y Sergio Fern¨¢ndez, que eran ministros de Justicia y de Interior, respectivamente, en 1978, cuando firmaron el Decreto de Amnist¨ªa que sirvi¨® para conferir la impunidad a los autores, c¨®mplices y encubridores del crimen. La Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos declar¨® nulo el citado decreto, pero el juez considera que el hecho de que los dos ministros firmaran el decreto no es suficiente para proceder contra ellos, pues de admitir esa raz¨®n habr¨ªa que proceder tambi¨¦n contra todos los dem¨¢s miembros del Gobierno que avalaron el decreto y los que aplicaron la norma posteriormente.

El juez ha cursado una comisi¨®n rogatoria para poder interrogar a los imputados en Chile. Se trata de los miembros de la DINA Manuel Contreras, Ra¨²l Eduardo Iturriaga, Jaime Enrique Lepe, Jorge Remigio R¨ªos, Guillermo Salinas, Pablo Belmar, Ren¨¦ Patricio Quiloht, Rolf Wenderoth y Ricardo Lawrence Mires; Herman Brady, ex ministro de Defensa; C¨¦sar Ra¨²l Benavides, ex ministro de Interior y los altos cargos de ese departamento Enrique Montero y Pedro Espinoza.