Pumpido aval¨® la pena de c¨¢rcel para dos periodistas

El fiscal general del Estado, C¨¢ndido Conde-Pumpido, fue informado puntualmente por la Fiscal¨ªa de Madrid de que iba a mantener su petici¨®n de cinco meses de c¨¢rcel por revelaci¨®n de secretos contra los periodistas Daniel Anido, director de la SER, y Rodolfo Irago, jefe de informativos de esta cadena. El ministerio fiscal se rige por el principio de jerarqu¨ªa, de tal forma que Conde-Pumpido puede ordenar a cualquier subordinado retirar una acusaci¨®n. Con su inacci¨®n, ha consentido y avalado que el jefe de la Fiscal¨ªa de la Audiencia de Madrid, Eduardo Esteban, persista en pedir c¨¢rcel sustituible por multas en el recurso que su departamento ha formulado ahora contra la sentencia que dict¨® el Juzgado de lo Penal 16 de Madrid. En ella, el juez Rodr¨ªguez Fern¨¢ndez condena a Anido e Irago a un a?o y nueve meses de c¨¢rcel por una informaci¨®n que el propio juez cataloga de veraz, contrastada, noticiable y de inter¨¦s p¨²blico.

Magistrados de la Audiencia consideran una aberraci¨®n la condena a la SER

La informaci¨®n que para la Fiscal¨ªa merece una condena de c¨¢rcel para Anido e Irago est¨¢ relacionada con el proceso masivo de afiliaciones irregulares en el PP de Villaviciosa de Od¨®n (Madrid) impulsado por los constructores Francisco Bravo y Francisco V¨¢zquez, ambos vinculados al tamayazo. Seg¨²n el juez, los periodistas cometieron un delito de revelaci¨®n de secretos al publicar en la web de la SER la lista de las 78 personas que participaron en el pucherazo, denunciado desde el propio PP. El tamayazo fue el esc¨¢ndalo por el que Rafael Simancas, ex l¨ªder del PSOE en Madrid, perdi¨® en el ¨²ltimo momento el Gobierno que hab¨ªa ganado en las urnas en coalici¨®n con IU debido a la deserci¨®n, en 2003, de los ex diputados socialistas de Madrid Tamayo y S¨¢enz.

La postura de la fiscal¨ªa en este pol¨¦mico asunto ha sido cambiante. Inicialmente, antes de la celebraci¨®n del juicio, pidi¨® para Anido e Irago tres a?os y medio de c¨¢rcel, m¨¢s pena incluso que la que reclamaba la acusaci¨®n particular. Durante el juicio, el fiscal del caso modific¨® sus conclusiones, de acuerdo con su jefe Eduardo Esteban, y redujo los m¨¢s de tres a?os que les ped¨ªa inicialmente a cinco meses de prisi¨®n sustituibles por multas econ¨®micas al apreciar como eximente incompleta el hecho de que ambos periodistas hab¨ªan actuado "en el ejercicio leg¨ªtimo de su derecho a informar" y en que se hab¨ªan limitado "a ceder" para la web de la SER el listado de afiliados. Pero a¨²n as¨ª, mantuvo que deb¨ªan ser condenados a pena de c¨¢rcel, y lo mismo mantiene ahora en el recurso interpuesto ante la Audiencia.

La Fiscal¨ªa General difundi¨® ayer dos escritos sobre este asunto. En el segundo matizaba el primero y suger¨ªa que es la Fiscal¨ªa de Madrid la que se ha decantado por no apreciar en este caso la eximente "como completa".

El criterio de la fiscal¨ªa es que el derecho a la informaci¨®n no es ilimitado y que en una colisi¨®n con otros derechos fundamentales (el de la libertad ideol¨®gica y a la protecci¨®n de datos incorporados a un registro inform¨¢tico), aqu¨¦l no tiene prioridad sobre los otros. Fuentes cercanas a la Fiscal¨ªa General se?alan que la jurisprudencia s¨®lo da prioridad al derecho a la informaci¨®n sobre el del honor, y afirman que en este asunto los periodistas debieron evitar la difusi¨®n del listado de afiliados. Ambos periodistas presentar¨¢n la pr¨®xima semana su recurso contra la sentencia del juez Rodr¨ªguez Fern¨¢ndez. Las diligencias ya est¨¢n en manos de la Audiencia de Madrid, que puede confirmar, reducir o revocar el fallo.

Magistrados de la Audiencia de Madrid, al igual que han hecho las asociaciones de jueces, consideran una aberraci¨®n esta sentencia y aseguran que el derecho a la informaci¨®n s¨ª prevalece sobre otros derechos. "No atenta contra la intimidad ni la libertad ideol¨®gica divulgar que alguien es afiliado a un partido, que tiene carn¨¦ y paga una cuota. La propia Constituci¨®n habla de la transparencia y democracia interna de los partidos pol¨ªticos, y la afiliaci¨®n a un partido no es un acto ¨ªntimo", se?alan los citados medios judiciales, convencidos de que la sentencia ser¨¢ revocada.