La Audiencia 'juzgar¨¢' las descargas

La Audiencia Nacional ser¨¢ la encargada de decidir el bloqueo de las p¨¢ginas web que permitan descargas no autorizadas de archivos protegidos por derechos de autor como pel¨ªculas, canciones o videojuegos. As¨ª lo ha decidido el Gobierno en una nueva maniobra legislativa para tratar de encajar una normativa "antipirater¨ªa" que contente a la industria digital y no desate un mot¨ªn entre el activismo internauta.

La nueva propuesta del Gobierno dise?a un "procedimiento mixto administrativo-judicial" que otorga a la Comisi¨®n de Propiedad Intelectual, un nuevo ¨®rgano dependiente del Ministerio de Cultura, la potestad de iniciar un procedimiento administrativo contra las webs que vulneren los derechos de propiedad intelectual, aunque cede la decisi¨®n final a un magistrado de la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, que contar¨¢ con un plazo m¨¢ximo de cuatro d¨ªas.

El Gobierno modificar¨¢ la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial

Este procedimiento se iniciar¨¢ cuando los propietarios de derechos de autor -una productora cinematogr¨¢fica, una discogr¨¢fica o el mismo autor de una obra- denuncien ante la Comisi¨®n de Propiedad Intelectual a la p¨¢gina que presuntamente est¨¢ comercializando, almacenando o enlazando sin autorizaci¨®n un archivo suyo, ya sea una pel¨ªcula, canciones en formato mp3, un videojuego o un programa de software.

La Comisi¨®n entonces estudiar¨¢ el caso y comprobar¨¢ si se est¨¢n infringiendo esos derechos. Acto seguido notificar¨¢ a la web la denuncia y se abrir¨¢ un periodo de alegaciones para los responsables de la p¨¢gina. Una vez estudiadas esas alegaciones, si la Comisi¨®n entiende que no son suficientes, notificar¨¢ oficialmente a la web que desaloje los archivos de los que est¨¢ haciendo un uso il¨ªcito y le dar¨¢ un plazo para ello, dando por finalizado el proceso administrativo, que puede prolongarse "el tiempo que sea necesario", seg¨²n se?al¨® ayer la ministra de Cultura, ?ngeles Gonz¨¢lez-Sinde. Expertos consultados por este diario indican que, a tenor de otros procedimientos administrativos, el plazo de esta primera etapa, puede superar los tres meses, lo que a?ade un matiz garantista a la "agilidad" de la que habla el Gobierno.

Finalizada esta fase, la Comisi¨®n pedir¨¢ al juez de la Audiencia el bloqueo de la web y el magistrado, tras escuchar a las partes, tomar¨¢ su decisi¨®n en cuatro d¨ªas. El auto del juez de la Audiencia no entrar¨¢ en el fondo del asunto, sino que se limitar¨¢ a dilucidar si la Comisi¨®n es competente para solicitar la medida y si el cierre de la p¨¢gina no afecta a ning¨²n derecho fundamental, como el de la libertad de expresi¨®n, de acuerdo con el art¨ªculo 122 de la Ley de la Jurisdicci¨®n Contencioso Administrativa. Ambas partes podr¨¢n dilucidar posteriormente el fondo de su querella ante la jurisdicci¨®n ordinaria. A efectos pr¨¢cticos, con esta ley en la mano retirar un estreno como Avatar no ser¨¢ ni mucho menos inmediato, pero se espera que el cierre posterior de la web tendr¨¢ efectos disuasorios sobre otras p¨¢ginas de descargas.

Tras la revuelta digital que caus¨® hace un mes la normativa antidescargas contenida en la disposici¨®n final de la Ley de Econom¨ªa Sostenible, el Ejecutivo de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero se ha visto en la obligaci¨®n de modificarla, incorporando un "proyecto de ley complementario para atribuir la competencia de control y autorizaci¨®n previa de los jueces, de manera clara e inequ¨ªvoca", seg¨²n aclar¨® el ministro de Justicia, Francisco Caama?o. El ministro explic¨® que se ha elegido a la Audiencia Nacional como ¨®rgano con competencias en esta materia porque es "muy dif¨ªcil" saber d¨®nde se aloja la p¨¢gina web que infringe los derechos, lo que obligar¨¢ a una modificaci¨®n de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial.

La titular del Ministerio de Cultura, la gran instigadora del proyecto, resalt¨® que con esta regulaci¨®n s¨®lo se quiere perseguir "a unos cuantos que se enriquecen ilegalmente del trabajo de los dem¨¢s", en referencia a las p¨¢ginas de descargas "il¨ªcitas", que cifr¨® en un centenar, aunque no supo aclarar si, por ejemplo, en esta categor¨ªa se incluyen webs tan populares como eMule o BitTorrent.

El proyecto no ha hecho m¨¢s que arrancar. Tras la aprobaci¨®n por parte del Consejo de Ministros, pasar¨¢ ahora a manos de los ¨®rganos consultivos (Consejo de Estado y Consejo General del Poder Judicial, entre otros), y se remitir¨¢ posteriormente al Parlamento para su discusi¨®n. Una vez aprobado, ser¨¢ precisa la redacci¨®n de un reglamento que regule el funcionamiento de la Comisi¨®n de Propiedad Intelectual y su composici¨®n, por lo que se estima que hasta despu¨¦s del verano no se habr¨¢ completado el proyecto legislativo, y seguramente en este a?o, no se tramitar¨¢ ninguna denuncia.

El proyecto del Gobierno, cuya redacci¨®n textual, no se conocer¨¢ hasta el lunes, abre muchos interrogantes. El primero es que introduce un ¨®rgano especial -la Comisi¨®n de Propiedad Intelectual- que no existe en ning¨²n otro procedimiento administrativo ordinario, pudi¨¦ndose observar un trato de privilegio a los propietarios de derechos de autor frente a otro tipo de derechos.

En segundo lugar, porque si el auto del juez de la Audiencia Nacional no entra en el fondo del asunto, los responsables de las p¨¢ginas cerradas deber¨¢n iniciar un largo proceso judicial que, incluso en el caso de que les sea favorable, les puede producir un da?o irreparable, sin que est¨¦ muy claro qui¨¦n deber¨ªa correr a cargo de la indemnizaci¨®n por el cierre (el Estado o el denunciante). Los legisladores deber¨¢n hilar muy fino para sortear los escollos de la pol¨¦mica ley antidescargas.