La corrupci¨®n y las leyes

A cualquiera le resulta sencillo comprender la relaci¨®n que existe entre el capital f¨ªsico p¨²blico y el desarrollo econ¨®mico: mejores puertos, trenes o carreteras facilitan el intercambio y la presencia de los bienes que producimos en los mercados internos y exteriores.

M¨¢s sutil, y dif¨ªcil de percibir, es la relaci¨®n que existe entre el capital p¨²blico "legal" y el bienestar econ¨®mico. Y sin embargo contamos con una amplia evidencia emp¨ªrica, como acaba de ratificar Transparencia Internacional en su reciente informe de 2009 que demuestra la existencia de una clara correlaci¨®n positiva entre la presencia de instituciones y normas jur¨ªdicas estables que garantizan la transparencia de las transacciones econ¨®micas (tanto las privadas como las p¨²blicas), y los niveles de desarrollo econ¨®mico, de crecimiento, y de bienestar.

La f¨®rmula contra las corruptelas pasa por la ejemplaridad en la sanci¨®n penal y social

Son muchas las formas en las que el capital legal de una sociedad se puede deteriorar (o dejar de incrementarse). Los cambios imprevistos en las normas tributarias, como es bien sabido, reducen los niveles de inversi¨®n, pues merman los niveles de certidumbre que familias y empresas precisan cuando toman decisiones que generan resultados a largo plazo. Pero de todas ellas la corrupci¨®n es, probablemente, la peor de todas. En la Espa?a democr¨¢tica hemos avanzado mucho en la mejora de nuestro capital legal para combatir la corrupci¨®n pol¨ªtica. Atr¨¢s quedan, aunque no mucho (apenas una d¨¦cada), los tiempos en los que, en aplicaci¨®n de la ley de contratos del Estado de 1965, el 81% de las obras p¨²blicas (m¨¢s del 60% de la contrataci¨®n p¨²blica) se adjudicaba directamente, y s¨®lo el 12% por concurso y el 7% por subasta. La adaptaci¨®n a la normativa comunitaria sobre contrataciones p¨²blicas est¨¢ invirtiendo la proporci¨®n de adjudicaciones directas; lo que pone en evidencia, una vez m¨¢s, que la pertenencia a la Uni¨®n Europea tambi¨¦n genera importantes ventajas en el ¨¢mbito institucional.

Y sin embargo, la corrupci¨®n sigue entre nosotros: seg¨²n inform¨® estos d¨ªas la Fiscal¨ªa General del Estado, 730 pol¨ªticos, la mayor¨ªa del ¨¢mbito local, est¨¢n actualmente sometidos a causas judiciales en Espa?a, de ellos 86 en Galicia. Una cifra llamativa, pero que s¨®lo ronda el 1,5% del total de concejales espa?oles (66.000). Unos datos, adem¨¢s, que demuestran que la corrupci¨®n afecta proporcionalmente igual a todas las fuerzas pol¨ªticas: en Espa?a, el PSOE con el 36,1% del total de los concejales encausados, tiene el 36,4% del total de concejales electos; bajo la marca del PP se eligieron al 27,3% de los concejales encausados, cuando son populares el 35,3% del total de concejales; y los 20 encausados que representan a CiU suponen el 4,1% del total acusado de corrupci¨®n, cuando la coalici¨®n nacionalista tiene el 5,13% del total de los concejales de Espa?a.

Algo parejo sucede en Galicia: la mitad de los acusados est¨¢n vinculados al PP, que tiene el 47,3% de los concejales electos; algo m¨¢s de la tercera parte est¨¢n vinculados al PSdeG, que tiene algo menos de la tercera parte del total de los concejales gallegos; una relaci¨®n de la que tampoco se libra el BNG que, m¨¢s ayuno de responsabilidades de gobierno, exhibe un 10% del total de encausados, cuando cuenta con el 17% de los concejales gallegos.

La corrupci¨®n, en definitiva, afecta a todas las fuerzas pol¨ªticas, de forma similar; pero sobre todo a la credibilidad y estabilidad del conjunto del sistema pol¨ªtico democr¨¢tico que nos hemos dado. Dec¨ªa Churchill que el odio era en la pol¨ªtica lo mismo que el ¨¢cido en la qu¨ªmica. Entonces, aparentemente, la pol¨ªtica era una dedicaci¨®n m¨¢s caballerosa, y la capacidad del gobierno de asignar y redistribuir recursos era mucho m¨¢s peque?a. Probablemente hoy hubiera dicho que es la corrupci¨®n, y no el odio, lo que puede disolver a la sociedad democr¨¢tica. Es necesario, pues, administrar dosis adicionales de anti¨¢cidos al conjunto del sistema. La f¨®rmula de este particular Alka-Seltzer institucional es, adem¨¢s, bien conocida: transparencia en la gesti¨®n y en la rendici¨®n de cuentas; independencia de todos los ¨®rganos de control; y ejemplaridad en las sanciones, tanto las penales como las sociales.