La alargada sombra del 14-D

El chaparr¨®n de rumores acerca de la depreciaci¨®n de la deuda espa?ola registrado en los mercados internacionales y las malas noticias difundidas durante las ¨²ltimas semanas sobre el ejercicio de 2009 (un desempleo del 18,8%, un d¨¦ficit del 11,4% y un crecimiento espectacular de la deuda p¨²blica en los ¨²ltimos dos a?os) han convencido al presidente del Gobierno de la necesidad de un viraje estrat¨¦gico de la pol¨ªtica econ¨®mica con mayor eficacia que mil sabios argumentos. El pasado s¨¢bado, Zapatero confirm¨® al Comit¨¦ Federal del PSOE su voluntad de impulsar un conjunto de propuestas capaces de servir de paraguas protector frente a las indeseadas consecuencias de malformaciones estructurales que aguardan desde hace a?os una reforma modernizadora.

Las reformas estructurales de Zapatero deber¨¢n recorrer todav¨ªa un largo camino

A diferencia de la terca sordera mostrada por el Gobierno ante cr¨ªticas formuladas previamente en el mismo sentido por el Banco de Espa?a y otras instituciones de ¨¢mbito nacional, los preocupantes diagn¨®sticos de los organismos internacionales y los riesgos de una rebaja de las calificaciones crediticias de las agencias de rating han tenido un efecto inmediato.

La ca¨ªda paulina del presidente Rodr¨ªguez Zapatero en el camino de Davos obedeci¨® presumiblemente a la urgencia de enviar se?ales tranquilizadoras a los mercados internacionales para desvincular la suerte de Espa?a de los graves problemas de Grecia.

Las reformas estructurales anunciadas por Rodr¨ªguez Zapatero -reducci¨®n del d¨¦ficit p¨²blico en 50.000 millones de euros de aqu¨ª a 2013, retraso en dos a?os de la edad de jubilaci¨®n, ampliaci¨®n del per¨ªodo de c¨®mputo para fijar las pensiones y modificaciones del mercado laboral- no han hecho sino iniciar un largo viaje hacia un destino final cuyo paradero a¨²n se desconoce.

El Gobierno, en efecto, afirma su voluntad de plantear esas propuestas de forma abierta a fin de poder negociarlas con sus interlocutores.

El ajuste trienal del gasto p¨²blico implicar¨¢ la necesidad de un reparto entre la Administraci¨®n central, por un lado, y las comunidades aut¨®nomas y los municipios, por otro. Las reformas referidas a la jubilaci¨®n y las pensiones ser¨¢n llevadas a la Comisi¨®n del Congreso sobre el Pacto de Toledo para su discusi¨®n y aprobaci¨®n. Las propuestas sobre la reforma del mercado laboral deber¨¢n ser negociadas en la mesa del di¨¢logo social con los sindicatos y la patronal antes de que el Parlamento se ocupe de conferir rango legal a los resultados.

No s¨®lo abundan los pasos intermedios: adem¨¢s, la buena voluntad de los interlocutores del Gobierno no est¨¢ asegurada. El calendario de los dos a?os pr¨®ximos incluye las elecciones catalanas, las auton¨®micas de r¨¦gimen ordinario y las municipales antes de que las generales cierren la legislatura en marzo de 2012. Las pol¨¦micas cuestiones sometidas a la concertaci¨®n de las dem¨¢s fuerzas pol¨ªticas son poco propicias para un entendimiento de los socialistas con los partidos nacionalistas y con los integrantes del Grupo Mixto del Congreso.

Pese a que la oferta de Zapatero recoge partes significativas de algunas de sus propuestas, es altamente probable que el Partido Popular se resista a partir peras con el PSOE en v¨ªsperas electorales y que incluso apele a los m¨¢s descarnados mensajes demag¨®gicos sobre empleo, gasto p¨²blico y jubilaci¨®n.

Las reacciones iniciales de Rajoy y de su portavoz econ¨®mico, Crist¨®bal Montoro, han marchado en esa c¨ªnica direcci¨®n. Y hasta Aznar aprovech¨® el revuelo para despotricar de Zapatero y remedar caricaturescamente la ret¨®rica de Churchill mediante el burdo m¨¦todo de invertir en forma de diatriba su elogio al comportamiento de los pilotos de la RAF en la Batalla de Inglaterra: "Nadie hizo tanto da?o en menos tiempo".

Zapatero marc¨® hasta ahora sus distancias con Felipe Gonz¨¢lez a trav¨¦s del diferente trato dado por los dos presidentes socialistas a las centrales sindicales. La huelga contra la reforma de las pensiones de 1985 y la huelga general del 14-D de 1988 -uno de cuyos objetivos fue el contrato laboral de inserci¨®n juvenil- han proyectado una larga sombra intimidatoria sobre la autonom¨ªa pol¨ªtica decisoria del presidente del Gobierno acerca de cuestiones conflictivas que pudieran poner en riesgo sus buenas relaciones con los secretarios generales de UGT y de CC OO.

No parece, sin embargo, que unas reformas de las pensiones y del mercado laboral merecedoras de tal nombre pudieran ser llevadas a cabo con ese desarmado estado de ¨¢nimo presidencial.