Guerra a las chabolas playeras

El Ayuntamiento de Ferrol le ha declarado la guerra a las casetas ilegales a pie de playa que salpican la costa de Doni?os, San Xurxo, Esmelle y Covas. Calculan que hay cerca de 200. Construcciones irregulares de peque?as dimensiones a base de pl¨¢stico, madera y uralitas que se levantaron de espaldas a la legalidad y que un grupo de vecinos infractores utiliza sin complejos como exclusivo lugar de veraneo con vistas al mar.

El gobierno ferrolano est¨¢ decidido a erradicar estas infraviviendas ilegales que colonizan el litoral, incumplen todas las normativas urban¨ªsticas y que alteran tanto el paisaje como el h¨¢bitat, causando da?os irreversibles en zonas protegidas.

El deseo del ejecutivo local ser¨ªa "derribar la inmensa mayor¨ªa de estas chabolas" y despejar la costa. Sin embargo, en este empe?o, el equipo que lidera el socialista Vicente Irisarri se ha topado con un problema de competencias que limita su capacidad de acci¨®n. Al tratarse de suelo r¨²stico, corresponde a la Xunta de Galicia tomar cartas en el asunto. Otras casetas se levantan casi en la arena, en la franja litoral de la demarcaci¨®n de Costas, y su derribo depende del Ministerio de Medio Ambiente.

Casi 200 casetas ilegales salpican la costa, entre Doni?os y Covas

Las chabolas llegaron a pagar contribuci¨®n municipal

El Ayuntamiento reconoce que este cruce de competencias entre administraciones complica el proceso y dilata los tr¨¢mites. Los infractores se aprovechan de la burocracia para escurrir el bulto y disfrutar durante d¨¦cadas de su casita ilegal de veraneo. Para atajar este fen¨®meno y agilizar la tramitaci¨®n de las denuncias, el municipio se ha puesto manos a la obra. Desde el lunes, cuatro agentes de la polic¨ªa ferrolana en dos patrullas se reparten las parroquias y rastrean la costa ma?ana y tarde para localizar y documentar todas estas construcciones.

Si la vivienda est¨¢ consolidada por el paso del tiempo, los agentes s¨®lo pueden tomar nota, identificar al propietario y abrir un expediente sancionador que el municipio remitir¨¢ posteriormente a la Axencia Galega de Protecci¨®n da Legalidade Urban¨ªstica, donde previsiblemente se quedar¨¢ atascado unos a?os. Si la chabola todav¨ªa est¨¢ en tr¨¢mites de construcci¨®n, el Ayuntamiento puede levantar acta y precintar el terreno.

"Se trata de anticiparnos y evitar el problema en origen", asegura el edil de Urbanismo, ?ngel Mato. Define la campa?a como "disuasoria y preventiva" para que ning¨²n vecino "se apropie del patrimonio ambiental por encima del marco legal".

En los ¨²ltimos cinco d¨ªas, los agentes han abierto una decena de expedientes y llaman la atenci¨®n sobre la proliferaci¨®n de infraviviendas en n¨²cleos rurales del interior. Estiman que hay cerca de 200 chabolas esparcidas por el litoral ferrolano. Medio centenar se concentran en el monte de man com¨²n de San Xurxo, unas 250 hect¨¢reas de terreno en una zona muy jugosa de la costa a medio camino entre las playas de Doni?os y Esmelle. Otras 90 casetas salpican la costa de Covas, repartidas entre las playas de Ponzos y Santa Comba y la bajada a los arenales de A Fragata y el Vilar. El resto se "esconden" en zonas rurales menos vistosas y entre caminos alejados de la playa.

El presidente de la comunidad de propietarios de los montes, Manuel Varela, aplaude las patrullas policiales pero teme que la medida llega "muy tarde". Cuenta que las primeras chabolas de San Xurxo se remontan a principios de los 70 y asegura que en los ¨²ltimos 40 a?os ha visto todo tipo de chapuzas y agresiones al entorno. Lo que empez¨® como peque?as casetas provisionales para guardar aperos de labranza y pesca, deriv¨® en caba?as de verano y casetas de fin de semana. "Cogen un trocito de monte, unas tablas de encofrados y cuatro uralitas y ya est¨¢", explica Varela, "por 4.000 euros ya tienen casa en la playa". Otros, optan por casas prefabricadas que colocan en terrenos r¨²sticos que compran a los vecinos, o colocan su autocaravana en medio de una finca cualquiera, a menudo en zonas protegidas, y trampean los enganches de luz y agua.

El presidente de los montes mancomunados critica que durante d¨¦cadas las autoridades toleraron estas construcciones ilegales "que llegaron a pagar la contribuci¨®n municipal". Incluso asegura que en Tralouteiro hay dos caba?as que "se est¨¢n reformando" para mayor comodidad de sus usuarios que compran y venden propiedades ilegales "por tres o cuatro millones de pesetas". Su deseo es que se derriben cuanto antes todas estas construcciones. "No tenemos nada en contra de esa gente pero exigimos que se reponga la legalidad", insiste.