Alcaldes del BNG boicotean la privatizaci¨®n de servicios sociales sin ceder las residencias

Los alcaldes nacionalistas se plantan. No ceder¨¢n los edificios para albergar las residencias y centros de d¨ªa de la Xunta a menos que el Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar que depende de la Conseller¨ªa de Traballo garantice la gesti¨®n p¨²blica de los centros de d¨ªa, tal y como hab¨ªan acordado mediante convenios la pasada legislatura. Los regidores del BNG se aferran a lo que firmaron con el anterior Gobierno el a?o pasado y recuerdan que la cesi¨®n de los inmuebles de titularidad municipal est¨¢n sujetos a unas condiciones pactadas en convenios que el Gobierno de Alberto N¨²?ez Feij¨®o "ha roto de manera unilateral".

Lo explica Teresa Barge, alcaldesa de A Bola, que ha cedido los terrenos, aportado un 10% del presupuesto de 1,5 millones para construir la residencia de su municipio y adjudicado la obra en virtud de un pacto por escrito con el Consorcio. "Nosotros proporcionamos el emplazamiento, la finca era nuestra, nos la cedi¨® gratuitamente una familia y la aportamos siguiendo un convenio que est¨¢ firmado. Si el Consorcio incumple su parte, ya no me considero obligada. Que asuman lo pactado o nos propongan un nuevo convenio mejor que ¨¦ste que han firmado el 80% de los municipios".

"Que mejoren el convenio que firmamos", pide la alcaldesa de A Bola

Los socialistas amenazan con un contencioso contra la privatizaci¨®n

Barge junto a otros tres alcaldes nacionalistas (Tomi?o, O Porri?o y San Sadurni?o) y a los concejales de Culleredo y Vigo que se ocupan de servicios sociales siguen a la espera de que se abran los centros proyectados por el bipartito mientras se agarran a la cl¨¢usula que establece que la prestaci¨®n del servicio en las residencias debe "garantizar el acceso de todos los gallegos a unos servicios sociales p¨²blicos de calidad". Los regidores nacionalistas censuran que se intenten crear "residencias de primera y de segunda", y advierten de que tampoco asumir¨¢n el 30% de los gastos de mantenimiento, tal y como hab¨ªan pactado, si no se frena la externalizaci¨®n del servicio.

La suya no es una postura aislada dentro del frente nacionalista, explica Manuel Antelo, secretario de acci¨®n municipal del BNG, quien asegura que todos los alcaldes mantienen la misma posici¨®n, "en contra de privatizar los servicios sociales" para evitar que "los recursos p¨²blicos acaben en manos de empresas". Antelo se pregunta adem¨¢s de d¨®nde va a salir el beneficio de la concesionaria y el 25% de ahorro que pronostica el gerente del Consorcio, Roberto Rodr¨ªguez, para defender la externalizaci¨®n del servicio.

Los regidores socialistas, entretanto, prefieren esperar a que Traballo concrete por escrito su propuesta, puesto que de momento s¨®lo han tenido "conversaciones informales" con el Consorcio. Son contrarios a la privatizaci¨®n de los servicios sociales y ya han pedido a la Xunta que les deje gestionar los centros de d¨ªa, pero quieren conocer directamente la posici¨®n de la conseller¨ªa. La portavoz del partido, Mar Barc¨®n, recuerda adem¨¢s que el Gobierno central ha aportado fondos finalistas para edificar los centros de d¨ªa y considera "muy discutible" que se pueda cambiar el modelo a posteriori. Hay incluso alg¨²n regidor en el seno del PSdeG que amenaza con presentar un contencioso administrativo si el Gobierno gallego persiste en sus planes.

La f¨®rmula planteada por el Consorcio apuesta por un curso para externalizar concesiones de un a?o, prorrogables hasta cuatro, a empresas o entidades que gestionar las residencias y centros de d¨ªa. El propio presidente de la Xunta, Alberto N¨²?ez Feij¨®o, defendi¨® este modelo en el Parlamento para evitar la "burocracia y el gasto corriente". Desde el BNG, su portavoz parlamentario, Carlos Aymerich, ha acusado a la Xunta de ofrecer a los alcaldes la posibilidad de "colocar trabajadores" en las adjudicatarias, porque "al ser empresas privadas, eso se puede hacer".