Benestar prev¨¦ sustituir los centros de menores por organismos privados

Cerca de 1.600 menores gallegos est¨¢n protegidos por la Xunta. Cuando el n¨²cleo familiar se desmorona y hay riesgo para los ni?os, la Justicia deja a los menores de 18 a?os en manos de la Administraci¨®n. Su destino var¨ªa. Pueden ser derivados a centros de d¨ªa (van a dormir a sus domicilios), a casas de familia (internados en viviendas, en grupos de 6 ¨® 7) o a los centros de protecci¨®n. Los dos primeros est¨¢n gestionados por asociaciones o fundaciones privadas, aunque reciben dinero p¨²blico, y s¨®lo los centros de protecci¨®n est¨¢n gobernados directamente por la Xunta, que se plantea sustituirlos por centros de d¨ªa y casas de familia. La atenci¨®n diaria de los menores gallegos alejados de un entorno familiar de riesgo est¨¢ b¨¢sicamente en manos de educadores. Los centros no cuentan en sus plantillas con psic¨®logos.

El coordinador de Menores de Vigo, Alberto Pereira, asegura que los educadores son diplomados universitarios "con titulaciones en Trabajo Social, Pedagog¨ªa o incluso Psicolog¨ªa" y sostiene que "cuando se presentan trastornos como hiperactividad u otra patolog¨ªa" los ni?os reciben la "adecuada atenci¨®n psicol¨®gica" a trav¨¦s de los equipos t¨¦cnicos de cada delegaci¨®n provincial. Pero educadores y psic¨®logos cuestionan el sistema.

A los ni?os tutelados por la Xunta "los alimentan, los llevan al colegio y les dan un techo: los centros de protecci¨®n funcionan bien como guarder¨ªas", se?ala Jos¨¦ Bouzo, educador y representante de la CIG en el comit¨¦ de empresa en el ¨¢rea de Benestar."Da igual los t¨ªtulos que tengan los educadores: estamos contratados para ejercer de educadores y eso es lo que hacemos", asegura el sindicalista. Bouzo advierte adem¨¢s que "en el momento en el que un menor es desarraigado de su familia, sobre todo si era mala para ¨¦l, necesita atenci¨®n psicol¨®gica continuada y no la tiene". El educador alude a un caso de actualidad: "?Qui¨¦n va a atender al ni?o obeso que debe ingresar en el centro de A Carballeira tras arrancarlo de un ¨¢mbito familiar tan intenso?".

Clara Isabel Fern¨¢ndez, la perito psic¨®loga que realiz¨® el informe que desaconseja el ingreso del menor orensano en A Carballeira, reclama tambi¨¦n el seguimiento psicol¨®gico en los centros de protecci¨®n. "Como el maltrato ps¨ªquico no se eval¨²a ni se diagnostica, se considera que no existe", apunta. En su opini¨®n, los servicios sociales todav¨ªa se entienden como "subsistencia y manutenci¨®n".

El educador reclama adem¨¢s la intervenci¨®n de la Administraci¨®n en las familias. Cree que es necesario el apoyo de educadores y psic¨®logos en los entornos familiares. "El problema nunca es del ni?o, es de la familia, y si no se trabaja con ella, cuando el menor regresa a casa regresa al mismo caos", sostiene. Y reclama la creaci¨®n de los educadores de barrio, "como en otras comunidades aut¨®nomas" del Estado. "Aqu¨ª evolucionamos poco", acaba por matizar.

La Xunta lo desmiente. Pereira asegura que se han dado "pasos de gigante": "En 1982, los centros funcionaban como los reformatorios del siglo XIX y los cuidadores eran guardias civiles que desempe?aban una segunda actividad". Asegura que la Administraci¨®n auton¨®ma realiza ahora un trabajo preventivo con las familias mediante los servicios del centro, los de Menores y los centrales. "Hay un trabajo en red y a trav¨¦s del Progama de Integraci¨®n Familiar (PIF) y del convenio con la Asociaci¨®n de Terapia Familiar de Galicia, trabajamos por el retorno de los menores a sus hogares", se?ala. "Los ni?os ingresan en los centros cuando no se pudo evitar la situaci¨®n de riesgo dentro de la familia". En su opini¨®n, los menores agradecen siempre ese alejamiento.

Alberto Pereira reconoce que la Xunta est¨¢ impulsando los centros de d¨ªa, que gestionan organizaciones privadas concertadas y que se camina hacia la "paulatina desaparici¨®n" de los centros de menores tal y como existen hoy en d¨ªa. "Pretendemos evitar los grandes centros, como el de A Carballeira en Ourense", ahora ocupado al 100%, con 60 ni?os, seg¨²n fuentes del mismo organismo, "y sustituirlos por centros de d¨ªa y casas de familia" gestionadas por asociaciones, muchas de ellas de filiaci¨®n religiosa y atendidas por monjas o frailes, mediante convenio.

Los sindicatos advierten de que la Xunta "ha retomado el camino de la privatizaci¨®n de los servicios sociales". "Eso es alarmante, porque no se puede pretender que sean rentables: son antes de nada una necesidad p¨²blica", sostiene el representante de la CIG.