Con la casita de la playa ocupada
Unos intrusos impiden a una familia usar su segunda residencia desde hace un mes
Eulalia Vicente tiene 79 a?os. Vive en Barcelona, pero tiene una casita en la playa de Badalona. Tan cerca del mar que est¨¢ afectada por la Ley de Costas y en fase de expropiaci¨®n. Acude a ella con su hijo, Francesc Bassols, y el resto de la familia algunos fines de semana y los largos veranos mediterr¨¢neos. Mejor dicho, acud¨ªa. Desde hace aproximadamente un mes, en la casa vive un matrimonio con una ni?a. El hombre, que no revela su nombre ni su nacionalidad, dice que la alquil¨® a alguien con quien no pueden contactar.
"He pagado un alquiler a un hombre que iba a venir una semana despu¨¦s a darme el contrato y no ha venido, pero ya vendr¨¢", asegura. No quiere dar m¨¢s detalles: "Tengo la cosa en la justicia", dice.
Cumplir los plazos depende del trabajo de cada juzgado y la celeridad del juez
El ocupante de la vivienda sostiene que lleva all¨ª dos meses. Bassols, hijo de la propietaria, lo niega: "Como mucho est¨¢ all¨ª desde el 20 de noviembre, que fue cuando me avisaron los vecinos". Acudi¨® al d¨ªa siguiente a los Mossos d'Esquadra y el Juzgado de Instrucci¨®n 1 de Badalona tom¨® declaraci¨®n a la perjudicada el 26 de noviembre. Desde entonces, Eulalia Vicente y su hijo esperan una decisi¨®n judicial. "Creo que falta que se le asigne a ¨¦l un abogado de oficio", se?ala Bassols.
Fernando Ramos y Antonio Navarro son dos de los vecinos. Pasean casi cada d¨ªa por la playa y han ido observando los hechos. "La familia viene a la casa todos los veranos y algunos fines de semana, los conocemos", explican justo entre la vivienda y un pedazo negro de playa que est¨¢ siendo cubierto de arena por camiones que acuden con regularidad. "Aqu¨ª hab¨ªa un restaurante que fue derribado, por eso est¨¢ as¨ª. En la parte de atr¨¢s, abajo, donde se guardaban las barcas, tambi¨¦n se instal¨® una familia. Han estado m¨¢s de 10 a?os y se fueron hace poco, al derruir el edificio. Se pod¨ªan haber instalado en la casa del vecino si es una cosa tan f¨¢cil", dice uno de ellos con cierta retranca.
Mientras Vicente y Bassols esperan, la familia que se encontr¨® la casa ocupada en Castelldefels hace unas semanas y que lo denunci¨® en los juzgados de Gav¨¤ celebra que ya est¨¢ libre. Los ocupantes la abandonaron y, tras la inspecci¨®n policial, el juez autoriz¨® a los due?os a entrar.El d¨ªa de Navidad entrar¨¢ en vigor en Espa?a una reforma legal que permitir¨¢ a los propietarios echar a los inquilinos por falta de pago en el plazo de dos o tres meses. Y lo que vale para ellos valdr¨¢ tambi¨¦n para los ocupantes ilegales de viviendas, a los que ahora beneficia la lentitud de la justicia en algunas ciudades y las garant¨ªas procesales.
Es lo que se ha llamado el "desahucio expr¨¦s", al amparo de la Ley de Medidas de Fomento y Agilizaci¨®n del Alquiler y Eficiencia Energ¨¦tica, que ha modificado la Ley de Arrendamientos Urbanos y la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Una de esas reformas permitir¨¢ al juez de lo civil se?alar la fecha en la que se producir¨¢ el desahucio antes de un mes de dictarse la sentencia, si es favorable al propietario. Lo que ocurre ahora en muchos juzgados es que se ha de instar la ejecuci¨®n de la sentencia de desahucio y el juez debe resolver de nuevo, con lo que el ocupante prolonga su situaci¨®n unos meses m¨¢s. Y si recurre, se puede suspender, algo que no elimina la nueva ley. En los casos en que los ocupantes se comprometan al desalojo voluntario, se podr¨¢ llevar a cabo antes de 15 d¨ªas. Si no comparecieron en el juicio, "se proceder¨¢ al lanzamiento en la fecha fijada sin m¨¢s tr¨¢mite", cosa que no ocurre ahora.
Con todo, la rapidez en la ejecuci¨®n de los desahucios depender¨¢ de la agilidad de cada juzgado. No es lo mismo un juzgado de primera instancia de Barcelona, donde ahora se puede resolver un desahucio en dos o tres meses, que en algunos partidos judiciales muy colapsados, donde puede dilatarse ocho o nueve. Y todo ello, al margen de la celeridad que tenga cada juez en resolver.
Los efectos que tendr¨¢ la reforma legal sobre los ocupantes de viviendas han pasado muy desapercibidos para la mayor¨ªa de los juristas, aunque no para todos. "Es un grave mazazo para el movimiento okupa y para las personas que siguen sus pasos", explica el abogado Jaume Asens, que ha defendido a decenas de j¨®venes en los ¨²ltimos a?os. La reforma llega despu¨¦s de que se haya demostrado el fracaso de la v¨ªa penal para resolver la ocupaci¨®n de casas, pues la mayor¨ªa de los jueces archivaban el caso.
En Barcelona se instruyen cada a?o unas 700 diligencias por este delito, de las que s¨®lo una docena llegan a juicio. Las condenas apenas son tres o cuatro y siempre a penas de multa.
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