Cambio de orientaci¨®n

El Gobierno adopt¨® ayer dos decisiones que suponen un cambio significativo en la orientaci¨®n de la pol¨ªtica econ¨®mica aplicada desde que se declar¨® el estado de crisis financiera internacional y de profunda recesi¨®n econ¨®mica nacional. La primera es una propuesta de aumento de la edad de jubilaci¨®n hasta los 67 a?os, completada adem¨¢s con un (por el momento) indeterminado aumento en la base de cotizaci¨®n a la Seguridad Social sobre la que se calcula la pensi¨®n de jubilaci¨®n. Es evidente que esta propuesta, rechazada de plano por los sindicatos, pretende consolidar el sistema de pensiones, que en el futuro puede verse arruinado por un mercado laboral en el que los cotizantes empiezan a trabajar cada vez m¨¢s tarde, se jubilan a edades cada vez m¨¢s tempranas y, adem¨¢s, tienen una esperanza de vida mayor. La segunda medida es el anuncio de un plan de recorte del gasto p¨²blico de 50.000 millones en tres a?os que, seg¨²n la vicepresidenta Elena Salgado, respetar¨¢ el gasto social y las inversiones en I+D.

Ambas medidas suponen un viraje en la pol¨ªtica econ¨®mica por varias razones sobre las que merece la pena reflexionar. El Gobierno da a entender que el periodo de combate de la recesi¨®n a trav¨¦s de fuertes est¨ªmulos econ¨®micos debe dejar paso paulatinamente a un programa de sostenibilidad financiera del Estado, gravemente socavada por el oneroso coste de la recesi¨®n. Los t¨¦rminos de esa amenaza contra las finanzas p¨²blicas se conocieron ayer. El d¨¦ficit p¨²blico se ha disparado hasta el 11,4%, dos puntos por encima de la previsi¨®n del Gobierno. Este descontrol puede provocar dificultades de financiaci¨®n o refinanciaci¨®n de la deuda. Hay advertencias bien recientes, injustas pero notorias, de las agencias de calificaci¨®n de riesgos. No es casual que la prima de riesgo espa?ol est¨¦ rozando ya los 100 puntos b¨¢sicos.

La crisis prolongada del mercado laboral presiona intensamente sobre las finanzas p¨²blicas. La EPA del ¨²ltimo trimestre de 2009 confirm¨® que el a?o pasado se destruyeron 1.210.800 puestos de trabajo, el n¨²mero de parados aument¨® en 1.118.600 personas y el paro total afecta ya a 4.326.500 personas. No hay expectativas de una reducci¨®n significativa del desempleo en los pr¨®ximos tres a?os y, por tanto, el coste econ¨®mico y social de esta crisis -ya hay 1.220.000 hogares con todos sus miembros en paro- ser¨¢ muy elevado. La programaci¨®n p¨²blica debe prepararse para pagar los costes sociales de tasas de paro superiores al 11% al menos durante los pr¨®ximos ocho a?os.

Por tanto, el plan de recorte del gasto y la propuesta de reforma de las pensiones intentan convencer a los mercados de inversi¨®n, los que deben juzgar la calidad de la deuda espa?ola, de que el Gobierno har¨¢ cuanto est¨¦ en su mano para que Espa?a no sufra de los mismos males que Grecia.

Pero una cosa es que el viraje sea correcto -y es correcto-, si se mantienen las redes de protecci¨®n social, y otra muy distinta que sea cre¨ªble. La propuesta de los 67 a?os inicia un saludable debate sobre las condiciones para reforzar el sistema, pero exige adem¨¢s elevar de forma significativa el periodo de c¨¢lculo de pensiones y depende de un acuerdo dif¨ªcil con los agentes sociales. Sin mencionar el hecho de que ampliar la edad de jubilaci¨®n choca con la din¨¢mica de las empresas, que prefieren rotaciones m¨¢s r¨¢pidas para abaratar los costes. En el caso del plan de austeridad, el juicio queda en suspenso hasta que se conozca el plan de reestructuraci¨®n del gasto p¨²blico. Hoy, s¨®lo es una declaraci¨®n de intenciones -loable, en efecto-. Que ser¨ªa m¨¢s cre¨ªble si el Gobierno hubiese propuesto la supresi¨®n de funciones y funcionarios de las administraciones p¨²blicas, una congelaci¨®n total de los salarios p¨²blicos y la suspensi¨®n hasta tiempos mejores de ayudas sociales que no son tales, como los cheques-beb¨¦.