Defensa y elogio de la Constituci¨®n

La aprobaci¨®n de la Constituci¨®n espa?ola de 1978 ha sido un hito hist¨®rico del que podemos sentirnos orgullosos. La torturada historia de Espa?a, en la que los periodos democr¨¢ticos han sido s¨®lo breves par¨¦ntesis, inici¨® con nuestra Carta Magna una duradera etapa de integraci¨®n pol¨ªtica, progreso econ¨®mico y desarrollo auton¨®mico. Cuando escucho voces que piden olvidar la transici¨®n o que pretenden impulsar una segunda transici¨®n, me inquieta pensar que quiz¨¢ busquen desandar lo andado y prescindir del pacto y los consensos b¨¢sicos que presidieron la elaboraci¨®n y posterior aprobaci¨®n de nuestra ley de leyes. Tampoco deja de sorprenderme que algunos pretendan dar lecciones de constitucionalidad, sabiendo como s¨¦ que su aprecio por nuestra Carta Magna, y especialmente por su T¨ªtulo VIII, es cuando menos sobrevenido.

Toda norma que tenga una lectura acorde con la Carta Magna debe ser juzgada constitucional

?Habr¨¢ que recordar que 'nacional' es el adjetivo que corresponde al sustantivo 'nacionalidad'?

En 1978 abrimos el periodo democr¨¢tico m¨¢s fecundo de nuestra historia y pusimos las bases para ahuyentar definitivamente los tres demonios que envenenaron nuestra historia: la cuesti¨®n militar, la cuesti¨®n religiosa y la cuesti¨®n territorial. El sometimiento de los ej¨¦rcitos al poder civil, la aconfesionalidad del Estado y el reconocimiento del derecho a la autonom¨ªa de las nacionalidades y regiones de Espa?a supusieron un punto y aparte que ser¨ªa temerario revisar.

Por ello, como dem¨®crata, como catalanista, como socialista, como federalista y en mi calidad de President de la Generalitat de Catalunya, me sumo a la conmemoraci¨®n del aniversario de la aprobaci¨®n en refer¨¦ndum por parte de la ciudadan¨ªa espa?ola de la Constituci¨®n de 1978. Volver¨ªa a votarla con ilusi¨®n. Y m¨¢s sabiendo que algunos querr¨ªan modificarla en un sentido involutivo o que piden que se aplique desconociendo el consenso que la hizo posible.

Se entender¨¢ que me centre en los aspectos que se refieren a la estructura territorial del Estado y que inciden directamente en el debate sobre la futura sentencia del Tribunal Constitucional sobre el recurso presentado por el PP contra el Estatuto de Catalu?a. Y que lo haga a partir del texto constitucional que en su propio Pre¨¢mbulo proclama la voluntad de los constituyentes de "proteger a todos los espa?oles y pueblos de Espa?a en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones". El art¨ªculo 2 de la Constituci¨®n afirma la unidad de Espa?a, garantiza el derecho a la autonom¨ªa de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Aspectos, por cierto, que en ning¨²n momento el Estatuto catal¨¢n ha puesto ni en riesgo ni en duda, como se ha demostrado en los m¨¢s de tres a?os que lleva en vigor. Precisamente el art¨ªculo 2 de la Constituci¨®n me trae a la memoria la negativa de muchos sectores de derecha y ultraderecha (de entonces, y al parecer de hoy mismo) a incorporar el t¨¦rmino "nacionalidad" por considerarlo sin¨®nimo de naci¨®n. ?Habr¨¢ que recordar tambi¨¦n que el adjetivo que corresponde al sustantivo nacionalidad es nacional? El art¨ªculo 3 de la Constituci¨®n consagra la oficialidad del castellano en toda Espa?a y de las dem¨¢s lenguas espa?olas en sus respectivas comunidades aut¨®nomas "de acuerdo con sus estatutos". Y no pedimos otra cosa.

Parece oportuno recordar que la Constituci¨®n tuvo el inmenso m¨¦rito de establecer un extenso terreno de encuentro para los dem¨®cratas y los pueblos de Espa?a. ?Quiere alguien hoy leer la Constituci¨®n de forma que los que cab¨ªamos en ella en 1978 nos veamos expulsados de ella en el a?o 2009? El pasado 22 de noviembre, en Mai¨¤ de Montcal, ante la tumba de Ernest Lluch, asesinado precisamente por defender el car¨¢cter inclusivo de nuestra Constituci¨®n, hice esta afirmaci¨®n: "Lo que ayer fue escrito, acordado y votado para unir, no puede servir hoy para dividir. ?ste es el verdadero esp¨ªritu constitucional. Espero que nadie malogre de forma temeraria e imprudente este esp¨ªritu". Tampoco se debe olvidar que muchos de los que votaron el Estatuto de Catalunya no pudieron votar la Constituci¨®n en 1978 y as¨ª han podido unirse al bloque de la constitucionalidad.

