Multa a Fadesa por no controlar el blanqueo

El concurso de acreedores no es la ¨²nica batalla que libra en los tribunales Martinsa-Fadesa, en suspensi¨®n de pagos desde julio de 2008. La Secci¨®n Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo acaba de fallar un recurso de casaci¨®n presentado por la compa?¨ªa, declarando su inadmisi¨®n, contra una sentencia de la Audiencia Nacional en la que daba la raz¨®n al Ministerio de Econom¨ªa tras haber impuesto diversas sanciones a la compa?¨ªa inmobiliaria como autora de "infracciones graves" en materia de prevenci¨®n de blanqueo de capitales.

El Tribunal Supremo ratifica as¨ª una sentencia de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional en la que declaraba probado que Martinsa-Fadesa eludi¨® los controles del Servicio de Prevenci¨®n de Blanqueo de Capitales en diversas operaciones y durante varios a?os, antes de que la inmobiliaria coru?esa fuera comprada por el empresario Fernando Mart¨ªn y, obviamente, antes de la crisis financiera que la llev¨® a la suspensi¨®n de pagos.

Fue sancionada con 275.000 euros cuando a¨²n la dirig¨ªa Manuel Jove

La inmobiliaria provision¨® 31,8 millones para sus litigios fiscales

La sentencia del Tribunal Supremo, dictada el pasado mes de noviembre, considera probadas y ajustadas a derecho las infracciones detectadas y las sanciones impuestas a Martinsa-Fadesa, e invalida a la vez los argumentos de su recurso de casaci¨®n en relaci¨®n con cuatro conceptos legales distintos, todos ellos relacionados con sus mecanismos internos de prevenci¨®n de blanqueo de dinero y la falta de datos requeridos por los servicios de inspecci¨®n del Banco de Espa?a y del Ministerio de Econom¨ªa.

La resoluci¨®n de dicho departamento del Gobierno, que impuso sanciones a la inmobiliaria por importe de 275.000 euros, data de 2004, cuando la compa?¨ªa todav¨ªa estaba en manos del empresario Manuel Jove. Las sanciones y amonestaciones aluden espec¨ªficamente a "la negligencia de la compa?¨ªa en el cumplimiento del deber de examen especial de operaciones", y al "incumplimiento de la obligaci¨®n de establecer procedimientos y ¨®rganos de control interno", as¨ª como haber eludido "la obligaci¨®n de identificar a sus clientes y conservar durante un per¨ªodo de seis a?os los documentos que acrediten adecuadamente la realizaci¨®n de las operaciones" se?aladas.

Los servicios de inspecci¨®n requirieron a la inmobiliaria determinados datos relativos a operaciones de transferencia de fondos y la entrega f¨ªsica de dinero en met¨¢lico, e incluso informaci¨®n sobre transacciones realizadas desde las oficinas que la compa?¨ªa ten¨ªa en pa¨ªses como Marruecos, Portugal y Gran Breta?a. Tambi¨¦n solicitaron justificaci¨®n de las operaciones de importe superior a 500.000 euros anuales, "o las que se hubieran analizado como potencialmente sospechosas".

La sentencia de la Audiencia Nacional, ratificada ahora por el Tribunal Supremo, consideraba probado que la empresa no hab¨ªa aportado ni un solo documento de los requeridos y que no hab¨ªa comunicado ninguna operaci¨®n sospechosa de las que realiz¨® entre los ejercicios del 2000 al 2003.

"Los ¨®rganos de control eran insuficientes", se?ala la sentencia, "tampoco hab¨ªa establecido ning¨²n procedimiento para an¨¢lisis de operaciones de riesgo, ni cat¨¢logo previo de algunas que ten¨ªan caracter¨ªsticas que exig¨ªan un examen especial que no se hab¨ªa realizado". Una vez sancionada por la inspecci¨®n, Martinsa-Fadesa decidi¨® impugnar la decisi¨®n administrativa por entender que la persona que elabor¨® e instruy¨® el expediente carec¨ªa de la condici¨®n de funcionario p¨²blico, aunque posteriormente el Banco de Espa?a acredit¨® su pertenencia al Servicio Ejecutivo de la Comisi¨®n de Prevenci¨®n de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac).

Ante el fallo del Supremo, desde Martinsa-Fadesa aseguran que las sanciones "hacen referencia a cuestiones y procedimientos administrativos, que tienen su origen en una inspecci¨®n de 2004 y que, a partir de ah¨ª, se tomaron en ejercicios posteriores las medidas oportunas para establecer los mecanismos de control a los que alude la sentencia". Tambi¨¦n se?alan que el importe de las sanciones est¨¢ provisionado en las cuentas de la inmobiliaria.

Desde el entorno de Manuel Jove, presidente de la compa?¨ªa inmobiliaria cuando se realiz¨® la inspecci¨®n, antes de su venta al empresario Fernando Mart¨ªn, restan relevancia a la sentencia y no entran en su valoraci¨®n, ya que ha tenido un recorrido judicial posterior a la venta de la compa?¨ªa.

Actualmente, la Audiencia Nacional y el Tribunal Econ¨®mico-Administrativo Central dirimen procesos abiertos por deudas fiscales de la compa?¨ªa que se reparten durante los ¨²ltimos a?os, incluso antes de que se llevara a cabo su venta, cerrada en septiembre de 2006.

La inmobiliaria provision¨® en sus cuentas de 2008 un total de 31,8 millones de euros para hacer frente a las sentencias en contra de los litigios fiscales que arrastra, que en algunos casos se remontan a 1996. A las demandas, reclamaciones laborales y la treintena larga de procedimientos civiles interpuestos por diversas comunidades de propietarios, tanto en Galicia como en otras ciudades espa?olas, se suma un frente tributario que ha acabado en los tribunales.

Los actuales gestores de la compa?¨ªa inmobiliaria mantienen recurridas en la Audiencia Nacional actas de inspecci¨®n fiscal, firmadas en disconformidad, correspondientes a cuatro ejercicios que se remontan a los a?os comprendidos entre 1996 y 1999.