Transparencia contra los que se forran

Los esc¨¢ndalos de corrupci¨®n que afectan al PP en la Comunidad Valenciana y la presi¨®n ejercida por el presidente del Gobierno, Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, y el l¨ªder de la oposici¨®n, Mariano Rajoy, para introducir medidas adicionales de control de los cargos p¨²blicos, han forzado finalmente a los populares valencianos a salir de su inmovilismo. El Grupo Popular, tras haber rechazado distintas iniciativas de la oposici¨®n para mejorar la transparencia y los controles en la Administraci¨®n valenciana, ha presentado finalmente una propuesta para modificar el reglamento de las Cortes y hacer p¨²blicas las declaraciones de patrimonio de los diputados, entre los que est¨¢ la mayor¨ªa de miembros del Consell.

La iniciativa llega despu¨¦s de que los diputados socialistas hiciesen p¨²blico su patrimonio en la web del PSPV-PSOE la pasada primavera y de que el Gobierno de Zapatero, con la oposici¨®n del PP y de CiU, impulsase una ley que permite publicar el patrimonio de los miembros del Ejecutivo, como se hizo en octubre en el BOE.

La presi¨®n para introducir nuevas medidas de transparencia ya hab¨ªa hecho mella en el PP. Tanto que el pasado abril, el propio presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y su entonces portavoz y secretario general, Ricardo Costa, colgaron en la web del partido un certificado de la declaraci¨®n de patrimonio depositado en las Cortes. Seg¨²n esa declaraci¨®n, el presidente de la Generalitat afirmaba poseer una vivienda a medias con su esposa, un coche Saab de 1995, dos seguros de vida, un plan de pensiones y dos cuentas en Bancaja. Costa declar¨® una hipoteca de 120.000 euros de un piso en Castell¨®n, otra de 25.000 por un inmueble en Valencia, un pr¨¦stamo de sus padres de 30.000 para comprarse un coche y cinco cuentas bancarias con un saldo negativo global de 1.435 euros. Las declaraciones de unos y otros pusieron en evidencia dos cosas: la disparidad en los conceptos de las mismas y la fragilidad de la imagen que se transmite con la publicaci¨®n del patrimonio. De hecho, apenas unas semanas despu¨¦s, la imagen de Costa saltaba hecha a?icos por las informaciones del caso G¨¹rtel.

La transparencia en las declaraciones de patrimonio, como reconocen los propios pol¨ªticos, es pol¨¦mica. De hecho, no evita que los que quieran enriquecerse lo puedan hacer, pero a?ade un elemento de presi¨®n (la opini¨®n p¨²blica) sobre quienes tienen responsabilidad pol¨ªtica y est¨¢n tentados de enriquecerse con su cargo. En la actualidad, tanto las Cortes Valencianas como algunos ayuntamientos ya disponen de su propio registro de intereses y patrimonio de altos cargos. La cuesti¨®n es que su efectividad para atajar las conductas indeseables es nula. Primero, porque no existe un control exhaustivo sobre los mismos. Y despu¨¦s, porque, en ocasiones, los partidos se escudan en su existencia para no adoptar otro tipo de medidas hasta que el esc¨¢ndalo es irremediable.

En el caso de la direcci¨®n regional del PP, la exigencia de responsabilidades a los cargos con conductas ¨¦ticamente reprobables se ha vuelto muy laxa. Tanto que s¨®lo se act¨²a si hay sentencia firme o en casos extremos como el de Polop. As¨ª, el PP valenciano se ha mostrado preocupado por el sueldo de la secretaria de Organizaci¨®n del PSOE, Leire Paj¨ªn, (que no dista mucho del que tienen otros cargos similares del PP) mientras ignora el caso del alcalde de La Nucia, cuyo incremento patrimonial es objeto de esc¨¢ndalo.

Puede que el lodo de estos polvos tenga su origen en 1995, tras la victoria del PP en las elecciones auton¨®micas qued¨® patente que hab¨ªa gente que se hab¨ªa metido en la pol¨ªtica para forrarse. La frase se le atribuy¨® a Vicente Sanz, a la saz¨®n presidente provincial del PP en Valencia. El esc¨¢ndalo tuvo su traducci¨®n inmediata: Sanz present¨® la dimisi¨®n de su cargo.

Pero en 1995, el ya presidente Eduardo Zaplana le recuper¨® como alto cargo de RTVV. Casi tres lustros despu¨¦s, Sanz sigue de alto cargo. Y el debate sobre c¨®mo atajar la corrupci¨®n sigue sin resolverse.