Una Constituci¨®n mal guardada

El aniversario de la Constituci¨®n ha quedado entristecido por la muerte de Jordi Sol¨¦ Tura, miembro de la ponencia del Congreso que redact¨® su anteproyecto. Dirigente del PSUC-PCE durante aquella etapa (m¨¢s tarde ingresar¨ªa en el PSOE y en 1991 ser¨ªa ministro con Felipe Gonz¨¢lez), soport¨® bajo la dictadura la c¨¢rcel, el exilio y la discriminaci¨®n. En cierto modo su figura simboliza la voluntad de los derrotados en la Guerra Civil para acordar con sus antiguos adversarios las l¨ªneas b¨¢sicas de un sistema de convivencia que dura ya tres d¨¦cadas.

Abstracci¨®n hecha de que su fallecimiento suscite el melanc¨®lico sabor de los estragos del tiempo sobre la generaci¨®n que realiz¨® la transici¨®n, la celebraci¨®n de este aniversario tampoco se presta a demasiadas celebraciones. Los parlamentarios, gobernantes, altos cargos y magistrados que han prometido o jurado guardar y hacer guardar la Constituci¨®n no siempre cumplen su solemne compromiso. Y los dirigentes de los dos grandes partidos de ¨¢mbito estatal, a quienes corresponde por la suma de sus esca?os designar en ¨²ltima instancia a los diputados y senadores facultados para reformar la Constituci¨®n y para nombrar a los magistrados encargados de interpretarla, son culpables de la situaci¨®n de bloqueo institucional y del descontento social paralelo reflejado en los sondeos.

Los dirigentes de los dos grandes partidos son culpables de la situaci¨®n de bloqueo institucional y del descontento social

Las corrientes revisionistas disconformes con la Constituci¨®n suelen manejar una argumentaci¨®n pol¨ªtico-ideol¨®gica (de izquierda o de derecha, centralista, federal o confederal, laica o confesional) muy semejante a las propuestas partidistas derrotadas durante la transici¨®n. Esas cr¨ªticas retrospectivas, que conceden un desmesurado papel a los temores hist¨®ricos, fingen ignorar que las Cortes de 1977 rechazaron de forma reflexiva esos planteamientos y negociaron una Constituci¨®n aceptable para mayor¨ªa de las fuerzas pol¨ªticas y sociales. Los justificados reparos t¨¦cnico-jur¨ªdicos referidos a las contradicciones, ambig¨¹edades, imprecisiones, polisemias, incoherencias y lagunas del articulado no hacen sino se?alar el mal resultado obtenido por los frustrados esfuerzos de cuadrar el c¨ªrculo.

Los a?os transcurridos desde la muerte de Franco, el ingreso en la Uni¨®n Europea, los duros enfrentamientos guerracivilistas entre los dos principales partidos de ¨¢mbito estatal a partir del segundo mandato de Aznar, las incertidumbres suscitadas por los nuevos Estatutos y la aparici¨®n en la escena p¨²blica de la generaci¨®n de los nietos que no conocieron la transici¨®n empiezan a erosionar la leyenda de la intemporalidad de la Constituci¨®n de 1978 y a hacer funcionalmente indispensables reformas cuando menos t¨¦rnico-jur¨ªdicas. El debate sobre la esperanza de vida de las constituciones se remonta a la primera constituci¨®n democr¨¢tica del mundo, a¨²n en vigor: Jefferson cre¨ªa que una constituci¨®n s¨®lo deber¨ªa vincular a la generaci¨®n que la hubiese promulgado mientras Madison no era partidario de su caducidad biol¨®gica. Pero la discusi¨®n americana perdi¨® sus abruptos perfiles gracias a dos v¨¢lvulas de escape de singular eficacia: las reformas del texto primigenio de 1787 (han sido aprobadas 27 enmiendas) y el car¨¢cter vinculante de la interpretaci¨®n dada a la Constituci¨®n por la Corte Suprema.

En Espa?a, sin embargo, ninguno de esos dos mecanismos -ambos previstos- han funcionado como debieran. La reforma de la Constituci¨®n se halla obstruida por la rigidez de los procedimientos: ?no es grotesco que la supresi¨®n de discriminaci¨®n a la mujer en la sucesi¨®n a la Corona exija la disoluci¨®n parlamentaria y un refer¨¦ndum popular? La actitud boicoteadora del PSOE o del Partido Popular a la hora de reunir las mayor¨ªas cualificadas parlamentarias precisas no s¨®lo obstaculiza las propuestas de reforma sino adem¨¢s demora indefinidamente la renovaci¨®n del Constitucional, que pierde a chorros su autoridad como int¨¦rprete de la norma fundamental.

A menos que PSOE y PP pongan en marcha las imprescindibles modificaciones de la Constituci¨®n y designen en su fecha a los miembros del alto tribunal seg¨²n criterios de competencia, imparcialidad e independencia, suya ser¨¢ la responsabilidad del callej¨®n sin salida a que est¨¢ siendo conducido un sistema pol¨ªtico necesitado de reformas eficaces y de interpretaciones autorizadas de la norma fundamental para seguir existiendo.