Crece el clamor por una reforma de la Ley de Propiedad Intelectual

Todos quieren una reforma integral de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) aunque nadie est¨¢ de acuerdo en el c¨®mo. La Comisi¨®n Nacional de Competencia (CNC) estima que es preciso cambiar esa norma para eliminar el monopolio de las sociedades de gesti¨®n de derechos de autor. El Gobierno cree que es suficiente con perseguir las p¨¢ginas web que permiten descargas no autorizadas de Internet, elemento que ha introducido en la ley de Econom¨ªa Sostenible. Y gran parte de la oposici¨®n exige que se retire esa disposici¨®n y se acometa una reforma integral de la LPI que vaya m¨¢s all¨¢ de las descargas.

El debate sobre los derechos de autor, que ya estaba suficientemente caldeado con la pol¨¦mica disposici¨®n antidescargas, se ha vuelto a encender con el informe del organismo que vigila la competencia, que dedica sus cien p¨¢ginas a desmontar el actual sistema colectivo de gesti¨®n de derechos en manos de ocho sociedades, sistema al que acusa de "monopol¨ªstico, opaco e injusto".

La ministra de Cultura defiende abiertamente la labor de la SGAE

Un informe oficial de 2009 defend¨ªa el actual sistema de reparto de derechos

Los acusados no han tardado en responder. Y cuatro de ellos -AGEDI (promotores musicales), AIE (int¨¦rpretes), CEDRO (edici¨®n) y SGAE (autores)- han decidido unirse y constituir la asociaci¨®n Ibercrea para defender mejor sus intereses. Entre todas, suman 100.000 socios, gestionan en torno a 400 millones de euros al a?o y abarcan casi todos los campos, con la excepci¨®n de la producci¨®n cinematogr¨¢fica, ya que EGEDA no se ha unido a la plataforma. La nueva asociaci¨®n estar¨¢ presidida por Manuel Medina, el ex eurodiputado socialista que se hizo popular por presentar una proposici¨®n en el Parlamento Europeo que ped¨ªa la ilegalizaci¨®n del intercambio de archivos a trav¨¦s de los programas P2P, como eMule o BitTorrent.

La indignaci¨®n por el informe de la CNC es patente. Las sociedades de gesti¨®n no entienden que el organismo dependiente del Ministerio de Econom¨ªa les pida justamente lo contrario que lo que en abril pasado les exigi¨® el informe elaborado por el Ministerio de Administraciones P¨²blicas, a trav¨¦s de la Agencia Estatal de Evaluaci¨®n de las Pol¨ªticas P¨²blicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL), seg¨²n se?alaron ayer fuentes de las entidades.

Las conclusiones de ese documento se?alaban que la gesti¨®n colectiva de los derechos de propiedad intelectual resulta m¨¢s eficaz que la gesti¨®n individual y que, de no existir estas entidades, ser¨ªa dif¨ªcil que los autores, artistas y productores percibieran los ingresos por los derechos que les reconoce la ley, siendo los m¨¢s perjudicados los que gozaran de menos ¨¦xito art¨ªstico y profesional. AEVAL tambi¨¦n indicaba que la transparencia de estas entidades puede considerarse "adecuada, dado el marco legal en el que desarrollan su actividad", y que los repartos realizados entre sus socios se consideran "equitativos y objetivos en el cumplimiento de las reglas".

Pablo Hern¨¢ndez Arroyo, subdirector general de la SGAE, afirm¨® ayer que el estudio del CNC es "sesgado" y est¨¢ lleno de errores, y aludi¨® a intereses secretos en su elaboraci¨®n. "A veces uno llega a pensar que existe un lobby interesado en reducir la posibilidad de negociaci¨®n de la SGAE", dijo. Por su parte, la directora de CEDRO, Magdalena Vintent, se?al¨® que el informe pone en duda no s¨®lo la legislaci¨®n nacional y europea sino tambi¨¦n la legislaci¨®n universal en gesti¨®n colectiva de derechos de autor.

Desde Barcelona, la ministra de Cultura, ?ngeles Gonz¨¢lez-Sinde, tambi¨¦n sali¨® en defensa de las entidades de gesti¨®n, asegurando que respetan la legalidad vigente. Y fue a¨²n m¨¢s all¨¢ en el caso de la SGAE, en la pol¨¦mica por el cobro de un canon en las peluquer¨ªas por poner la radio. "La SGAE es una entidad que lleva m¨¢s de cien a?os trabajando, no podemos aprovecharnos del trabajo de los dem¨¢s sin su conocimiento, ni poner en cuesti¨®n que somos due?os de nuestras ideas", indic¨® la ministra, informa Jos¨¦ ?ngel Monta?¨¦s.

El debate tambi¨¦n se ha instalado en la trinchera pol¨ªtica. Los grupos parlamentarios de PNV, ERC-ICV-IU y el Grupo Mixto se han unido para exigirle al Gobierno que retire de la ley de Econom¨ªa Sostenible la pol¨¦mica disposici¨®n final que permitir¨¢ el bloqueo de las webs de descargas no autorizadas de archivos protegidos por derechos de autor. Si el Gobierno no acepta esa retirada de la disposici¨®n, los grupos amenazan con boicotear la subcomisi¨®n de Cultura que, desde hace un a?o, estudia precisamente la reforma de la LPI, no participando en la elaboraci¨®n de sus conclusiones, que deben estar listas antes de marzo.

El pacto hab¨ªa sido suscrito tambi¨¦n por el Grupo Popular y por el Grupo Catal¨¢n (CiU), dejando solo al PSOE en la defensa del proyecto, pero esos dos grupos se descolgaron del acuerdo a ¨²ltima hora. El PP, por boca de su portavoz de Cultura, Jos¨¦ Mar¨ªa Lasalle, justific¨® este descuelgue porque entiende que a¨²n no es necesario pronunciarse ya que el anteproyecto no ha llegado al Congreso para su debate. El PP ha dulcificado mucho su oposici¨®n. La introducci¨®n de la tutela judicial para el cierre de webs es interpretado como una mejora en la l¨ªnea de lo que ped¨ªa su grupo.