"Hay dependientes que son rehenes de la batalla pol¨ªtica"

Es el hombre que ha sacado los colores a las comunidades aut¨®nomas que suspenden en su aplicaci¨®n de la Ley de Dependencia. Jos¨¦ Manuel Ram¨ªrez (Villanueva de Huerva, Zaragoza, 1962) preside la Asociaci¨®n Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, un privilegiado observatorio que eval¨²a el desarrollo de la ley en cada regi¨®n y pone nota: el examen m¨¢s temido por los responsables auton¨®micos de la Dependencia. En la actualidad es director t¨¦cnico de un organismo municipal de atenci¨®n a drogodependientes en Marbella, pero en los ochenta particip¨® en los gobiernos que pusieron en marcha los servicios sociales en Espa?a. Hoy lamenta que "se especule con el sufrimiento de las personas m¨¢s necesitadas" con el fin ¨²nico de batallar en la arena pol¨ªtica.

"La financiaci¨®n es igual para todas las comunidades. No valen excusas"

Pregunta. ?Cu¨¢l es su resumen de la aplicaci¨®n de la Ley de Dependencia, tres a?os despu¨¦s de su entrada en vigor?

Respuesta. Esta ley supone el mayor avance en protecci¨®n social en la ¨²ltima d¨¦cada. M¨¢s de medio mill¨®n de personas ya reciben alguna prestaci¨®n, si bien es verdad que otras 250.000 que tienen ese derecho reconocido a¨²n esperan.

En algunos territorios s¨ª se puede decir que los dependientes han mejorado respecto a 2006. Pero la ley ha puesto de manifiesto las carencias del sistema de servicios sociales y c¨®mo algunos territorios han errado al aplicarla o, simplemente, no la han desarrollado.

P. Hay enormes diferencias entre unas y otras. ?A qu¨¦ las achaca? Se habl¨® de boicot por parte de algunas comunidades.

R. Resulta muy preocupante constatar que una tercera parte de la poblaci¨®n espa?ola vive en comunidades en las que existe una falta de voluntad institucional para implantar el sistema, por lo que sus ciudadanos no pueden beneficiarse a¨²n de prestaciones que ya son una realidad en el resto. En Canarias, Valencia, Madrid, Baleares y Murcia, es donde se vive esta cruda realidad. Ning¨²n desacuerdo pol¨ªtico puede utilizar como rehenes a los ciudadanos m¨¢s vulnerables, y los hay, rehenes de la batalla pol¨ªtica. No se puede especular con el sufrimiento de las personas m¨¢s necesitadas. Es una cuesti¨®n de dignidad humana, ante la que no debemos callar ni limitarnos a se?alar discrepancias de modelo.

P. Las comunidades se quejan de falta de financiaci¨®n y de un calendario de aplicaci¨®n muy estrecho.

R. La financiaci¨®n y el calendario son iguales para todas, por lo que no caben las excusas de mal estudiante. No queremos creer que se haya tratado de un boicot por razones pol¨ªticas o partidistas, pero s¨ª se evidencia una preocupante falta de creencia en el sistema p¨²blico de servicios sociales en algunas regiones.

P. Ustedes denuncian que hay comunidades que no s¨®lo no ponen el dinero debido sino que reciben del Estado m¨¢s de lo que gastan en Dependencia.

R. Hicimos una estimaci¨®n de los gastos que asume cada comunidad s¨®lo en la parte de los servicios y las prestaciones econ¨®micas. Y las disparidades de esfuerzo presupuestario entre unas y otras son clar¨ªsimas. Algunas se han limitado a recibir fondos del Estado para abonar parte de lo que ya se ven¨ªa prestando en esos territorios. La financiaci¨®n de la Dependencia no es tanto un problema de dinero como de reparto y control de los fondos. La financiaci¨®n debe estar ligada al derecho reconocido a cada dependiente y al coste del servicio que se le presta. En ning¨²n caso se puede tomar como una financiaci¨®n territorial indefinida para asuntos inespec¨ªficos.

P. Un informe de la Agencia de evaluaci¨®n del Gobierno recomendaba al Ministerio, ahora de Sanidad y Pol¨ªtica Social, ir a los tribunales contra aquellas autonom¨ªas que no aplicaban la ley.

R. El informe de esa agencia -que, por cierto, es muy bueno- no hac¨ªa sino significar que en un sistema tan complejo como el de la Dependencia, con un novedoso ¨®rgano en el que participan todas las comunidades, es normal que se busquen los consensos, pero de ninguna manera que se permitan incumplimientos de la ley.

P. ?Est¨¢ diciendo que las comunidades y el Gobierno se tapan las verg¨¹enzas entre ellos?

R. Digamos que los apresurados plazos de implantaci¨®n de la ley y la complejidad de los sistemas auton¨®micos, s¨ª generaron una cierta comprensi¨®n mutua entre las administraciones al inicio. Pero esta pol¨ªtica de paz permanente tiene que tener su l¨ªmite cuando -transcurridos tres a?os- hay una dejadez evidente por parte de algunos dirigentes. Cada mes, los datos oficiales destapan las verg¨¹enzas de esas cuatro o cinco comunidades en las que los porcentajes de atenci¨®n al dependiente llegan a ser seis veces inferiores entre unas y otras. Canarias y Madrid tienen el porcentaje m¨¢s bajo.

P. Y tiempos de espera excesivos, de casi dos a?os, hasta que el ciudadano recibe una ayuda.

R. La tramitaci¨®n administrativa debe servir de garant¨ªa para los administrados y no para la Administraci¨®n. Los sistemas de protecci¨®n social no pueden entregar las ayudas bas¨¢ndose en resoluciones administrativas. ?Se imagina que una intervenci¨®n quir¨²rgica o una receta m¨¦dica precisasen de un decreto de la autoridad competente?

P. En ocasiones han denunciado que la Ley de Dependencia esta desfondando los servicios sociales de siempre.

R. Estamos analiz¨¢ndolo y a¨²n es pronto para afirmar algo rotundo. Siempre nos opondremos a que las pol¨ªticas sociales se dirijan ¨²nicamente a la Dependencia.

P. ?Se f¨ªa de los datos oficiales que ofrecen las comunidades? Algunos son raros.

R. Tengo que confiar en que son buenos. La financiaci¨®n de la ley depende de ellos. Si se manipulan ser¨ªa un fraude econ¨®mico.

P. Su asociaci¨®n, con representaci¨®n en toda Espa?a, es temida por sus informes sobre Dependencia. Ustedes dicen que est¨¢n sufriendo presiones, obligados a callar, a no mencionar nombres.

R. Nuestra asociaci¨®n no est¨¢ sometida a ning¨²n criterio pol¨ªtico ni est¨¢ financiada por nadie, lo que nos da absoluta libertad para debatir y opinar desde hace m¨¢s de 15 a?os. Nuestros dict¨¢menes sobre la ley han provocado algunas reacciones poco elegantes por parte de ciertos responsables pol¨ªticos y es cierto que en los ¨²ltimos tiempos algunos de nosotros hemos empezado a percibir presiones personales en nuestro entorno m¨¢s inmediato. Siempre hemos estado abiertos al di¨¢logo con todos y quien adopte posturas beligerantes y act¨²e intentando influir en nuestras opiniones se equivoca de estrategia.