La Ley de Dependencia se aplica mal en seis autonom¨ªas

Seis comunidades, m¨¢s las ciudades de Ceuta y Melilla (dependientes del Gobierno) suspenden en la gesti¨®n y aplicaci¨®n de la Ley de Dependencia que cada semestre eval¨²a la Asociaci¨®n Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Ninguna de ellas alcanza el 5 en una escala de 10. La media que se obtiene a partir de las calificaciones de todas ellas es un 5. A esa baja nota contribuyen los malos resultados de Canarias, la Comunidad Valenciana, Murcia y Madrid, seguidas de Baleares, que no sobrepasan el 3; Extremadura saca un 4. Las mejor situadas son Andaluc¨ªa, Castilla-La Mancha, Pa¨ªs Vasco, La Rioja, Castilla y Le¨®n, Arag¨®n y Navarra, todas con un notable, las tres primeras, un 8.

El Observatorio de la Dependencia de esta asociaci¨®n, reunido ayer en Alc¨¢zar de San Juan (Ciudad Real) ha valorado, entre otros criterios, la agilidad al tramitar las solicitudes de los ciudadanos as¨ª como el n¨²mero de personas dependientes que cuentan ya con una ayuda en relaci¨®n a la poblaci¨®n. Se ha tenido en cuenta tambi¨¦n la aportaci¨®n econ¨®mica de las comunidades y la integraci¨®n de la red local de servicios sociales.

Avances

La asociaci¨®n considera que "hay avances significativos en la implantaci¨®n del sistema de Dependencia, algo que se observa con claridad en varias comunidades, pero constata con preocupaci¨®n que una tercera parte de los espa?oles viven en regiones donde hay falta de voluntad institucional para implantar esta ley".

Su presidente, Jos¨¦ Manuel Ram¨ªrez, opina que el problema de financiaci¨®n "no es tanto una cuesti¨®n del volumen total de recursos como de los criterios que usa el Gobierno para distribuir ese dinero entre las comunidades aut¨®nomas". Y lamenta que hay comunidades que no s¨®lo no aportan lo que debieran por ley, sino que "podr¨ªan estar generando ingresos extras gracias a la financiaci¨®n que reciben del Estado, como es el caso de Canarias".

Ram¨ªrez tambi¨¦n se refiri¨® al "limbo de la Dependencia" o lista de espera de ciudadanos que siendo beneficiarios de una ayuda a¨²n no la perciben: unas 253.000 personas.