El 'problema espa?ol', la deriva catalana
Catalu?a est¨¢ en ebullici¨®n. La Espa?a pol¨ªtico-medi¨¢tica empieza a estarlo. Ante los malos augurios respecto al futuro del Estatuto procedentes del Tribunal Constitucional, instituciones, partidos y la sociedad civil catalana -cualquiera que sea el significado de tan manoseado concepto- han dado un paso al frente exigiendo respeto a la integridad de la Carta, fruto de un pacto entre el Parlamento y las Cortes luego validado en refer¨¦ndum. De la "gravedad" del momento, en palabras de Jos¨¦ Montilla, da fe su radical cambio de actitud, pues hace s¨®lo tres meses predicaba calma hasta que el Constitucional dictara sentencia, descartando acciones preventivas como las que ahora comienza a desplegar. Su ofensiva y el clamor social de los ¨²ltimos d¨ªas coinciden, no por azar, con las informaciones que sobre las deliberaciones del alto tribunal ha desvelado este diario.
Es la identidad de Espa?a, y no s¨®lo la de Catalu?a, la que est¨¢ en juego con el fallo de Constitucional sobre el Estatuto
Primero desde estas mismas p¨¢ginas, a t¨ªtulo editorial, y luego desde otras, de modo coral, se ha advertido del verdadero dilema que afrontan los magistrados del alto tribunal. Su misi¨®n, se ha escrito, supera con mucho el mero examen sobre la constitucionalidad del Estatuto: est¨¢ en sus manos apuntalar el presente y fruct¨ªfero marco de convivencia entre los pueblos de Espa?a, merced a una interpretaci¨®n de la Carta Magna tan flexible como la que inspir¨® su redacci¨®n en 1978, o dinamitarlo con una lectura cicatera que acarree una involuci¨®n auton¨®mica.
Resurge estos d¨ªas el pesimismo existencialista de Jos¨¦ Ortega y Gasset, por desgracia a¨²n vigente, que diagnostic¨® el car¨¢cter irresoluble del "problema catal¨¢n" y recet¨® una resignada "conllevancia". Hora es ya, 77 a?os despu¨¦s, de enterrar el t¨®pico orteguiano. Porque el mal llamado problema catal¨¢n es en realidad el problema espa?ol. Y debiera ser Espa?a, constitucionalmente concebida como la suma de las "nacionalidades y regiones" que la conforman, la m¨¢s interesada en zanjar sus disputas con Catalu?a, si en verdad la acoge como parte intr¨ªnseca de su identidad. Tal era el reto al tejer el nuevo Estatuto, y ser¨ªa dram¨¢tico que el desenlace fuera el desgarro y no la sutura.
As¨ª lo razonaba Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero cuando prometi¨® apoyar el Estatuto que aprobase el Parlamento; cuando convenci¨® a los l¨ªderes catalanes para que enviaran al Congreso un anteproyecto de m¨¢ximos condenado a ser cepillado; o cuando hizo campa?a por el s¨ª en el refer¨¦ndum. Por el camino, el feroz boicot del PP y su eco en las encuestas enfriaron los ¨¢nimos del presidente. A su posterior abulia es achacable tanto el bloqueo de la renovaci¨®n parcial del Constitucional -escasa batalla ha librado el PSOE ante las trapacer¨ªas del PP- como el sesgo antiestatutario de las deliberaciones del alto tribunal, donde lleva la voz cantante, precisamente, un magistrado elegido por el Gobierno. Hace ya tiempo que Zapatero y los suyos debieran estar trabajando en favor de un fallo no castrante del Estatuto. Quiz¨¢ ya sea demasiado tarde.
Pero, mal que les pese a muchos, la maladie espa?ola ata?e tambi¨¦n a los catalanes. Y a sus l¨ªderes pol¨ªticos, a quienes cabe exigir que no reincidan en los errores del pasado. Convendr¨ªa que los mismos que el 30 de septiembre de 2005 regaron con cava el texto del Estatuto, aun a sabiendas de que pronto iba a ser papel mojado, no confundieran de nuevo a los catalanes reclamando al Constitucional que no toque ni una coma de la norma. La dignidad de los catalanes no quedar¨ªa pisoteada si se derogasen algunos art¨ªculos o se reinterpretasen otros. Otra cuesti¨®n es que, como parece, el tribunal prive a Catalu?a de sus atributos identitarios -naci¨®n, lengua, derechos hist¨®ricos...-, en cuyo caso la demandada "solidaridad catalana" cobrar¨ªa sentido. Ahora bien, ?romper¨ªa el PSC con el PSOE en aras de esa unidad? ?Renunciar¨ªa CiU a establecer sus propias alianzas en Madrid?
En l¨ªnea con esta deriva, el editorial de 12 diarios de ¨¢mbito catal¨¢n tambi¨¦n proyecta sombras. El pronunciamiento, razonable con matices, subvierte el juego de equilibrios entre prensa y pol¨ªtica, y presenta en su g¨¦nesis el virus de la exclusi¨®n. En una naci¨®n tan compleja como ¨¦sta, donde incluso entre los abajo firmantes hay diarios cuya propiedad radica en Madrid, nadie se puede arrogar el monopolio de la catalanidad. Parad¨®jico que levanten trincheras quienes pregonan concordia.
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