El Consejo de Estado da v¨ªa libre al recurso contra la Lei de Caixas

Las prisas de la Xunta del PP para promover la fusi¨®n de las dos cajas gallegas se han dado de bruces con el Consejo de Estado, que emiti¨® ayer un informe que ampara el recurso de inconstitucionalidad que hoy aprobar¨¢ el Consejo de Ministros contra la nueva ley de cajas de ahorro de Galicia. La impugnaci¨®n paralizar¨¢ la renovaci¨®n ya en marcha de los ¨®rganos de gobierno de Caixa Galicia y Caixanova, procedimiento con el que el presidente de la Xunta, Alberto N¨²?ez Feij¨®o, pretend¨ªa vencer la resistencia de esta ¨²ltima a la fusi¨®n.

Ante el rechazo a la integraci¨®n por parte de Caixanova, partidaria de permanecer sola o de proceder a una fusi¨®n fr¨ªa o SIP con cajas no gallegas, Feij¨®o sorprendi¨® el 24 de noviembre al apoyar una proposici¨®n de ley de cajas del BNG. Populares y nacionalistas sacaron adelante la nueva norma, rechazada por el PSOE, y que entr¨® en vigor en s¨®lo 42 d¨ªas, el 5 de enero. La ley iba a suponer la renovaci¨®n en dos meses del 75% de los ¨®rganos de gobierno de las cajas. Pero el Consejo de Estado considera que hasta 10 de sus preceptos presentan "fundamentos jur¨ªdicos suficientes para la interposici¨®n de recurso de inconstitucionalidad".

El an¨¢lisis del Consejo, aprobado por unanimidad de los nueve miembros de su comisi¨®n permanente, suscribe uno por uno los argumentos del Gobierno sobre invasi¨®n de competencias, todos ellos contestados a su vez por un contrainforme presentado el mi¨¦rcoles por la conselleira de Facenda, Marta Fern¨¢ndez Curr¨¢s. Entre los art¨ªculos del recurso que hoy anunciar¨¢ el Gobierno est¨¢ la aprobaci¨®n de fusiones sin una mayor¨ªa reforzada de la asamblea, frente al apoyo de dos tercios que establece la ley estatal. Tambi¨¦n rechaza el Consejo de Estado la competencia que se atribuye la Xunta para autorizar un SIP, el control auton¨®mico sobre la obra social o las cuotas de participaci¨®n del Parlamento en los ¨®rganos directivos.A las urgencias de la Xunta ha respondido el Gobierno tambi¨¦n con urgencias, ya que el dictamen del Consejo de Estado se ha elaborado en s¨®lo cuatro d¨ªas. En su petici¨®n de informe, el Gobierno justifica la premura "en el brev¨ªsimo plazo" dispuesto en la ley gallega "para la renovaci¨®n y adaptaci¨®n de los ¨®rganos de gobierno de las cajas", reducido a dos meses. El Ejecutivo pretende as¨ª "evitar graves perjuicios derivados de la aplicaci¨®n de sus previsiones".

La suspensi¨®n de la ley frustra en la pr¨¢ctica la fusi¨®n, dado el estrecho margen de tiempo que resta para acudir a los fondos de reestructuraci¨®n bancaria. El Gobierno aprobar¨¢ hoy mismo la presentaci¨®n del recurso, que se har¨¢ efectivo de forma inmediata. El Tribunal Constitucional tendr¨¢ entonces un plazo de 15 d¨ªas para admitirlo o rechazarlo. De tramitarlo, la suspensi¨®n de la ley, y por tanto de la renovaci¨®n de sus ¨®rganos de gobierno, se efectuar¨¢ con car¨¢cter retroactivo desde el d¨ªa de la presentaci¨®n del recurso.

El dictamen, de 31 folios, fue aprobado con el voto favorable de los nueve miembros de la comisi¨®n permanente del Consejo de Estado, presididos por Francisco Rubio Llorente. La comisi¨®n, de perfil conservador, cuenta entre sus miembros con un ex presidente y un ex magistrado del Tribunal Constitucional, el ex ministro de UCD Landelino Lavilla y el ex portavoz en el Congreso de UCD y AP Miguel Herrero y Rodr¨ªguez de Mi?¨®n.

Respecto a la previa autorizaci¨®n por la Xunta de los SIP, el Consejo de Estado considera que "puede obstruir la finalidad primordial de favorecer la solvencia de las entidades". Tambi¨¦n rechaza que la Xunta deba autorizar las medidas que se adopten cuando una caja entra en una situaci¨®n de d¨¦ficit patrimonial, ya que es el Banco de Espa?a el ¨²nico garante de un inter¨¦s "supraauton¨®mico".

Hasta ah¨ª llegan los preceptos recurridos en materia de solvencia y naturaleza de las cajas. El resto son art¨ªculos y disposiciones sobre ¨®rganos de representaci¨®n, como el registro de altos cargos de las cajas, que deja de ser informativo para convertirse en constitutivo, lo que "contraviene el sistema de nombramientos, reelecciones y ceses" previsto en la norma b¨¢sica. Del 10% de participaci¨®n de entidades representativas de intereses colectivos en asamblea y consejo, s¨®lo la cuarta parte observan el principio de representaci¨®n territorial, seg¨²n el dictamen.

La comisi¨®n permanente ve asimismo "vicio de inconstitucionalidad" en la mayor¨ªa para aprobar fusiones de la mitad m¨¢s uno de miembros de la asamblea, omitiendo la mayor¨ªa cualificada de dos tercios que establece la ley estatal para este tipo de decisiones. Se trata "de un m¨ªnimo infranqueable que el legislador auton¨®mico s¨®lo puede regular para reforzar, pero no para debilitar o reducir sus exigencias", precisa el dictamen. En este punto, recuerda sendas sentencias del Tribunal Constitucional contra las leyes de Canarias y Arag¨®n por el mismo motivo.

El informe aprecia "motivos para su impugnaci¨®n constitucional" en la determinaci¨®n de que s¨®lo el Parlamento gallego pueda tener m¨¢s de un representante en el consejo de administraci¨®n de una caja, ya que en la norma b¨¢sica "no se halla la prohibici¨®n de que haya m¨¢s de un representante" de otras instituciones.

El dictamen tacha de "injerencia del Gobierno aut¨®nomo" la atribuci¨®n a la conseller¨ªa de la autorizaci¨®n de acuerdos presupuestarios para el ejercicio en curso, nuevas obras sociales y liquidaci¨®n del a?o anterior, ya que todo ello se atribuye en la ley estatal a la asamblea general. La misma consideraci¨®n se hace respecto al informe previo de la conseller¨ªa para cualquier proyecto de obra social que exceda los 500.000 euros. La ¨²ltima de las objeciones tiene que ver con la urgente renovaci¨®n en dos mitades de los ¨®rganos de gobierno de las cajas, en unas condiciones que no cumplen las garant¨ªas de "estabilidad y eficacia".

El conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, envi¨® ayer un fax al ministro de Pol¨ªtica Territorial, Manuel Chaves, en protesta por la falta de informaci¨®n oficial de la Xunta respecto del dictamen. En los ¨²ltimos d¨ªas, la Xunta tambi¨¦n se quej¨® oficialmente por no haber recibido el informe del Gobierno que origin¨® la intervenci¨®n del Consejo de Estado.