Puertas giratorias

Todo ser humano es titular de una serie de derechos inalienables. Pero la realidad es que, en el mundo en el que vivimos, el ejercicio de esos derechos requiere un Estado que los tutele. En el caso de Aminetu Haidar, es evidente que ni el Estado marroqu¨ª ni el espa?ol (en sus diferentes ¨¢mbitos de responsabilidad) han sido capaces de velar por ellos de forma efectiva.

Respecto a las responsabilidades del Estado marroqu¨ª, hay poco que a?adir a lo publicado ayer por este diario respecto a las terribles torturas que sufri¨® Haidar (y por las que no parece que nadie haya pedido perd¨®n ni sido juzgado) o en lo relativo a la represi¨®n que sufren los activistas saharauis.

En el caso de Espa?a, su responsabilidad se refiere a su incapacidad de cumplir con las obligaciones internacionales que se derivaban de su ocupaci¨®n del S¨¢hara Occidental. Entre 1966 y 1973, la Asamblea General de Naciones Unidas inst¨® en siete ocasiones a Espa?a a que procediera a la descolonizaci¨®n del S¨¢hara Occidental mediante la celebraci¨®n de un refer¨¦ndum de autodeterminaci¨®n. Pero como se sabe, Espa?a, en plena agon¨ªa de Franco, abandon¨® el territorio, transfiriendo su administraci¨®n a Marruecos, que inmediatamente expuls¨® violentamente del territorio a todos aquellos que se opusieron a la ocupaci¨®n. La decisi¨®n de Espa?a se puede explicar, y hasta justificar, pero no legaliza la ocupaci¨®n del S¨¢hara por parte de Marruecos ni oculta el hecho principal: que Espa?a fracas¨® a la hora de garantizar al pueblo saharaui el ejercicio de un derecho al autogobierno que contaba y cuenta con el completo respaldo del derecho internacional.

Con sus actuaciones, Marruecos contribuye a legitimar la agenda saharaui

A las responsabilidades hist¨®ricas se suman las presentes. M¨¢s all¨¢ de la discusi¨®n sobre la admisi¨®n de Haidar en territorio espa?ol tras su expulsi¨®n de Marruecos, en la que se mezclan unos hechos todav¨ªa no claramente establecidos con consideraciones legales, pol¨ªticas y humanitarias, lo relevante es la decisi¨®n del juez Velasco de rechazar la querella presentada por Haidar contra el Gobierno de Marruecos por violaci¨®n de sus derechos pol¨ªticos y civiles al expulsarla de su territorio. El Gobierno hizo bien en promover una reforma legal que limitara la capacidad de la Audiencia Nacional de convertirse en juez universal. Pero una cosa es declararse incompetente para juzgar la represi¨®n en el T¨ªbet u otros hechos en los que no haya espa?oles implicados y otra cosa es que la ley obligue a la Audiencia Nacional a inhibirse en el caso de Haidar, que est¨¢ en Espa?a, posee permiso de residencia en nuestro pa¨ªs y es originaria de un territorio bajo administraci¨®n espa?ola. Parece que o nos pasamos o nos quedamos cortos, as¨ª que, muy probablemente, a la luz del caso Haidar deber¨ªamos reabrir el debate sobre el alcance de nuestra jurisdicci¨®n.

Que dos d¨¦cadas de negociaciones entre Marruecos y el Polisario no hayan logrado un acuerdo sobre la realizaci¨®n de un refer¨¦ndum no se debe, como se aduce frecuentemente, a las diferencias en torno al proceso de identificaci¨®n y registro de votantes, sino al hecho de que Marruecos no est¨¦ dispuesto a aceptar un refer¨¦ndum que incluya la opci¨®n de la independencia. Aprovechando una coyuntura internacional, recelosa por razones obvias de la creaci¨®n de nuevos Estados, Marruecos ha querido jugar la baza de la autonom¨ªa para el S¨¢hara. Muchos Gobiernos, entre ellos Espa?a, incluso de buena fe, han visto en una soluci¨®n de este tipo una posible salida a este conflicto. Y ello pese a que las propuestas (como el Plan Baker) que promov¨ªan una amplia autonom¨ªa fueron rechazadas por el Consejo de Seguridad por no incluir al final del camino un refer¨¦ndum de autodeterminaci¨®n.

Con sus actuaciones, Marruecos est¨¢ contribuyendo a relanzar la legitimidad de la agenda saharaui. Se trata, cabe recordar, de una agenda que est¨¢ madura jur¨ªdicamente puesto que el Tribunal Internacional de Justicia no encontr¨® evidencia de la existencia de ning¨²n t¨ªtulo de soberan¨ªa territorial favorable a Marruecos. Por tanto, el ¨²nico camino del que dispone Marruecos para lograr mantener el control del S¨¢hara Occidental es, adem¨¢s de la fuerza bruta, el ser capaz de garantizar los derechos, individuales y colectivos, de los saharauis.

?Est¨¢ Marruecos en condiciones de otorgar a los saharauis una autonom¨ªa tan amplia que les haga renunciar a su leg¨ªtimo derecho a la autodeterminaci¨®n? En una semana en la que la independencia de Kosovo est¨¢ siendo examinada por el Tribunal Internacional de Justicia, se pone de manifiesto que la soberan¨ªa de la que gozan los Estados no es un fin en s¨ª mismo, ni ilimitada, sino un medio para ejercer su responsabilidad de proteger a los ciudadanos a su cargo. Aunque hasta ahora el conflicto ha estado bloqueado, el derecho al autogobierno no deja de ser una puerta giratoria.

jitorreblanca@ecfr.eu