Las 10 viviendas ilegales de Chiclana se terminaron con orden de derribo dictada

La espera es tensa en Chiclana. Los inquilinos de las diez casas ilegales de la zona de Majadillas Bajas desconocen cu¨¢ndo exactamente ser¨¢n derribadas sus viviendas, sentenciadas por orden judicial. Hoy han convocado una reuni¨®n con familiares y vecinos para recabar apoyos que eviten la ejecuci¨®n de la orden judicial. Pero el Ayuntamiento ya ha avisado de que no tiene m¨¢s remedio que atender la decisi¨®n del juzgado. El Consistorio ha recordado que el constructor de estas edificaciones termin¨® de levantarlas cuando ya conoc¨ªa que sobre ellas exist¨ªa una orden de derribo.

Mediante fotograf¨ªas areas el Ayuntamiento demostr¨® ayer c¨®mo el promotor de esta urbanizaci¨®n parcel¨® de forma ilegal un terreno que estaba bald¨ªo en 2005. En tres a?os ya hab¨ªa levantado las casas y las hab¨ªa dividido en las diez zonas actuales. Pero antes de finalizarlas, en febrero de 2007, ya se hab¨ªa dictado la sentencia que dictaba su demolici¨®n. Entonces las obras estaban en una primera fase. La orden instaba a restituir la legalidad e imped¨ªa hacer uso de ellas. A¨²n as¨ª el promotor continu¨® con la construcci¨®n e incluso termin¨® una calle para poder acceder a los inmuebles.

Las casas se levantaron en suelo no urbanizable sin ning¨²n tipo de licencia en una parcela de 4.700 metros cuadrados, de la que resultaron diez viviendas con 100 metros cuadrados construidos y un terreno de 400 cada una. El Consistorio aport¨® ayer las fotograf¨ªas tomadas desde el aire en los a?os 2005, 2007 y 2008. En la primera, no hab¨ªa nada construido. En la segunda, se detectan los primeros ladrillos. Es entonces cuando la Gerencia de Urbanismo, bajo el mandato del gobierno cuatripartito del PP, IU, PA y PSA, denuncia esos trabajos e insta al promotor a paralizarlos. Se iniciaron tr¨¢mites para impedir la venta de las viviendas. Seg¨²n consta en la sentencia judicial, el constructor lleg¨® a romper hasta en seis ocasiones los precintos que se colocaron para impedir la continuaci¨®n de las obras. Adem¨¢s permiti¨® que las casas fueran ocupadas por familiares y otros inquilinos, que pagan alquileres mensuales de 550 euros mensuales.