M¨¢s libertad, propiedad y legalidad

Parafraseando a Shakespeare, algo podrido huele en Internet para un Gobierno que trata de impulsar una regulaci¨®n que permite el cierre de p¨¢ginas web sin intervenci¨®n judicial y por la puerta trasera de una disposici¨®n final del Anteproyecto de Ley de Econom¨ªa Sostenible. ?Por qu¨¦ los ciudadanos no pueden asistir con transparencia a un debate legal, amplio, espec¨ªfico y pormenorizado que trate de encontrar un punto de equilibrio y de justicia entre todos los sectores en liza? ?A qu¨¦, o a qui¨¦n, tiene miedo el Gobierno debatiendo con luz y taqu¨ªgrafos sobre ello? ?Por qu¨¦ expulsa del debate p¨²blico este asunto y lo coloca marginalmente, y de tapadillo, dentro de una descomunal y alambicada Ley de Econom¨ªa Sostenible? Es m¨¢s, ?qu¨¦ extra?o sentimiento de culpabilidad fluye por los meandros ideol¨®gicos del PSOE cuando sus terminales intelectuales defienden que debe primar la defensa de la propiedad sobre la libertad, achacando a rengl¨®n seguido al Partido Popular que no cree en la primera y que manipule la segunda? ?Qu¨¦ est¨¢ pasando en el Gobierno de Zapatero para que tenga que record¨¢rsele por boca de Gregorio Peces-Barba, ponente constitucional y uno de los intelectuales m¨¢s relevantes y prestigiosos de la izquierda democr¨¢tica espa?ola, que, de acuerdo con nuestra Carta Magna, ha de ser un juez quien "valore la violaci¨®n posible de la propiedad intelectual en una p¨¢gina de un ordenador"?

Urge hallar un equilibrio que d¨¦ m¨¢s libertad a los usuarios de la Red y m¨¢s legalidad a los ciudadanos

No se trata de neutralizar la cultura. Lo que hay que evitar es su ideologizaci¨®n partidista

Demasiadas preguntas y pocas respuestas razonadas en el marco de un examen democr¨¢tico, sosegado y sensato, que proponga una estrategia consensuada y eficaz que haga frente a las actividades vulneradoras de la propiedad intelectual en el entorno digital. Una estrategia ambiciosa que trasciende a medidas segmentadas y provisionales, ya que requiere algo que este Gobierno acredita cotidianamente no tener: capacidad de liderazgo. Precisamente, en la gesti¨®n del problema que nos ocupa el liderazgo es fundamental. Sin ¨¦l no podr¨¢ abordarse eficazmente el problema de la pirater¨ªa digital. ?sta exige medidas consensuadas y desprovistas de condicionantes partidistas. La lucha contra aqu¨¦lla es una cuesti¨®n de Estado, porque la pirater¨ªa da?a la propiedad intelectual, menoscaba la seguridad jur¨ªdica que requieren nuestras industrias de contenidos para desarrollar sus modelos de negocio en la Red y, sobre todo, genera desempleo que, en un momento de crisis, es una sangr¨ªa inaceptable en t¨¦rminos personales y profesionales.

Por todo ello, la gravedad y complejidad del asunto debe abordarse mediante un liderazgo que doblegue las dificultades con energ¨ªa inteligente y sentido com¨²n. Un liderazgo que contribuya a que los sectores implicados -industrias de contenidos, operadores tecnol¨®gicos y usuarios- se pongan de acuerdo en una soluci¨®n global. Un liderazgo que sume, haciendo que todos pongan algo de su parte a la hora de adaptarse a la cultura digital. Pero, sobre todo, que impulse una regulaci¨®n de los derechos de autor que, al mismo tiempo, sea capaz de proteger efectivamente a las industrias de contenidos; de abaratar el ADSL; de favorecer decididamente los nuevos modelos de negocio en la Red y, finalmente, de fijar un marco de garant¨ªas legales y judiciales que permita a los usuarios de Internet sentirse protegidos en sus derechos. Es decir, un liderazgo que d¨¦ la cara en la tribuna p¨²blica y que argumente buscando un equilibrio legal integrador. Un liderazgo transparente, que no se esconda debajo de la capucha de un secretismo de gabinete presidencial que, incluso, es capaz de ocultar a los ministros lo que se negocia y discute en su nombre. En fin, un liderazgo virtuoso y democr¨¢tico que d¨¦ ejemplo de responsabilidad para exigirla, que no culpe a la oposici¨®n de sus errores y que est¨¦ al servicio de una pol¨ªtica que no tenga miedo a convencer y razonar parlamentariamente, ya que es capaz -como dec¨ªa Harrington, uno de los pensadores del republicanismo ingl¨¦s- de buscar los medios para que los ciudadanos no "tomen aquello que m¨¢s desean, sino que se comporten cortesmente en la mesa p¨²blica y ofrezcan lo mejor de s¨ª mismos a la decencia y al inter¨¦s com¨²n".

