Un centenar de polic¨ªas locales de Lugo declarar¨¢ por retirada il¨ªcita de multas

Cerca de un centenar de agentes y auxiliares de la Polic¨ªa Local de Lugo tendr¨¢n que pasar por las dependencias del juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 3 para declarar ante la juez Estela San Jos¨¦ por un presunto caso de retirada fraudulenta de sanciones de tr¨¢fico. La mayor parte lo har¨¢n en calidad de imputados, a los que habr¨¢ que sumar un n¨²mero indeterminado de particulares beneficiados. Seg¨²n los casos, podr¨ªan acabar como imputados por delitos de tr¨¢fico de influencias, prevaricaci¨®n o falsedad documental.

La intervenci¨®n judicial, que est¨¢ bajo secreto de sumario, comenz¨® el pasado 23 de junio, cuando la juez accedi¨® al interior del cuartelillo acompa?ada por varios agentes del Cuerpo Nacional de Polic¨ªa para efectuar un registro. Una vez dentro se fue directamente hacia la unidad de sanciones, seguida por el director general de la Polic¨ªa Local, Dar¨ªo Di¨¦guez y el Inspector Principal, Jes¨²s N¨²?ez. All¨ª se incaut¨® de varios expedientes relacionados con sanciones por alcoholemia y otro tipo de infracciones de tr¨¢fico.

Se trata de la misma juez que puso en marcha una macro investigaci¨®n, que est¨¢ a punto de concluir, por el supuesto sobreseimiento irregular de sanciones en la jefatura provincial de Tr¨¢fico, que provoc¨® las dimisiones del anterior responsable de este departamento y de quien era subdelegado del gobierno en esa ¨¦poca.

El concejal del ¨¢rea de Protecci¨®n a la Comunidad de Lugo, Jos¨¦ R¨¢bade, -que en su d¨ªa declar¨® como imputado por el sobreseimiento de sanciones en la Jefatura de Tr¨¢fico-, compareci¨® ayer mismo para anunciar "m¨¢xima colaboraci¨®n" con la justicia, ante un caso, donde record¨® que el ayuntamiento "ya se ha personado", si bien quiso explicitar el respeto hacia la "presunci¨®n de inocencia" de los presuntos implicados.

Tambi¨¦n envi¨® un mensaje de "tranquilidad" por parte del ejecutivo local hacia la ciudadan¨ªa y dijo que se est¨¢ trabajando "con intensidad" en la reestructuraci¨®n de la polic¨ªa local desde el a?o 2007, para conseguir un cuerpo policial "responsable, eficaz y que responda a los intereses y expectativas que la ciudadan¨ªa de Lugo tiene depositado en ellos".

Dijo desconocer el n¨²mero exacto de polic¨ªas imputados, aunque s¨ª reiter¨® que como gobierno local se hab¨ªan personado "para tener conocimiento del proceso y seguir todas las actuaciones" de un caso que est¨¢ bajo secreto de sumario y para el que, de momento, no fueron reclamados por el juzgado instructor.

De todas formas, no se mostr¨® sorprendido por esta situaci¨®n y admiti¨® que era algo "esperado" como consecuencia de la actuaci¨®n judicial que en su d¨ªa llev¨® a la jueza a registrar las dependencias de la unidad de sanciones.

La realidad es que, seg¨²n algunas fuentes, el m¨¦todo de sanciones es tan arcaico, -pronto se suprimir¨¢ con la dotaci¨®n de medios telem¨¢ticos-, que retirar una multa se pod¨ªa convertir en un acto sencillo e incluso sin que se llegara a enterar el agente que hab¨ªa suscrito el bolet¨ªn de sanci¨®n, ya que no exist¨ªa un n¨²mero de expediente. Lo obsoleto del sistema tambi¨¦n puede acarrear dificultades a la juez en las investigaciones, puesto que en algunos casos es muy complicado hacer un seguimiento de una sanci¨®n retirada.

De hecho, el portavoz del grupo municipal del BNG, Xos¨¦ Anxo Laxe, no dud¨® en afirmar que el sistema "propiciaba un descontrol total, que se acab¨® convirtiendo en arbitrario y ya veremos si tambi¨¦n delictivo".

Entre los imputados podr¨ªa figurar el anterior responsable de la unidad de sanciones, un agente recientemente destinado a otro servicio, tras una pol¨¦mica reestructuraci¨®n de este colectivo que se afront¨® con el apoyo del equipo de gobierno y el grupo municipal del BNG y el rechazo de una parte importante de la plantilla.

Curiosamente, el gobierno local tendr¨¢ que reintegrar en su puesto a este polic¨ªa, ya que una sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo n¨²mero 2, sostiene que en la destituci¨®n del puesto que ocupaba se pudieron observar indicios suficientes para sospechar que se vulneraron derechos fundamentales de libertad sindical y libertad de expresi¨®n.