El Gobierno impugna el mecanismo sobre fusiones en vigor desde 1996
Pescanova pide a los empresarios de Vigo que apoyen la uni¨®n de las cajas
La Lei de Caixas no incluye las fusiones entre las decisiones que las asambleas de las cajas deben adoptar con una mayor¨ªa reforzada. No modifica la ley anterior, de 1996, que establece una asistencia m¨ªnima de dos tercios de los consejeros y el voto favorable de la mitad m¨¢s uno. Y ese sistema incumple claramente la ley estatal, de 1988, que requiere la asistencia de m¨¢s de la mitad de los consejeros y el voto favorable de dos tercios. Pero en 1996 el PP presid¨ªa el Gobierno gallego y el central, y han tenido que pasar 14 a?os para que el Ejecutivo reparara en la contradicci¨®n.
La conselleira de Facenda, Marta Fern¨¢ndez Curr¨¢s, sali¨® ayer en defensa de la constitucionalidad de la ley gallega, ante el anuncio del Gobierno de que promover¨¢ un recurso que paralizar¨¢ la entrada en vigor de la nueva norma. Para Curr¨¢s, de los posibles art¨ªculos que puede recurrir el Ejecutivo, el relativo a las mayor¨ªas para aprobar la fusi¨®n es el m¨¢s "sorprendente", ya que los modelos de la ley del Estado, la LORCA, y los de la Lei de Caixas son "sim¨¦tricos". Pero en el previsible caso de una presencia de los 160 consejeros de una caja, con la primera se necesitar¨ªan 107 votos de la asamblea para aprobar la fusi¨®n, mientras que con la de Galicia bastar¨ªa con 81.
Feij¨®o atribuye al PSdeG la "lucha para que Galicia no tenga cajas"
Caballero impugna la ley ante el "elevado n¨²mero" de irregularidades
Pescanova, empresa participada por Caixa Galicia en un 20% y por Caixanova en un 5%, se pronunci¨® ayer, a trav¨¦s de dos de sus directivos, a favor de la fusi¨®n de ambas cajas en una reuni¨®n que el conselleiro de Econom¨ªa, Javier Guerra, mantuvo en la Confederaci¨®n de Empresarios de Pontevedra con unos 150 asociados. Ninguno atac¨® las tesis del conselleiro, al que reprocharon la "reacci¨®n tard¨ªa de la Xunta en facilitar informaci¨®n". El alcalde de Vigo, Abel Caballero, fue el blanco de todas las cr¨ªticas por sus planteamientos del problema como un ataque a Vigo.
La legislaci¨®n auton¨®mica sobre cajas incumple la ley estatal. No ya la nueva, como sostiene el Gobierno para justificar el recurso que ma?ana aprobar¨¢ el Consejo de Ministros, sino desde 1996, cuando el Parlamento de Galicia aprob¨® su primera normativa auton¨®mica, 11 a?os despu¨¦s de que entrara en vigor la ley estatal, la LORCA. Durante todo este tiempo, en el que se produjo en Galicia la fusi¨®n que dio lugar a Caixanova, Galicia ha mantenido en vigor un sistema de aprobaci¨®n de las fusiones por la mitad m¨¢s uno de los votos. La ley estatal establece taxativamente que deben apoyarla dos tercios de los consejeros.
La conselleira de Facenda, Marta Fern¨¢ndez Curr¨¢s, se declar¨® "sorprendida" por la intenci¨®n del Gobierno de recurrir este extremo, hasta el punto de considerar que se trata de un error. Pero lo cierto es que la LORCA establece la asistencia de la mayor¨ªa de los miembros de la asamblea de las cajas cuando se trate de aprobar una fusi¨®n, que debe contar con el apoyo de al menos dos tercios de los asistentes. La ley gallega de 1996 lo hace a la inversa: pide una asistencia m¨ªnima de dos tercios de los consejeros generales, pero basta con el apoyo de la mitad m¨¢s uno de ellos.
Para Curr¨¢s, son procedimientos "sim¨¦tricos", que no deber¨ªan alterar el n¨²mero de votos necesario para promover la fusi¨®n. Ese planteamiento es cierto s¨®lo en el caso de que se vaya a los m¨ªnimos de asistencia establecidos. Pero si asistieran todos los consejeros, como parece m¨¢s veros¨ªmil en el caso de aprobar una fusi¨®n, la aritm¨¦tica es muy distinta: con la LORCA en la mano se necesitan 107 votos de la asamblea a favor de la fusi¨®n. Con la ley gallega, bastar¨ªan 81.
Otra cosa es que el Gobierno pueda recurrir este sistema. La Lei de Caixas, que es un texto refundido, relata un listado de asuntos que requieren mayor¨ªa reforzada, pero no incluye las fusiones, al interpretar que estas quedan reguladas por otro art¨ªculo de la ley del 96 que no se modifica. Entonces, con el PP en la Xunta y en el Gobierno, no se recurri¨®. El plazo para hacerlo venci¨® a los tres meses.
Curr¨¢s compareci¨® ayer ante los periodistas para defender la constitucionalidad de todos los puntos de la nueva ley de los que recela el Gobierno. Se trata, adem¨¢s de la mayor¨ªa necesaria para acordar una fusi¨®n, de la preceptiva autorizaci¨®n de la Xunta a fusiones fr¨ªas o SIP, de la renovaci¨®n parcial de los ¨®rganos de gobierno de las cajas, de la doble representaci¨®n del Parlamento en el consejo de administraci¨®n, del car¨¢cter constitutivo del registro de altos cargos, del control por la Xunta de la obra social y de las situaciones de d¨¦ficit patrimonial.
El de los SIP es el asunto en el que los argumentos de la Xunta resultan m¨¢s s¨®lidos. Las leyes de Andaluc¨ªa, Castilla y Le¨®n y Madrid recogen mecanismos de control por la Asamblea, la Junta y la consejer¨ªa competente, respectivamente, sin que ninguno de los art¨ªculos correspondientes fuese recurrido por el Gobierno. La ley gallega, adem¨¢s, "limita la discrecionalidad" de la autorizaci¨®n, al vincularla "al cumplimiento de la finalidad financiera y social de Galicia".
El presidente de la Xunta, Alberto N¨²?ez Feij¨®o, mientras, critic¨® el recurso porque "no es un problema contra una ley", sino "una lucha para que Galicia no tenga cajas", que est¨¢ "auspiciada por el socialismo gallego". Feij¨®o confront¨® la voluntad de di¨¢logo de la Xunta con el del Gobierno, que "no quiere hablar". As¨ª, pidi¨® "ver qu¨¦ cosas est¨¢n en la ley de Galicia y no est¨¢n en otras leyes, como Catalu?a o Andaluc¨ªa, que no fueron recurridas". Adem¨¢s, el titular de la Xunta record¨® que est¨¢ en juego que las cajas "puedan tener una inyecci¨®n de liquidez" del fondo de reestructuraci¨®n bancaria. Sin ese dinero, Galicia "pierde sus entidades financieras", vaticin¨®.
El alcalde de Vigo, Abel Caballero, asegur¨® por su parte que presentar¨¢ "de forma inmediata" un recurso contra la ley, en la que encuentra "un elevado n¨²mero de causas de inconstitucionalidad". Adem¨¢s, denunci¨® que la normativa rebaja la representaci¨®n municipal en Caixanova de 19 a seis personas.
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