Quien vea estas exigencias como un intento de demonizar los creadores, se equivoca. Como se equivoca quien piense que se insin¨²a con ello una confrontaci¨®n de modelos republicano y neoliberal sobre Internet. Baste decir que afirmar ambas cosas a la vez es, una de dos, no entender ninguna de ellas o querer introducir un velo de confusi¨®n muy del gusto de los lectores aventajados de Lakoff. Un velo, por cierto, insuficientemente virtuoso en t¨¦rminos c¨ªvicos porque dificulta cualquier debate clarificador y entorpece cualquier consenso en torno a la elaboraci¨®n de una ley espec¨ªfica que regule la protecci¨®n de los derechos de autor y que incluya acciones cautelares judiciales en su defensa. Aqu¨ª habr¨ªa que recordar que la virtud p¨²blica est¨¢ siempre al servicio de un ideal de equilibrio, que en este caso habr¨ªa de ser de derechos. Un equilibro que d¨¦ m¨¢s libertad a los usuarios de la Red, m¨¢s propiedad a los due?os de contenidos y m¨¢s legalidad al conjunto de los ciudadanos. Un equilibrio que busque ser una conquista de la raz¨®n frente a la arbitrariedad, que trate de proteger eficazmente la propiedad intelectual, pero exigiendo que las medidas que se adopten impliquen una acci¨®n cautelar de naturaleza judicial, pues, si no, ?c¨®mo conciliar un conflicto de derechos en los que un inocente puede ser v¨ªctima de una arbitraria intervenci¨®n administrativa que lesione su presunci¨®n de inocencia, su intimidad y su libertad de expresi¨®n?

Lo alarmante de este asunto es que empieza a ser recurrente por parte del Gobierno este empe?o. No s¨®lo en el objetivo de regular Internet sin control judicial, sino tambi¨¦n en el uso de un secretismo que trata de eludir frontalmente el debate p¨²blico. Aqu¨ª hay que recordar que hace un a?o el PSOE se desliz¨® por el tobog¨¢n de la arbitrariedad mediante una regulaci¨®n parecida a la que ahora se debate. Entonces lo hizo a trav¨¦s de una Proposici¨®n No de Ley que quer¨ªa "ordenar la circulaci¨®n de contenidos en Internet para hacer frente a la pirater¨ªa cultural", y sin que mediase un debate legal espec¨ªfico y, por supuesto, sin intervenci¨®n judicial. Y un a?o despu¨¦s ha vuelto a la carga. ?Por qu¨¦? Probablemente porque el Gobierno de Zapatero prefiere una mala soluci¨®n a reconocer p¨²blicamente que es el ¨²nico responsable de que nuestro pa¨ªs haya sido incluido por segundo a?o consecutivo en la Watch List 301 del caucus anti-pirater¨ªa del Congreso de Estados Unidos, formando parte del G-28 de la pirater¨ªa junto a pa¨ªses como Bangladesh, Bielorrusia, Bulgaria, Nigeria, Kazajast¨¢n, Pakist¨¢n, Malaysia o Filipinas. Aqu¨ª, seguramente, algo tendr¨¢ que ver que el Plan Integral de Lucha contra la Pirater¨ªa aprobado en 2005 por el Gobierno de Zapatero no haya sido dotado suficientemente en los ¨²ltimos a?os, incumpliendo as¨ª, entre otros compromisos contenidos en ¨¦l, la obligaci¨®n de dotar de recursos a la Administraci¨®n de Justicia para que los jueces y fiscales pudieran especializarse en este campo.

No cabe duda de que Espa?a necesita dar seguridad jur¨ªdica a la creaci¨®n en general y a las industrias de contenidos que utilizan ese soporte universal que es el castellano. Probablemente, el futuro estrat¨¦gico de nuestro pa¨ªs est¨¢ subordinado al acierto o al fracaso institucional con el que abordemos esta cuesti¨®n. Si queremos tener ¨¦xito en la gesti¨®n de este asunto hay que ser ambiciosos y desplegar una pol¨ªtica de Estado que potencie la internacionalizaci¨®n de nuestras industrias culturales, que proteja eficazmente la creaci¨®n y que despolitice la cultura, pero en la l¨ªnea de interpretar ¨¦sta como un espacio de libertad respetuosa con la creaci¨®n misma, asumiendo aquello que Claudio Magris afirma cuando apela a la humildad responsable del creador de saber que, al poner su nombre al servicio de una causa, la que sea, lo hace no como creador, sino como un ciudadano m¨¢s. Con esta exigencia de despolitizaci¨®n no se trata de neutralizar la cultura, sino de evitar su ideologizaci¨®n partidista, que es otra cosa muy distinta. Espa?a necesita elaborar una Ley de Propiedad Intelectual que est¨¦ a la altura de las circunstancias y que se adapte a los cambios tecnol¨®gicos de nuestro tiempo. Una Ley que proteja la creaci¨®n y la autor¨ªa, que lo haga con celeridad, inmediatez y contundencia, pero respetando las garant¨ªas que exige el Estado de derecho y, de paso, cumpliendo aquello que Montesquieu exig¨ªa al legislador: que fuera sabio al tener un prudente conocimiento del esp¨ªritu general de su propia sociedad pues, de lo contrario, sus leyes ser¨¢n como disparos en la noche.

Jos¨¦ Mar¨ªa Lassalle es secretario nacional de Cultura del PP y diputado por Cantabria.