Carlos Fabra lleva ya seis a?os bajo investigaci¨®n judicial

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos conden¨®, hace unas semanas, a Espa?a por la demora de cuatro a?os con la que el Tribunal Supremo resolvi¨® un recurso sobre un litigio comenzado diez a?os atr¨¢s. Fue una cuesti¨®n civil sobre la que se sucedieron las resoluciones judiciales, pero existen otros muchos casos en los que la lentitud de la justicia no se limita a este periodo procesal.

El presidente de la Diputaci¨®n de Castell¨®n y del PP provincial, Carlos Fabra, est¨¢ siendo investigado por varios presuntos delitos contra la administraci¨®n p¨²blica (tr¨¢fico de influencias y cohecho, entre otros) y por fraude fiscal. Hace ahora seis a?os que el juzgado de Nules registr¨® la querella presentada por el empresario Vicente Vilar que le acusaba de cobrar cantidades millonarias a cambio de favores pol¨ªticos. El proceso est¨¢, pr¨¢cticamente, en la primera parte del procedimiento, en el momento en el que, tras admitir la existencia de indicios sobre un presunto delito, se emprende la investigaci¨®n. Las pesquisas duran ya seis a?os y el grueso del llamado caso Fabra no ha pasado de ese punto, de la imputaci¨®n. Ni archivo, ni acusaci¨®n. Mientras, el dirigente del PP de Castell¨®n ha declarado haberse sentido "absuelto" por las urnas.

La investigaci¨®n fue fruct¨ªfera, sobre todo, en los primeros a?os. Vicente Vilar fue acompa?ando sus acusaciones con documentos. Present¨® escritos de diputados populares y de distintos cargos en los ministerios de Sanidad y Agricultura del gobierno de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar en los que se demostraba el inter¨¦s y la "preocupaci¨®n" por unos determinados productos fitosanitarios. Provoc¨® la declaraci¨®n de cuatro ex ministros que ratificaron la existencia de dicho "inter¨¦s". Tambi¨¦n mostr¨® facturas de joyas y relojes supuestamente regalados a Fabra y a sus "mediadores". Y facturas firmadas por el propio presidente provincial del PP, como asesor, por la elaboraci¨®n de unos informes que resultaron ser copia de otros documentos colgados en Internet o gu¨ªas de grandes compa?¨ªas. Mientras, la Agencia Tributaria present¨® una denuncia por fraude fiscal y por el desfase hallado entre sus ingresos declarados y los movimientos en sus cuentas. Hasta 600.000 euros, de los que se le imputaron directamente 300.000. A¨²n no ha justificado su origen.Fue a finales de 2005 cuando el juzgado decidi¨® que la investigaci¨®n se extendiera a toda la familia Fabra al considerar que, en este tipo de casos, no resulta "infrecuente" que el lucro obtenido se "trate de ocultar en la esfera familiar". Para la elaboraci¨®n del informe pericial que rastreara ingresos, gastos y patrimonio entre 1999 y 2004 se design¨® a dos inspectores de Hacienda adscritos al Banco de Espa?a, ya que la fiscal¨ªa anticorrupci¨®n tiene firmado un convenio de colaboraci¨®n con la entidad para investigaciones y peritajes.

Algunos bancos y cajas se mostraron m¨¢s reticentes que otros a la hora de aportar documentaci¨®n, pero tambi¨¦n tard¨® en llegar la orden de que fuera la polic¨ªa judicial la que acudiera a las entidades a exigir la informaci¨®n y el Banco de Espa?a nunca lleg¨® a advertirles de su deber de colaboraci¨®n con la justicia. El caso es que cuatro a?os despu¨¦s, el informe a¨²n no ha sido entregado al juzgado. S¨ª se aportaron las relaciones de cuentas de los miembros de la familia, sus declaraciones de hacienda y su patrimonio, pero no el an¨¢lisis que determine si con los ingresos que declararon se conrresponden con el patrimonio y gastos detectados.

Otro de los motivos que se achacan al lento procedimiento al que est¨¢ siendo sometido Carlos Fabra es el continuo tr¨¢nsito de jueces y fiscales que han formado parte de la instrucci¨®n del caso. Hasta ahora han sido nueve jueces y cuatro fiscales. En el caso de los jueces, el hecho de que el de Nules sea un juzgado de paso hacia el ascenso a magistrados es el origen de la mayor¨ªa de los cambios, que han conllevado sus correspondientes sustituciones. En el de los fiscales, despu¨¦s de que la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n asumiera el caso, apartando as¨ª al fiscal jefe de Castell¨®n, el tr¨¢nsito ha sido por el abandono de los representantes p¨²blicos hacia otras actividades profesionales. En este momento, existe un juez titular, Jacobo Pin, que aunque fue cuestionado por sus vinculaciones personales con el PP, ha adoptado ya algunas iniciativas. El nombramiento del actual fiscal, Luis Pastor, tambi¨¦n result¨® pol¨¦mico ya que ¨¦ste hab¨ªa trabajado como asesor para dos ministros del PP. Pastor lleva ya tres a?os como representante de Anticorrupci¨®n en el caso Fabra y, poco a poco, su trabajo ha sido m¨¢s activo.

Carlos Fabra tampoco ha renunciado a su derecho a recurrir y recurrir cada una de las determinaciones adoptadas por el juzgado. Los recursos no deber¨ªan paralizar el procedimiento pero, en el caso de muchos jueces, la admisi¨®n de pruebas puede demorarse. Uno de estos recursos fue al que se acogi¨® el presidente de la Diputaci¨®n de Castell¨®n para evitar el interrogatorio sobre la acusaci¨®n de fraude fiscal por la que, de momento, no ha prestado declaraci¨®n aunque, p¨²blicamente, siempre ha negado tanto el fraude como el incremento patrimonial.

Existe otra causa abierta contra Carlos Fabra. Los jueces se negaron a unir las acusaciones de tr¨¢fico de influencias y cohecho con una supuesta falsificaci¨®n de an¨¢lisis de los productos fitosanitarios que ha sido investigada en otro juzgado. En este procedimiento, la investigaci¨®n ya ha finalizado y, ante los indicios de delito, las partes ya han presentado sus escritos de acusaci¨®n. La fiscal¨ªa anticorrupci¨®n, pide dos a?os de c¨¢rcel para el dirigente popular y presidente de la Diputaci¨®n. El asunto, que comenz¨® a investigarse dos a?os despu¨¦s de las anteriores acusaciones, podr¨ªa, en breve, sentar a Fabra en el banquillo.