Y es en ese marco en el que inscribo mis reflexiones sobre el recurso presentado por el PP contra el Estatuto de Catalu?a ante el Tribunal Constitucional. Vaya por delante mi respeto al tribunal y mi convicci¨®n como dem¨®crata de que sus sentencias deben ser acatadas. No ser¨¦ yo quien cuestione la legitimidad del tribunal, del mismo modo que nadie debe olvidar que es la propia ejecutoria de las instituciones la que en ¨²ltimo t¨¦rmino legitima su labor ante la ciudadan¨ªa. Tampoco creo que la acci¨®n jurisdiccional deba producirse de espaldas a la opini¨®n p¨²blica ni que pueda sustraerse a sus cr¨ªticas, como no puede hacerlo ning¨²n poder del Estado.

Doy por sentado tambi¨¦n que el tribunal es consciente de la responsabilidad que le ha sido conferida al verse obligado -por primera vez en 30 a?os- a fallar sobre una ley org¨¢nica acordada por una delegaci¨®n del Parlamento catal¨¢n, el Congreso y el Senado, aprobada por las Cortes y sometida a refer¨¦ndum de los ciudadanos y ciudadanas de Catalu?a.

No creo que a nadie sorprenda la inquietud causada por las constantes filtraciones sobre las deliberaciones del alto tribunal, agravada por el hecho de que en estos momentos se halle incompleto, a causa del fallecimiento de un magistrado, de que se haya producido la at¨ªpica recusaci¨®n de otro magistrado a los solos efectos de la deliberaci¨®n y votaci¨®n de ese recurso, y de que cuatro magistrados m¨¢s hayan visto anormalmente prorrogado su mandato en casi dos a?os, a causa de un bloqueo impuesto por el PP, deseoso quiz¨¢s de mantener indefinidamente una composici¨®n del tribunal m¨¢s acorde con sus intereses de parte.

Tampoco se entender¨ªan las encendidas pasiones sobre el futuro del Estatuto sin tener en cuenta la hostilidad manifiesta que contra ¨¦l ha levantado de forma innoble el PP durante m¨¢s de tres a?os al grito de "Espa?a se rompe", con su fallido intento de evitar su toma en consideraci¨®n por el Congreso, con su amago de impulsar un refer¨¦ndum ilegal sobre el texto y con un infamante recurso que cuestiona preceptos similares, cuando no id¨¦nticos, a otros recogidos en diversos estatutos que no s¨®lo no recurri¨® este partido, sino que incluso vot¨®.

Creo que el Constitucional tiene entre sus manos una decisi¨®n de gran trascendencia. Y comparto la disyuntiva planteada por el editorialista de EL PA?S: "Agravar el problema catal¨¢n o encauzarlo. ?se es el dilema que afronta el Constitucional". ?se es tambi¨¦n el sentido del editorial conjunto publicado por 12 peri¨®dicos catalanes, que suscribo totalmente: "Est¨¢n en juego los pactos profundos que han hecho posible los treinta a?os m¨¢s virtuosos de la historia de Espa?a".

Desde el respeto a las instituciones y procurando el mejor servicio a la convivencia, que es la principal misi¨®n de todos, considero que el Constitucional debe juzgar plenamente constitucional toda norma que pueda tener una lectura acorde con la Carta Magna, evitando erigirse en una nueva C¨¢mara legislativa que, en el caso del Estatuto, alterar¨ªa un texto sometido al voto de los ciudadanos y ciudadanas a los que ha de servir.

Citar¨¦ como argumento de autoridad un fragmento de la introducci¨®n de Ernest Lluch y Miguel Herrero y Rodr¨ªguez de Mi?¨®n a la obra colectiva Derechos hist¨®ricos y constitucionalismo ¨²til: "Convertir el conflicto en consenso, la disparidad en uni¨®n, es la esencia de lo que Rudolf Smend se?al¨®, acertadamente, como finalidad ¨²ltima de la Constituci¨®n y del derecho constitucional: la integraci¨®n pol¨ªtica, haciendo, en consecuencia, de las instituciones constitucionales otros tantos factores de integraci¨®n". Comparto su apreciaci¨®n y deseo de forma no menos ferviente que una mayor y mejor integraci¨®n de los pueblos de Espa?a sea el desenlace de este proceso. ?ste hubiera sido tambi¨¦n el deseo de Jordi Sol¨¦ Tura, uno de los siete padres de la Constituci¨®n, fallecido el pasado viernes.

Jos¨¦ Montilla Aguilera es presidente de la Generalitat de Catalu?a.