Fraude sin defraudadores

El hundimiento de los ingresos tributarios por el arrastre de la crisis ha hecho que por primera vez en muchos a?os se hable de la fiscalidad para no reducirla, e incluso del fraude, ese agujero negro en la econom¨ªa (y en la ¨¦tica ciudadana) cuya existencia es indudable pero que nadie quiere molestarse en sondear y atajar. Las medidas adoptadas, sin embargo, no han podido ser m¨¢s epid¨¦rmicas: la supresi¨®n de la llamada enmienda Beckham, que concede a los extranjeros que ganan m¨¢s de 600.000 euros anuales (futbolistas estelares, principalmente) el privilegio de pagar el 24%, en vez del 43% como el resto los mortales, y la elevaci¨®n en Euskadi de la tributaci¨®n de las Sicav, uno de esos instrumentos legales que suele crear la propia Hacienda para que los m¨¢s pudientes puedan pagar mucho menos de lo que les corresponder¨ªa.

La sensibilidad contra la corrupci¨®n no se extiende a la elusi¨®n fiscal

Contagiadas por la pr¨¦dica neocon sobre la bondad intr¨ªnseca de reducir los impuestos y por la propia comodidad recaudatoria, las administraciones p¨²blicas han renunciado en nuestro pa¨ªs a establecer una ¨¦tica fiscal o cuando menos una disciplina tributaria cre¨ªble. Al contrario, se ha creado opini¨®n de que pagar impuestos no es un deber de ciudadan¨ªa, sin duda molesto, sino una carga que debe ser eludida si se tiene la oportunidad, so pena de ser retratado como tonto. Mal puede asentarse una ¨¦tica fiscal cuando la ministra jefe de la Hacienda estatal renuncia sin ruborizarse a ajustar la tributaci¨®n de las rentas m¨¢s elevadas al nivel que les corresponder¨ªa por justicia con el argumento de que en ese caso se llevar¨ªan sus dineros a otros pa¨ªses. Tampoco puede haberla cuando el hecho de defraudar depende casi exclusivamente de que los ingresos del afectado est¨¦n o no controlados por Hacienda y cuando, por a?adidura, la comisi¨®n del fraude no conlleva una penalizaci¨®n social. Parafraseando el eslogan de aquella lograda campa?a publicitaria de televisi¨®n de los a?os setenta, Hacienda somos todos, aunque unos bastante menos que otros.

De vez en cuando se habla del problema de la econom¨ªa sumergida y se le da una dimensi¨®n estimada: entre el 20 y el 30% del producto interior bruto. Su simple reducci¨®n a la mitad bastar¨ªa para compensar el impacto de la crisis en la recaudaci¨®n, evitando subir impuestos y el endeudamiento al que se han visto obligadas las administraciones, pero las medidas para atajarlo no van m¨¢s all¨¢ de planes anuales de inspecci¨®n rutinarios y de improbable cumplimiento, porque las plantillas de inspectores y subinspectores son rid¨ªculas. La Diputaci¨®n de Vizcaya encarg¨® hace dos a?os a expertos de la UPV un ambicioso informe sobre el fraude del que no se han tenido noticias una vez entregado. A la Hacienda de Guip¨²zcoa, tocada por varios esc¨¢ndalos, se le ocurri¨® la idea de poner un tel¨¦fono para que los ciudadanos pudieran denunciar de forma an¨®nima los casos de defraudaci¨®n que conozcan. Es un paso, aunque no parece que chivarse de que el fontanero X cobra sin IVA o el vecino Y no declara la renta del piso que tiene alquilado sea suficiente para atenuar el problema.

Abordarlo con decisi¨®n es una cuesti¨®n de voluntad, de poner medios y de crear una ¨¦tica fiscal que se traduzca en rechazo social hacia quien incumpla sus obligaciones tributarias. En Estados Unidos hay, por supuesto, defraudadores, pero no declarar 3.000 d¨®lares impide al olvidadizo acceder a una secretar¨ªa de Estado y le supone ser cricificado ante la opini¨®n p¨²blica, mientras que en Euskadi se puede porfiar por ser diputado general tras haberse descubierto que el candidato ocult¨® a su propia Hacienda la propiedad de varios pisos y los alquileres obtenidos. Y eso en el caso de que la infracci¨®n llegue a conocerse, porque la del defraudador es una figura ausente y hasta protegida por la administraci¨®n.

De vez en cuando se da noticia del volumen de fraude aflorado en un periodo de tiempo y de algunos casos trasladados a la Fiscal¨ªa por presunto delito fiscal. Pero raramente, incluso cuando se ha producido una condena firme, se difunde la identidad del delincuente, con el pretexto de la confidencialidad que rige la relaci¨®n de Hacienda con los contribuyentes. No se trata de exponer a los infractores al escarnio p¨²blico sacando sus nombres en el BOE, como se ha llegado a proponer. Sin embargo, alguna f¨®rmula habr¨¢ que arbitrar si se pretende cambiar la percepci¨®n social sobre el fraude fiscal. Una percepci¨®n preocupante, vac¨ªa de valoraci¨®n moral, que iguala en consideraci¨®n al que paga sus impuestos porque no tiene otro remedio por ser asalariado con el que defrauda porque se lo permite la falta de control de Hacienda sobre su actividad.

Un efecto colateral de la crisis ha sido el despertar de la sensibilidad social ante la enfermedad de la corrupci¨®n, lo que ha recortado el margen de tolerancia con los compradores de voluntades y aprovechados. Por el contrario, no se atisba una reacci¨®n en el mismo sentido en el caso de la elusi¨®n fiscal, pese a ser un problema que tiene muchas notas compartidas con aqu¨¦l. Defraudar a Hacienda, a la caja com¨²n, constituye otra forma de corrupci¨®n. Pero al defraudador no s¨®lo se le sigue considerando un ciudadano respetable, sino que se le envidia por conseguir aquello a lo que aspira la mayor¨ªa, a no pagar impuestos. Para cambiar este estado de opini¨®n se necesitar¨¢ m¨¢s que modificaciones superficiales en la normativa tributaria y un tel¨¦fono de denuncia.