Gobernar es dirimir, tomar decisiones

Uno de los primeros jarros de agua fr¨ªa que cayeron sobre el catalanismo despu¨¦s de la restauraci¨®n de la democracia tras la dictadura franquista lleg¨® en 1981, cuando el Tribunal Constitucional se carg¨® de plano una ley del Parlament que pretend¨ªa traspasar a la Generalitat las funciones y servicios de las Diputaciones provinciales relativas a la administraci¨®n local.

Era la ley catalana 6/1980 y fue aprobada por ampl¨ªsima mayor¨ªa porque la apoyaron CiU, PSC, PSUC y ERC. Aquel traspi¨¦s convenci¨® al entonces presidente Jordi Pujol de que no pod¨ªa jugar con las provincias y de que, si acaso, el campo de juego estaba en las Cortes, no en el Parlament. Y as¨ª fue como, mucho m¨¢s adelante, CiU consigui¨® en las Cortes y con el primer Gobierno de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar nada menos que la supresi¨®n de los gobernadores civiles en toda Espa?a, una figura pol¨ªtica de arraigo gemelo al de las provincias y diputaciones.

El Gobierno no debe echarse atr¨¢s ante las inercias de las diputaciones y de las contradicciones territoriales

La supresi¨®n de las provincias y, con ellas, de las diputaciones provinciales, era un a?ejo objetivo del catalanismo. El sistema provincial creado en 1833 hab¨ªa sido denostado por el movimiento catalanista desde sus or¨ªgenes porque respond¨ªa a un modelo jacobino, franc¨¦s, que organizaba el territorio seg¨²n divisiones de extensi¨®n relativamente similar aptos para ser gobernados desde la capital, Madrid, bajo criterios tambi¨¦n relativamente homog¨¦neos. Un hospital cl¨ªnico para cada provincia, una c¨¢rcel para cada provincia, una delegaci¨®n del Banco de Espa?a para cada provincia, un jefe de polic¨ªa, etc¨¦tera. Y una diputaci¨®n para administrar y controlar los intereses supramunicipales y locales para cada provincia. Esto supuso la negaci¨®n de Catalu?a como unidad pol¨ªtica y administrativa, no digamos ya estatal. De ah¨ª que el rechazo a las provincias persistiera tanto en los programas del catalanismo, tanto en el conservador como en el de izquierdas.

Aquel sue?o era, tambi¨¦n, el de sustituir las instituciones administrativas del Estado espa?ol por otras propias de Catalu?a. Era un deseo tan ideol¨®gico como pol¨ªtico, en el sentido de que se hab¨ªa configurado hist¨®ricamente como proyecto para un futuro ideal m¨¢s que como expresi¨®n de los intereses territoriales realmente actuantes a escala local y sus concretas correlaciones de poder. Hubo un breve ensayo de instauraci¨®n de una divisi¨®n territorial propia de Catalu?a durante la Segunda Rep¨²blica, pero apenas pas¨® de los papeles porque lleg¨® ya en plena Guerra Civil. Antes, en 1914, la experiencia de la Mancomunidad de Diputaciones dirigida por Prat de la Riba vino a demostrar que gobernantes competentes y con proyecto pueden lograr grandes objetivos pol¨ªticos tanto si el instrumento es una diputaci¨®n como una veguer¨ªa.

El arrastre de todo este caudal hist¨®rico llega ya muy agotado a principios del siglo XXI cuando las realidades ideol¨®gicas, pol¨ªticas, constitucionales y administrativas son muy distintas de las que le dieron origen y cuando la Generalitat es una potent¨ªsima administraci¨®n muy pegada al territorio. Pero las veguer¨ªas son un compromiso firmado en su d¨ªa por PSC, ERC e ICV e incluido en su Plan de Gobierno para esta legislatura. Su creaci¨®n como sustitutas de las diputaciones provinciales figura en el vigente Estatuto de Autonom¨ªa y, a juicio de acreditados juristas, es perfectamente constitucional. De hecho, en Espa?a hay siete comunidades aut¨®nomas que han sustituido a otras tantas provincias, en las que no hay diputaciones.

La pretensi¨®n de aplicar este punto del programa del tripartito produce, sin embargo, dos tipos de oposici¨®n. Por una parte, afecta a instituciones ya existentes, con sus propias din¨¢micas pol¨ªticas, funcionariales, etc¨¦tera. Hay que tenerlas en cuenta, pero no pueden convertirse en muralla insalvable. Por otra parte, es un asunto que se presta como pocos al ejercicio de la demagogia de las contradicciones territoriales, una tentaci¨®n particularmente atractiva cuando se est¨¢ a menos de un a?o de las elecciones.

Manipular este tipo de agravios es siempre un ejercicio arriesgado, aunque alg¨²n partido pueda pensar que le reportar¨¢ beneficios. Pero ser¨ªa una irresponsabilidad inaceptable. Nada justifica que el Gobierno se eche atr¨¢s por mucho que alguien agite la competencia entre Vic y Manresa o Reus y Tarragona.