La Diputaci¨®n de Barcelona lidera la revuelta del PSC contra las veguer¨ªas

La creaci¨®n de las futuras veguer¨ªas supondr¨¢ un incremento del gasto p¨²blico que, con la que est¨¢ cayendo, resulta dif¨ªcil de justificar. El anteproyecto de ley que ha preparado el consejero de Gobernaci¨®n, Jordi Aus¨¤s (ERC), es, adem¨¢s, inconstitucional. ?sas son las conclusiones de un informe demoledor elaborado por la Diputaci¨®n de Barcelona (en manos del PSC) sobre la nueva ordenaci¨®n territorial que prev¨¦ dividir Catalu?a en siete veguer¨ªas.

Las cr¨ªticas al borrador de Aus¨¤s son tantas y de tal calado que la Diputaci¨®n viene a concluir que no se aguanta por ning¨²n sitio. Y sostiene que su tramitaci¨®n debe replantearse. Para empezar, es "inoportuno". No s¨®lo porque puede "consolidar una tendencia al incrementalismo (sic) y al aumento del gasto p¨²blico" en medio de una intensa crisis econ¨®mica. Tambi¨¦n, porque antes deber¨ªa aprobarse una ley de gobiernos locales y definirse su sistema de financiaci¨®n. S¨®lo entonces podr¨¢ empezarse a hablar de las veguer¨ªas.

El informe se?ala que el proyecto es "inoportuno" en un contexto de crisis

La instituci¨®n que preside Antoni Fogu¨¦ no rechaza el sistema de veguer¨ªas. Al contrario. Sostiene que el anteproyecto de Aus¨¤s no les otorga las competencias que s¨ª les reconoce el Estatuto y que las reduce a funciones de "asistencia y cooperaci¨®n" con los ayuntamientos. Pero si ah¨ª queda corto, se pasa de la raya en otros aspectos. Hasta el punto de que, seg¨²n el informe, podr¨ªa vulnerar la Constituci¨®n.

Con el actual anteproyecto, ser¨ªa "m¨¢s dif¨ªcil rendir cuentas" ante la ciudadan¨ªa. La Diputaci¨®n, cuyo presupuesto para 2010 es de 707 millones, recomienda que se evite un marco institucional "excesivamente denso y complejo, de dif¨ªcil direcci¨®n pol¨ªtica y gesti¨®n p¨²blica". Preocupada tambi¨¦n por su huerto, juzga que el anteproyecto "romper¨ªa" la funci¨®n de solidaridad entre territorios que ejerce la Diputaci¨®n, por ejemplo, en la Catalu?a central.

El informe, de 46 p¨¢ginas, tambi¨¦n carga contra la "debilidad jur¨ªdica" del proyecto. "La relaci¨®n entre la provincia constitucional y la veguer¨ªa estatutaria es problem¨¢tica", ya que "parece defender que la veguer¨ªa sustituye a la provincia". La Diputaci¨®n insiste: si se pretenden modificar los l¨ªmites de las provincias, es necesario aprobar una ley org¨¢nica. Y para eso hay que alcanzar el consenso entre los partidos catalanes y sellar un pacto Estado-Generalitat.

Id¨¦ntica cr¨ªtica suscribi¨® ayer el consejero de Interior, Relaciones Institucionales y Participaci¨®n, Joan Saura (ICV): haya o no haya ley, dijo, ser¨¢ in¨²til si no la acompa?a una ley org¨¢nica. "Catalu?a sola no puede hacer veguer¨ªas", dijo a Europa Press.

El borrador es incluso contradictorio en este punto, ya que admite que, hasta que no se alteren los l¨ªmites provinciales, s¨®lo se podr¨¢n constituir los consejos de veguer¨ªa de Barcelona, Lleida, Girona y Barcelona. En cualquier caso, su contenido es "cuestionable" porque "impide resolver el debate territorial" en Catalu?a, "agravando los conflictos pol¨ªticos y territoriales sobre esta cuesti¨®n". Las consecuencias para la estabilidad institucional "s¨®lo pueden ser negativas".

El informe de la Diputaci¨®n pone de relieve la distancia existente entre un sector del PSC, representado por sus alcaldes, y el Departamento de Gobernaci¨®n. Las tensiones en el tripartito ya han obligado a Aus¨¤s a demorar su aprobaci¨®n despu¨¦s de que el PSC pidiera m¨¢s tiempo para buscar soluciones para sus alcaldes. Entre los que se han rebelado est¨¢n los poderosos ediles de Tarragona, Josep F¨¨lix Ballesteros; de Lleida, ?ngel Ros, y el de Sabadell, Manuel Bustos, que, a su vez, es presidente de la Federaci¨®n de Municipios de Catalu?a (FMC). Este organismo, junto con la Asociaci¨®n Catalana de Municipios y Comarcas (ACM) han dado el visto bueno al proyecto de Aus¨¤s, pero son muchos los responsables de la FMC que lo rechazan. Las dos entidades municipalistas pidieron a la Diputaci¨®n de Barcelona un informe para analizar si el proyecto es "oportuno" y "s¨®lido". La Diputaci¨®n ha dicho que no.

El anteproyecto de ley de organizaci¨®n veguerial (ALOV) "subvierte el sentido de la reforma estatutaria". En el Estatuto, la "provincia-veguer¨ªa" tiene un rol principal que, en el proyecto de Aus¨¤s, queda "devaluado". Seg¨²n la Diputaci¨®n, la futura ley deber¨ªa otorgar a las nuevas demarcaciones territoriales -cuyos or¨ªgenes se remontan a la Edad Media- competencias suficientes. En cambio, el proyecto de Aus¨¤s las limita a la "asistencia", econ¨®mica y t¨¦cnica, con los municipios. Ni siquiera les reconoce, seg¨²n el informe cr¨ªtico, ese rol preeminente en el gobierno supramunicipal.

A juicio de la Diputaci¨®n, el proyecto es "impreciso y confuso", tiene "errores t¨¦cnicos" -por ejemplo, no detalla el qu¨®rum de votaci¨®n en cada caso- y est¨¢ "hipotecado" por la falta de un modelo claro. En un anexo al informe, la Diputaci¨®n lanza su propia propuesta para la veguer¨ªa de Barcelona, que deber¨ªa asumir competencias en materia de urbanismo, medio ambiente, transporte, vivienda e infraestructuras, entre otras.

Todo ello, bajo una premisa: "evitar superposiciones". Es decir, impedir que dos administraciones acaben realizando la misma tarea. Eso ser¨ªa "difuncional y contrario a los principios de econom¨ªa y racionalidad". El riesgo de duplicidad es evidente en Barcelona, ya que tambi¨¦n est¨¢ prevista la creaci¨®n del ?rea Metropolitana.