Una d¨¦cada de pleitos en El Cabanyal

La orden de paralizaci¨®n del plan de El Cabanyal por suponer un expolio del patrimonio hist¨®rico del barrio marinero de Valencia ha dado un giro al largo conflicto en torno a un proyecto que prev¨¦ derribar 450 edificios para prolongar la avenida de Blasco Ib¨¢?ez a trav¨¦s de una zona declarada Bien de Inter¨¦s Cultural (BIC). La decisi¨®n del Ministerio de Cultura llega tras una d¨¦cada de vaivenes judiciales que ahora retomar¨¢n la alcaldesa, Rita Barber¨¢, y el Consell, que combatir¨¢n la orden en todos los tribunales posibles. Considera la alcaldesa que la orden ministerial es "arbitraria" y que va m¨¢s all¨¢ de lo exigido por el Tribunal Supremo, que reclam¨® un dictamen sobre el posible expolio.

El Ayuntamiento y la Generalitat recurrir¨¢n la orden del Gobierno

La historia judicial del plan que ahora se centra en el concepto del expolio arranca con los primeros recursos de Salvem El Cabanyal y otras entidades contra el proyecto en 2001, y continu¨® al a?o siguiente con la paralizaci¨®n cautelar de las actuaciones en el BIC. Una suspensi¨®n que confirm¨® el Supremo y se mantuvo hasta que en octubre de 2004 el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJ) la levant¨® al aprobar el proyecto. Sin embargo, las excavadoras no entraron en el BIC -s¨ª en otras zonas, con m¨¢s sentencias de por medio- por los nuevos recursos ante el Supremo.

El alto tribunal no se pronunci¨® sobre el asunto hasta marzo de 2008, cuando confirm¨® el visto bueno a la prolongaci¨®n de Blasco Ib¨¢?ez. El Supremo analiz¨® la denuncia de los afectados de que el plan implicar¨ªa un expolio al patrimonio. Seg¨²n los magistrados, "el modo de proceder" del Ayuntamiento y la Generalitat "no tiene encaje en el concepto de expoliaci¨®n" y las determinaciones del plan de El Cabanyal "se compartan o no", no pueden ser "tachadas de irracionales o arbitrarias". Una reflexi¨®n que destac¨® el martes Barber¨¢. La sentencia, sin embargo, tambi¨¦n dej¨® claro que el Estado tiene competencias en patrimonio, y singularmente sobre los casos de expolio. En ese contexto, el Supremo destacaba que no hab¨ªa "constancia de que haya habido denuncia ni procedimiento administrativo sobre una posible expoliaci¨®n ni, por tanto, un pronunciamiento de la Administraci¨®n estatal acerca de esta cuesti¨®n".

Ese dato era incorrecto. El Ministerio de Cultura hab¨ªa dictado una resoluci¨®n al respecto en enero de 2001, y ¨¦sta hab¨ªa sido recurrida por Salvem El Cabanyal ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que le dio la raz¨®n en septiembre de 2004 y la anul¨®.

El recurso contra esa sentencia estaba pendiente en el Supremo cuando bendijo el plan de El Cabanyal en 2008. Y eso oblig¨® a la misma secci¨®n quinta de lo Contencioso-administrativo a volver sobre sus pasos en un nuevo fallo que en mayo de 2009 reabri¨® el caso. Los magistrados apuntaron que un a?o antes s¨®lo hab¨ªan dado respuesta al "alegato de expolio" gen¨¦rico que los afectados aportaban a otros argumentos, y que ahora sab¨ªan "que existi¨® denuncia por expolio". Entrando en el asunto, el Supremo se reafirm¨® en que el Estado es competente para abordar la cuesti¨®n y confirm¨® la anulaci¨®n del dictamen emitido por el ministerio en 2001.

Aquella resoluci¨®n no analiz¨® los "amplios" informes negativos del caso aportados al expediente y se limit¨® a se?alar que el plan cumpl¨ªa la normativa valenciana de patrimonio y que no exist¨ªa tutela superior del Estado. Para el Supremo, ese dictamen "no contiene (...) ninguna valoraci¨®n que indique que han sido examinados los diferentes informes t¨¦cnicos". Y, adem¨¢s, no existe en la resoluci¨®n "un solo dato que denote el ejercicio de las atribuciones que corresponden al Estado en la defensa del patrimonio hist¨®rico frente a la expoliaci¨®n".

El ministerio considera que con la orden de paralizaci¨®n del plan anunciada el lunes ha cumplido con esa exigencia del alto tribunal de pronunciarse sobre el expolio "en el ejercicio de su competencia". La Generalitat y el Ayuntamiento creen que debi¨® limitarse a argumentar mejor la resoluci¨®n anulada. As¨ª lo defender¨¢n en sus recursos, mientras tambi¨¦n le discuten al Estado la competencia sobre patrimonio en el Constitucional. El plan de El Cabanyal seguir¨¢ as¨ª en los tribunales.