La agenda oculta de la negociaci¨®n

La solemnidad de La Moncloa ha coloreado el prisma desde el que los agentes sociales observan al Gobierno. Los recelos de empresarios y sindicatos a que el Ejecutivo mostrara sus cartas de reforma laboral se disiparon tras un par de horas de charla con el presidente el pasado viernes. Tanto CEOE como UGT y Comisiones Obreras salieron del encuentro satisfechos con el documento que guiar¨¢ los cambios laborales. M¨¢s que m¨¦rito del presidente, la buena actitud de los agentes sociales obedece a la vaguedad del texto entregado.

Pero esas consideraciones tan gen¨¦ricas encierran puntos de fricci¨®n que emerger¨¢n en cuanto los negociadores arranquen el di¨¢logo. El m¨¢s evidente, por la ins¨®lita claridad con la que aparece en el texto, se refiere a la contrataci¨®n temporal. El Gobierno aboga por encarecerla, y no s¨®lo aumentando la cotizaci¨®n o la indemnizaci¨®n que se abona al finalizar el contrato, sino de una forma hasta ahora desconocida: trasladando a las empresas m¨¢s aficionadas a la temporalidad los costes del desempleo que sus trabajadores generan. Esta medida recibir¨¢ el aplauso de los sindicatos, pero no el de la patronal, reacia a incrementar los costes asociados a cualquier contrataci¨®n. Tampoco gustar¨¢ a la CEOE que se endurezcan los motivos por los que una empresa puede recurrir a un empleo temporal (en la pr¨¢ctica no hay que justificarlos).

El punto de fricci¨®n m¨¢s claro es la idea de encarecer el contrato temporal

El enfado de los sindicatos vendr¨¢ por la que constituye la principal novedad de este proceso: la ampliaci¨®n del contrato indefinido con despido m¨¢s barato. Constatado el "escaso uso" de esta modalidad -33 d¨ªas por a?o trabajado de indemnizaci¨®n frente a los 45 ordinarios-, el Ejecutivo se inclina por ampliarlo. El planteamiento resulta espinoso, pues ese contrato ya cubre a j¨®venes, mujeres, parados de larga duraci¨®n, con cargas familiares, trabajadores mayores de 45 a?os y discapacitados. En realidad, casi el ¨²nico colectivo excluido son los hombres de 31 a 44 a?os, por lo que extenderlo supondr¨ªa generalizar ese contrato indefinido.

Hay otra referencia m¨¢s difusa al despido que amenaza tambi¨¦n con disgustar a los sindicatos. Se trata de la pretensi¨®n de regular mejor el despido por causas econ¨®micas, que tiene una indemnizaci¨®n de 20 d¨ªas por a?o trabajado. Bajo esa intenci¨®n subyace el hecho de que muchas veces las empresas reconocen un despido como improcedente aunque haya razones econ¨®micas que lo respalden, porque el proceso es tedioso y prefieren ahorr¨¢rselo. La patronal aprobar¨ªa un paso en esta l¨ªnea, pero sin dificultar la f¨®rmula de despido f¨¢cil consistente en depositar la indemnizaci¨®n al trabajador y olvidarse del proceso judicial.

CC OO y UGT opondr¨¢n parecida resistencia a la intenci¨®n del Gobierno de allanar el terreno a las empresas de trabajo temporal, que ahora tienen vedado el acceso al sector p¨²blico y a la construcci¨®n. Tambi¨¦n a que ¨¦stas u otras agencias privadas intermedien en los contratos fijos, algo hasta ahora reservado a los servicios p¨²blicos de empleo, que se muestran ineficaces en esa labor.

Aunque todas las partes est¨¢n de acuerdo en reordenarlas, la reforma de las bonificaciones soliviantar¨¢ a la CEOE. Porque el documento admite que las "restricciones presupuestarias obligan a un dise?o m¨¢s eficiente", lo que invita a pensar en un recorte de esos 3.000 millones de euros que anualmente reciben las empresas por contratar. El Ejecutivo pretende concentrar las ayudas, ahora generalizadas, en j¨®venes, discapacitados y v¨ªctimas de la violencia machista. Los empresarios rechazar¨¢n perder dinero, especialmente en momentos de apuro. La capacidad del Ejecutivo para casar las cesiones de unos con las victorias de otros determinar¨¢ el ¨¦xito del di¨¢logo social.