Catalu?a, desde Andaluc¨ªa

Lo s¨¦. Hablar a favor de Catalu?a est¨¢ mal visto. En esa corriente profunda que nos arrastra se ha fraguado la idea de que las autonom¨ªas, y especialmente la de Catalu?a, son un dispendio, un error o una amenaza. En el fango donde se depositan los viejos prejuicios crecen incluso nuevas formaciones pol¨ªticas que visten de rosa el viejo sue?o centralista. Incluso la mayor¨ªa que no comparte esta visi¨®n se limita a murmurar un t¨ªmido "no es eso, no es eso", a la manera en que Galileo acallaba su honradez cient¨ªfica ante el Tribunal de la Inquisici¨®n.

No hay nada m¨¢s ¨²til a la manipulaci¨®n pol¨ªtica que encontrar un enemigo, un territorio o un colectivo donde depositar nuestras responsabilidades y nuestros fracasos. El anticatalanismo se disfraza en Madrid de temor por la unidad de Espa?a y en Andaluc¨ªa, de agravio comparativo.

M¨¢s de 100 art¨ªculos de los estatutos catal¨¢n y andaluz son pr¨¢cticamente iguales. Nadie, sin embargo, ha dado explicaciones de la hipocres¨ªa que les permiti¨® recurrir el Estatuto de Catalu?a y votar id¨¦ntico texto en el caso de Andaluc¨ªa. El PP recurri¨® al Tribunal Constitucional 126 disposiciones, de las cuales hab¨ªa votado afirmativamente 42 en el Estatuto andaluz. Por su parte, el Defensor del Pueblo estatal -tan ausente de los problemas sociales- present¨® recurso, entre otros, al cap¨ªtulo de derechos, con la esperp¨¦ntica interpretaci¨®n de que "incluir un extenso listado de derechos y deberes" ten¨ªa la torva intenci¨®n de "convertirlo en una Constituci¨®n bis". Durante la tramitaci¨®n del Estatuto andaluz lo vimos por los pasillos del Congreso, huyendo a toda prisa de las periodistas andaluzas que le preguntaban si iba a recurrir tambi¨¦n el cap¨ªtulo de derechos sociales del Estatuto de Andaluc¨ªa, que es m¨¢s amplio que el catal¨¢n -tanto en su extensi¨®n como en su aplicaci¨®n y garant¨ªas- y, por tanto, m¨¢s inconstitucional.

Y es que lo que parece l¨®gico, leg¨ªtimo para otras comunidades resulta peligroso y escandaloso cuando se trata de Catalu?a. Sin duda contribuyen a ello algunos nacionalismos integristas, ajenos a la solidaridad e instalados en el victimismo, pero en ning¨²n caso todo un pueblo. No me hubiera alarmado que el Tribunal Constitucional estuviera sopesando la constitucionalidad o aplicabilidad de alguno de los art¨ªculos financieros del Estatuto catal¨¢n pero, al parecer, su debate versa sobre la identidad, s¨ªmbolos y lengua.

?A qui¨¦n ofende el sentimiento de un pueblo? ?Qu¨¦ nos resta a los andaluces, y en general a los espa?oles, la definici¨®n de Catalu?a como una naci¨®n? Peor todav¨ªa, ?a qui¨¦n ofende esa lengua hermosa, antigua y literaria, conservada y alimentada con primor durante siglos? Yo he visto llorar a una compa?era en la Laboral de Zaragoza porque no la dejaban hablar catal¨¢n con su familia. Ahora lo llaman diglosia, antes persecuci¨®n en estado puro. La ense?anza del ingl¨¦s y de la lengua extranjera es obligatoria y a nadie se le ocurre hacer objeci¨®n de conciencia, pero se discute el aprendizaje del catal¨¢n como si se tratara de una lengua inventada por la Generalitat y no tuviera tantos siglos como el castellano, y una trayectoria literaria anterior y emocionante.

Las disposiciones sociales de la Constituci¨®n -el derecho a la vivienda, al trabajo, a la distribuci¨®n equitativa de la renta...- se han convertido en papel mojado al considerarse derechos no exigibles. En este caso no se alert¨® de la peligrosa disoluci¨®n del Estado social. Ahora, sin embargo, se agita el fantasma de la unidad de Espa?a, construida al parecer de una materia altamente soluble.

Alguien dijo que el Estatuto catal¨¢n era m¨¢s que un estatuto. Y puede ser cierto. Ser¨¢ la medida de la flexibilidad de una Constituci¨®n, dif¨ªcilmente consensuada y en cuya clave de b¨®veda las palabras democracia, libertad y autonom¨ªa se escrib¨ªan juntas.